Antes de lanzarse a la piscina de la EDL

Publicado en Página Siete (digital) y otros medios nacionales el 27/5/2023

En medio de un injustificado secretismo, el gobierno ha avalado un convenio entre el consorcio chino CBC y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Ese secretismo puede ser atribuido a una falta de transparencia en los negocios del Estado o, peor aún, a una carencia de comprensión cabal de la tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL). Sólo se ha informado al “dueño” de los recursos minerales que CBC, con una inversión de 1.000 M$, producirá unas 50 mil Ton/año de carbonato de litio (desde 2025), extrayendo el litio de salmueras de los dos principales salares (Uyuni y Coipasa),

La EDL busca revertir, en tiempo, eficiencia y éxito, el fiasco de 800 M$ despilfarrados sin lograr obtener un gramo de carbonato de litio “calidad batería”, mediante la evaporación solar. La EDL, en términos simples, es un proceso mediante el cual se introduce el “chancho” (las sales húmedas) y se obtiene los “chorizos” (carbonato de litio) listos para la venta. Sin embargo, como en el ejemplo, hay que criar el chancho antes del proceso y comercializar los chorizos después; o sea, para cuantificar costos y beneficios, debe analizarse el proceso integral.

Un reciente artículo publicado en Nature Reviews Enviromental impact of direct lithium extraction from brines, de María L. Vera y otros investigadores argentinos, revisa más de 170 papers científicos relacionados con la extracción del litio y proporciona un excelente “estado del arte” del tema. A continuación, intentaré sintetizar cualitativamente esas 17 páginas, enfatizando algunas conclusiones generales para luego aplicar los resultados al caso boliviano.

La tecnología EDL comprende seis métodos, cinco químicos y uno físico, que comparten características generales como: 1) solo un 30% de las pruebas han sido realizadas con salmueras reales y ninguna a escala industrial; 2) los elevados requerimientos, en las varias etapas del proceso, de agua dulce, de productos químicos y de energía y el tratamiento de los residuos de las salmueras varían de un salar a otro, debido a los diferentes entornos climatológicos y a la distinta composición de las salmueras; 3) la EDL debe ser evaluada como un proceso integral, que va desde el bombeo de las salmueras a la comercialización de los productos refinados, pasando por el proceso de industrialización e incluyendo los impactos ambientales; 4) la EDL no se limita a la extracción de litio sino de otros compuestos presentes en las salmueras (potasio, sodio, magnesio, boro).

En el caso específico de Uyuni, el artículo sugiere que, ANTES de emprender el proceso EDL, debido también a las conocidas desventajas que presenta ese salar en cuanto a composición e impurezas (altos porcentajes de magnesio): (a) se cuantifique los volúmenes requeridos de agua dulce y sus fuentes locales (número y ubicación de pozos); (b) se estime en todo el proceso, según el tipo de EDL, cantidad y fuentes de energía (¿solar y gas?); (c) se cuantifiquen los otros recursos minerales, con base en la certificación de las reservas; (d) se realice el monitoreo ambiental pre y post EDL, mediante series de tiempo largas y precisas de las variables climatológicas del sistema; (e) se tenga un plan de tratamiento de los residuos y se evalúe su impacto ambiental.

En suma, antes de lanzarse a la piscina, construyendo plantas, es necesario comprobar la sostenibilidad del proceso. Eso implica tomar datos y realizar test “in loco” y no sólo en laboratorio; tener un plan de negocio que permita, aplicando la economía circular, salir del mero extractivismo y, hecho no menor, distraernos menos con porcentajes de regalías, y abocarnos más a lograr una participación en los eslabones más lucrativos de la cadena del litio.

Ahora que tenemos… ¡bien lo gastaremos!

Publicado en Página Siete (digital) y otros medios el 13/05/2023

Gracias a la ley del oro, hasta la mitad de los lingotes del BCB puede ser canjeada por unos 1500 M$ que esperan ser gastados o invertidos. De ahí el título de esta columna, que parafrasea una popular canción del gran Papirri.

Una pista la da el discurso, más carismático que sólido, de mitad de gestión del presidente Luis Arce: proveer de billetes verdes al BCB para capear la actual efervescencia cambiaria. O sea, se fortalecerá el tipo de cambio fijo y habrá divisas (¿suficientes?) para importar insumos, medicamentos y bienes de capitales, con el fin de que la economía no se detenga.

Sin embargo, se sabe que todo ese oro monetizado no será suficiente para la transfusión que necesita el TGN por la hemorragia del subsidio a los combustibles sólo para el presente año 2023. De modo que, hasta diciembre, se habrá esfumado la mitad de las reservas de oro sólo para seguir importando caro diésel y gasolina y venderlos barato.

Nadie, en sus cabales, dudaría un instante en cortar de raíz la fuente de ese entuerto financiero, si no fuera por las consecuencias políticas y sociales de un “gasolinazo”. Se supone que “el pueblo” no aguantaría un incremento del precio del pan y del transporte y tampoco el desengaño del “modelo”. Por ende, se volcaría a las calles, poniendo en riesgo la sobrevivencia del gobierno.

Sin embargo, ¿es realmente así? Que yo recuerde, ningún gobierno ha caído por un gasolinazo. Los últimos dos, el del 2004 y del 2010, provocaron rechazo, como no podía ser diversamente, pero el primero pasó a ser acatado gracias a la labor pedagógica y mediática del entonces presidente, mientras el segundo fue raudamente anulado a las pocas horas, ante el miedo a la furia de la gente, particularmente de El Alto, sin que se lograra revertir el súbito incremento de precios. Una vez más, ¡la política zarandeando a la economía!

Pues, si se acepta que el miedo de un gobierno a sus electores no justifica eludir responsabilidades, queda el “coco” de una hiperinflación al estilo UDP. De hecho, la baja inflación de los últimos años es el caballo de batalla del “modelo”, aunque ese caballo devore miles de millones de dólares en subsidios perversos, de manera que un incremento sustantivo de la inflación revelaría las limitaciones teóricas y prácticas de sus ideólogos.

En mi opinión, el fantasma de la inflación no es real si se considera los cambios en el consumo de la energía ocurridos desde el 2010 a la fecha. Por ejemplo, hoy casi todos los hornos panaderos funcionan con gas natural, lo mismo que la mayoría del parque automotor del servicio público. Consecuentemente, la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina incidiría mínimamente en el costo del pan y del transporte, los dos ítems básicos que suelen disparar la inflación e impactar en las clases populares. En todo caso, los eventuales incrementos en el costo de vida deben ser compensados salarialmente.

En consecuencia, el ajuste a los combustibles líquidos no debería aplicarse a las tarifas del gas natural ni de la electricidad. Si bien es cierto que estamos viviendo el fin del ciclo del gas -y no van a ser pozos como el YOP X-1 quienes lo reviertan- no es menos cierto que tenemos aún suficiente gas para el mercado interno en condición de respaldar la medida sugerida.

Posteriormente, una vez estabilizado el costo de los combustibles líquidos mediante bandas de precios, se puede ir ajustando gradualmente las tarifas del gas en el mercado interno hasta nivelarlo a las otras fuentes renovables (hidro, solar y eólica).

No obstante, me temo que el gobierno seguirá priorizando la política (sostener el “modelo” y llegar sin sobresaltos al 2025), en desmedro de la economía y del futuro del país.

La madre de todos los desbarajustes

Publicado en Página Siete (edición digital del sábado) y otros medios nacionales el 29/04/2023

El exorbitante subsidio al consumo de la energía -más que la falta de dólares- es, en la actual coyuntura, la madre de todos los trastornos de la economía boliviana.

No niego que, circunstancial y temporalmente, los subsidios son un gran amortiguador social, un freno a la inflación y un estimulante del consumo, sin embargo, en la situación actual de la economía boliviana, los efectos perversos de mantener vigente el subsidio ciego y descontrolado a la energía son tan impactantes como los efectos virtuosos de quitarlo.

Las consecuencias de mantener el subsidio son conocidas. En primer lugar la erosión de las reservas monetarias: 1700 M$ se han evaporado el año 2022; un monto que se acerca a toda la renta gasífera y que, además, sigue creciendo. Es la insostenibilidad que no se revertirá ni con todo el oro amazónico.

Otra consecuencia es el contrabando, a diferente escala, debido a la tentadora brecha de precios con los países limítrofes. Ni qué decir de la desviación del diésel a actividades ilegales e ilícitas: ¡Una empresa pública subsidiando al crimen!

A causa del subsidio no se cobran impuestos como el IEHD a los combustibles importados; se estimula un consumo irracional de la gasolina; se imposibilitan nuevas inversiones en exploración de hidrocarburos, especialmente petróleo, y se pone en entredicho la continuidad de los bonos sociales comprometidos con la descapitalización de las empresas públicas.

Además, el subsidio distorsiona el costo de la electricidad generada con fuentes renovables; desvía hacia nichos del mercado interno volúmenes de gas que bien podrían exportarse, aportando más divisas al país y a las regiones, y mantiene el tipo de cambio del dólar bajo presión.

Sobre todo, la vigencia del subsidio posterga la necesaria y urgente Transición Energética, que es la respuesta estructural al fin del ciclo energético del gas.

Sin llegar a “udepezar” la economía, si se quitara el subsidio, en la forma, tiempos y compensaciones que el gobierno vea conveniente con el fin de minimizar el impacto en la inflación, los efectos virtuosos saltarían pronto a la vista, empezando por el ahorro de divisas y el sinceramiento del costo de la energía, un estimulador del ahorro y de la competencia entre diferentes fuentes de generación de la electricidad. Hasta los polémicos biocombustibles encontrarían su cabal lugar, sin subsidios y con transparencia.

Si la economía sigue creciendo, gracias al aporte de nuevos ciclos productivos (litio, oro, tierras raras, agroindustria), hará falta un nuevo ciclo energético para alimentarla. De hecho, con precios racionales de los combustibles (y cambios normativos que todos reclaman), se reactivaría la exploración de los hidrocarburos que aún quedan en el subsuelo.

Costos reales de la electricidad permitirían incrementar los volúmenes de exportación de gas e impulsar el desarrollo de “granjas energéticas” por doquier, principalmente solares y eco-hidroeléctricas.

Lo interesante es que, a diferencia del sector de los hidrocarburos, en el sector eléctrico la iniciativa privada, mixta e institucional puede suplir las limitaciones del Estado en cuanto a inversiones en generación, transporte e infraestructura, acudiendo al ahorro de los ciudadanos y a fondos verdes disponibles internacionalmente. Pensando sólo en la electromovilidad, es indudable que hace falta una gran alianza público-privada para desarrollar exitosamente esta nueva economía.

Finalmente, la eliminación del subsidio a la energía obligaría a plantear respuestas regionales a la seguridad energética, debido a las conocidas asimetrías que existen entre regiones en cuanto a fuentes de energía, y a planificar las inversiones necesarias para ese fin.

Si se eliminara el subsidio al consumo de la energía

Publicado en Página Siete (digital) y otros medios nacionales el 15/04/2023

Un expresidente, que no se resigna aún al rol de “ex”, ha definido el subsidio gubernamental a los combustibles como un cáncer que va carcomiendo el organismo financiero del país.

Sin embargo, ese personaje olvida que en los trece años de gobierno ocultó esa enfermedad gracias a los placebos de ingresos excepcionales por la exportación de gas y que, cuando intentó, con la venia del ministro de finanzas de entonces, aplicar una quimioterapia agresiva (el 27/12/ 2010), tuvo que recular para conservar la silla. Por eso, con una pizca de malicia, se podría especular que ese baño de cordura no es del todo desinteresado.

De todos modos, suponiendo que la insinuación de eliminar el subsidio a los combustibles fuera sincera, ¿qué impide hacer hoy lo que el MAS no pudo hacer hace 13 años?

Para empezar la eliminación del subsidio implicaría subir el precio de los combustibles líquidos a unos 9 Bs por litro, igual que el precio de venta (supuestamente sin subsidios) de YPFB a los vehículos con placa extranjera. Podría hacerse gradualmente y no de golpe, pero pienso que resulta menos traumático extirpar el cáncer con una sola cirugía que con múltiples intervenciones a distancia de meses. Tampoco funcionarían incrementos diferenciados y sectoriales, ya que esas medidas suelen incubar cadenas de corrupción difíciles de controlar.

En todo caso, la reacción popular no se haría esperar, por razones teóricas (la caída del mito del éxito del modelo “arcista”) y prácticas (el incremento de precios y la inflación). La gente protestaría por la subida del costo del transporte terrestre y aéreo, de personas y mercancías; por el nuevo precio del pan y otros bienes, en la proporción de la incidencia de los combustibles en su estructura de costos. Si el gobierno logra convencer a la población de la inevitabilidad de esa medida, asumiendo la parte de culpa que le corresponde, y si la oposición coadyuva a la paz social, la negociación girará en torno a compensaciones salariales o a bonos extraordinarios, para atenuar el impacto en las familias más vulnerables. Por cierto, perderíamos el récord de la inflación “más baja del mundo”; un récord, por otro lado, un tanto sospechoso como los de los varones “trans” que compiten en el atletismo femenino.

También los empresarios protestarían por el incremento de costo de sus productos, aunque su actitud no deja de ser contradictoria. De hecho, cuando se les recuerda que su actividad es subsidiada, replican que la incidencia de la energía en su estructura de costos es mínima; pero, ante un incremento de combustibles, suelen elevar el grito al cielo por el impacto desorbitante que eso representa, como sucedió cuando el último incremento del diésel los años 2004-2005.

Por otro lado, si la medida fuera universal, o sea si afectara a los costos de toda la energía, incluso del gas en el mercado interno, subirían también las tarifas de la electricidad generada de fuentes fósiles. Serían buenas noticias para las energías renovables, especialmente no convencionales (solar y eólica), en la medida en que su estructura de costos se vea afectada solo mínimamente por el incremento de los combustibles y se den las condiciones para atraer inversiones constructivas privadas en el sector energético.

Todo eso sucedería en el mundo real “si se eliminara el subsidio”.

Sin embargo, en su última entrevista el presidente Arce ha perfilado un mundo paralelo; uno en el cual su modelo funciona, donde el aceite manda freír a los subsidios, en el cual la paz en Ucrania trae de vuelta los dólares malgastados y en el que la “justicia” convierte la discrepancia y la crítica en miedo y cárcel.

Ya lo cantó el poeta: “¡Abandonad toda esperanza los que entráis!”

Ante una enfermedad terminal

Publicado en Página Siete (digital) y otros medios bolivianos el 18/03/2023

¿Qué hace una familia cuando descubre que uno de sus miembros tiene una enfermedad terminal y avizora problemas de diferente índole, que requieren decisiones difíciles? Mencionaré los desafíos más comunes.

La incredulidad sobre el diagnóstico, que suele asomarse, puede ser despejada con la opinión de otro especialista, incluso internacional, y por otros exámenes clínicos.

Viene después la indagación de las causas: que si fumaba, que si bebía, que si tenía una vida desordenada o demasiado sedentaria, que no se hizo chequear a tiempo por los médicos, y así.

Aparecen conflictos de comunicación y transparencia: qué y a quiénes comunicar la triste noticia, empezando por el paciente. Es una lucha de la verdad y la transparencia contra la privacidad y la prudencia. Son opciones que a veces llegan a dividir y enfrentar a los parientes.

Surgen retos económicos, especialmente si el enfermo solía aportar al sustento familiar. Disminuirán los ingresos y se incrementarán los gastos. Habrá que acudir al patrimonio familiar (si lo hay) o endeudarse y endeudar a la familia de hoy y de mañana.

Los fármacos agresivos no siempre son eficaces, tienen efectos colaterales y minan la calidad de vida del enfermo y de su entorno. El suministro de paliativos o placebos, o, incluso, de pócimas de la medicina popular, o la prueba de nuevas medicinas “milagrosas” puede ser otra causa de controversia, amén de cirugías mayores, prótesis o trasplantes.

Y, finalmente, no faltan discrepancias sobre el acompañamiento espiritual que suele dar al enfermo paz en la adversidad.

Todo lo anterior viene al caso como una metáfora de la enfermedad terminal que está sufriendo YPFB y el país. A partir de síntomas irrebatibles (caída de la producción, pérdida de mercados, déficit energético y financiero, hemorragia de divisas, subsidios ciegos y contrabando) hace tiempo se le ha diagnosticado una grave enfermedad: su envejecimiento precoz, fruto del fin del ciclo del gas. Hay unanimidad sobre la gravedad de la enfermedad, mas no en torno a su prolongación; se conoce las causas de esa enfermedad, pero no todos las admiten.

Existe un déficit de transparencia en el país: los que están a cargo del enfermo ocultan y manipulan datos e información; dizque para que los familiares “no sufran” o no reaccionen en contra de los que toman las decisiones, a veces irresponsables, a veces amparados en la genética heredada (la ley, la constitución, el “gobierno de facto”, los oceanógrafos, y así).

Una vez aceptado que estamos ante el fin de un ciclo económico (los ingresos excepcionales del gas) y de un ciclo energético (el superávit de combustibles) se buscan los remedios. Se propone remedios caseros (caros y paliativos, como los agrocombustibles o la importación de petróleo crudo); otros que califican como placebos (la industrialización “con hipo” o los estériles incentivos creados a costa del “sagrado” IDH). No faltan “nuevas medicinas” que, dizque, reemplazarán la merma de divisas del gas. Sin embargo, al poner la esperanza en un nuevo ciclo económico, no se debe olvidar de que el gas es protagonista también del ciclo energético que alimenta la economía del país.

El único tratamiento científico, recomendado por los expertos, es detener la hemorragia mediante una cirugía mayor, aun a costa de sufrir los inevitables y dolorosos efectos colaterales, para lo cual el paciente necesitará terapia del dolor, fisioterapia, solidaridad económica y afectiva de toda la familia y, sobre todo, la aceptación de una vida más sana, con menos gas y más energía renovable.   

Pero, eso implica convertirse, abandonar la arrogancia y el odio y construir un Plan, consensuado, de largo alcance y creíble por la población.

La sal en la ensalada no proporciona calorías

Publicada el 4 de marzo de 2023 en Página Siete (digital), y otros medios nacionales.

La historia económica de Bolivia está marcada por ciclos explotadores y exportadores de recursos naturales no renovables. Primero, durante más de tres siglos, fue la plata; el siglo XX vio el auge del estaño y, al terminar éste, se desarrolló a lo largo de unos 50 años (un período cada vez más corto) el ciclo de los hidrocarburos.

Cada uno de esos ciclos, mediante su aporte en divisas, contribuyó, en alguna medida, al desarrollo del país y produjo un salto cuantitativo y cualitativo en la economía boliviana, consolidando, al mismo tiempo, el sistema rentista, que mantiene el Estado.

Desafortunada y culpablemente, el ciclo del gas está llegando a su fin, de modo que es natural preguntarse cómo se sostendrá a futuro la economía del país. Mi percepción es que no habrá un ciclo dominante, sino ciclos menores que coexistirán: la agroindustria, la omnipresente minería (minerales tradicionales, oro y tierras raras) y, en especial, el litio. De hecho, las esperanzas de nuestros gobernantes están depositadas en la explotación de los salares que contienen recursos evaporíticos de clase mundial.

Sin embargo, ¡qué nadie se engañe!: no se trata solo de incentivar y cuidar ciclos económicos que garanticen los ingresos necesarios para el desarrollo del país (¡las proteínas). Se necesita, además, fuentes energéticas que alimenten y sostengan esos ciclos (¡las calorías!). Ni la agroindustria, ni la minería, ni el litio pertenecen a ciclos energéticos. Solo YPFB, “la fuerza que (podía haber) transforma(do) el país”, asegura, mediante los hidrocarburos, divisas y energía.

Para ser más específico, los agrocombustibles no son más que un parche, acotado y caro, para reemplazar un porcentaje poco relevante de los combustibles fósiles y tienen, además, el grave defecto de mantener subsidios ciegos y alentar la demanda, cuando de reducir y reemplazar la oferta se trata.

El litio, en contra de lo que reza un enorme valla colocada en el frontis del Campo Ferial de La Paz, no significa en absoluto “la industrialización de la energía del futuro”. Según una famosa expresión de Elon Musk, el litio es tan solo “la sal en la ensalada” porque representa un porcentaje ínfimo de una batería, en volumen, peso y valor monetario. Necesario, por supuesto, indispensable por ahora, ciertamente; pero ínfimo. Dicho sea de paso, mucho nos preocupamos por la soberanía de la extracción del litio, cuando su cadena de valor nos muestra que el factor multiplicador llega a veinte si logramos tener participación en la producción de baterías, acá o en la China, donde sea más conveniente.

En consecuencia, cabe preguntarse: ¿De dónde sacará Bolivia la energía necesaria para alimentar su economía, una vez que YPFB haya terminado de perder su potencia transformadora?

La respuesta está en el desarrollo de las fuentes renovables que Bolivia posee en abundancia; dos principalmente: el agua de la Cordillera Oriental y la radiación solar del Altiplano.

Ante el desafío de producir y garantizar (sin seguir importando) la energía necesaria para el desarrollo futuro, uno no puede dejar de recriminar el descuido de la exploración de hidrocarburos en los últimos años y el irresponsable retraso en diseñar y poner en marcha un plan de transición energética adecuado a la realidad del país.

Por último, el fin del ciclo del gas tiene también implicaciones políticas relevantes. El reemplazo del gas por la electricidad reducirá sensiblemente la renta que solía aportar el gas. De hecho, ya lo estamos sufriendo. Esto implica que el actual modelo de desarrollo estatista deberá adecuarse a los (menores) impuestos que le pueden aportar los otros ciclos económicos y ceder campo al capital privado como motor del desarrollo.

Capitalismo salvaje (de Estado)

Publicado en Página Siete (digital) y otros medios nacionales el 18/2/2023

Desde mi juventud he sentido una repulsión innata por el capitalismo “salvaje”, el que explota al hombre, le roba su salario, le niega sus derechos, le quita hasta la dignidad, corrompe a jueces y policías y desprecia la meritocracia en favor de los vínculos familiares o clientelares.

Con base en la doctrina social de la Iglesia, leída con ese filtro, y en textos insidiosos y asimilados acríticamente, como “Las venas abiertas de América Latina”, era natural inclinarse por sistemas políticos donde el Estado, y no el capital privado, es llamado a administrar la riqueza nacional en función del bien común. Y, sin embargo, ya un compañero de universidad me había advertido sobre la utopía del socialismo diciendo: “el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, mientras que el socialismo es lo contrario”.

Por cierto, las utopías se basan en falsos presupuestos; el principal es que los administradores, escogidos por los partidos ganadores de elecciones democráticas, sean competentes y comprometidos con el país. En la realidad, muchos tienen bien ganada la fama de mediocres y ladrones. Ricardo Lombardi, un viejo socialista italiano, afirmaba que en los años ’90 había más socialistas en la cárcel (por corruptos) que durante el régimen fascista (por opositores).

Las características del capitalismo salvaje se manifiestan incluso en gobiernos dizque “socialistas” por convertir a los servidores públicos en pongos, debido al trato autoritario y prepotente; por quitarles parte de su salario en favor del partido; por premiar lealtades y castigar críticas; por obligarlos a participar en manifestaciones partidarias a sus expensas, arriesgando su incolumidad, y a encubrir actos de corrupción. Se trata de un “capitalismo de Estado salvaje” que actúa con hipocresía, encubre su ineficiencia mediante monopolios y subvenciones y desprestigia a los genuinos regímenes socialistas y democráticos.

Por eso no sorprende que muchos gobiernos de sistemas capitalistas de Estado sean tildados de corruptos. Esto se debe a la educación (falta de valores para resistir las tentaciones), a la costumbre (todos lo hacen), a la obligación (por orden de arriba o del partido), al desprecio de la meritocracia en la función pública (la “universidad de la calle”). El efímero paso por un cargo público suele verse como una oportunidad para incrementar el patrimonio personal más que un servicio. Un famoso intelectual, invitado a inscribirse en uno de esos partidos, respondió: “¡No, gracias; soy rico de familia!”

En contrapartida hay que decir también que el Estado es ingrato con sus servidores, especialmente cuando éstos son perseguidos por la “justicia” una vez que dejan sus cargos. Por más honesto y aplicado que uno haya sido en su paso por la función pública, no es raro ser acusado como mínimo de “incumplimiento de deberes”. ¿Dejar los baños sin papel higiénico o eludir una interpelación congresal pueden imputarse como incumplimiento de deberes? Lamentablemente, la venganza y el escarnio prevalecen en los cambios de gobierno, sobre la gratitud y el reconocimiento público, sin que el exfuncionario tenga un sindicato o un “defensor del empleado público” que lo ampare.

En fin, me pregunto si el capitalismo de Estado del actual gobierno califica para la categoría de salvaje. Lo haría si discriminara a sus funcionarios con respecto a los de la empresa privada; si desconociera la estabilidad laboral y los beneficios sociales; si corrompiera a jueces y policías; si despreciara la meritocracia para llenar los cargos públicos; si censurara la corrupción solo cuando algunos de ellos se hacen “pillar”; si utilizara a los servidores públicos como pongos de su partido.

¿Lo hace?

La hora del “bipartisanismo”

Publicado en Página Siete (digital) y otros medios nacionales el sábado 4/02/2023

En ocasión de la partida del “Tata” Xavier Albó, moros y cristianos han tejido loas a la figura del ilustre jesuita. Y no era para menos, en vista de la huella que el antropólogo catalán ha dejado en la cultura, la Iglesia y la política bolivianas.

Sin embargo, las razones de esos homenajes difieren. Los opositores solo alaban a Albó por su valiente reproche a Evo y Álvaro cuando éstos pisotearon la voluntad del pueblo para entornillarse en el poder. Desde su orilla, los oficialistas admiran al P’ajla por su aporte a la construcción del Estado Plurinacional que el MAS, cual “anti-Midas” criollo, ha convertido en fuente de división y racismo al revés. Pocos, como Pedro Portugal, han criticado, con respeto, sus ideas sociológicas. En suma, el reconocimiento al Tata fue unánime, aunque por diferentes motivaciones.

Veo en eso un ejemplo del “bipartisanismo”, que es la convergencia de fuerzas partidarias opuestas en torno a objetivos comunes en beneficio del país.

En medio de la polarización suicida de la sociedad boliviana, me atrevo, constructivamente, a sugerir un camino bipartisan con miras a aprobar “políticas de Estado”. La “conversión” de la estrategia del enfrentamiento violento al bipartisanismo es una urgencia ante la gravedad de la crisis económica, judicial y moral que golpea al país.

Tomamos la justicia, lo peor de Bolivia para el mundo. No he escuchado a nadie oponerse abiertamente a una reforma estructural de la justicia; no solo de la modalidad de elección, sino de la selección meritocrática y ética de magistrados y jueces. Urge una revolución en la Fiscalía y en las facultades de Derecho (numerosas y mediocres en demasía).

La iniciativa de los juristas independientes merece el apoyo bipartisan, en lugar de las trabas que le ponen las instituciones del Estado. Ese referéndum podría incluso volverse superfluo si existiera la voluntad de llegar a consensos a partir de sus propuestas, sin volver al intolerable cuoteo.

En el campo económico, es evidente que el modelo vigente desde hace 18 años se hunde a falta de rentas excepcionales como las que proporcionó el gas. Las improrrogables medidas de ajuste demandan un acuerdo bipartisan, antes que ambiguos convenios chinos.

Del mismo modo, la imperiosa transición energética implica un horizonte de décadas y, por tanto, consensos que la blinden ante cambios de gobierno. Y lo propio podría decirse de la explotación del litio, para que Bolivia vuelva a ser un país que no espera condenas de tribunales internacionales para cumplir con sus compromisos.

Ahora bien, un camino bipartisan requiere de premisas mínimas aceptadas con honestidad por todas las partes. Entre ellas, la primacía de la Constitución y del sentido común sobre la ideología.

La ausencia de ambas condiciones salta a la vista en el caso de la infame sentencia constitucional 084/17, mediante la cual el TCP avaló que se violase la CPE con base en una interpretación peregrina de una norma supranacional, sin consultar previamente a los intérpretes autorizados. De hecho, aunque tardíamente, la Corte Interamericana de Justicia ha desautorizado esa sentencia; que, sin embargo, contra toda lógica, no ha sido expulsada de nuestro ordenamiento jurídico.

Un acuerdo bipartisan puede viabilizar juicios de responsabilidades justos y transparentes, que incluyan a TODOS los actores de los sucesos del interregno del año 2019, incluso a los que lanzaron la piedra y escondieron la mano en México.

En fin, con la CPE en la mano, la lógica en la mente y el bien común como meta, muchos trances actuales pueden encaminarse con el concurso de todos. Ese sería el mejor homenaje a una personalidad libre y esencialmente bipartisan como fue Xavier Albó.

Como náufragos en un océano de mentiras

Ante la proximidad de un tsunami económico-financiero, el ministro Marcelo Montenegro se ha sincerado con la prensa internacional destapando la gran mentira  con la que un impresentable exministro de Hidrocarburos, hecho al oceanógrafo, embaucó a la población y al gabinete de entonces, incluido al entonces ministro de Economía, hoy Presidente del Estado. Queda la duda: ¿se hicieron embaucar por ingenuos o por cómplices?

Y ya que estamos en vena de sinceramientos, el ministro podía haber mencionado otra gran mentira del entonces vicepresidente cuando, al crear un fondo de incentivos a la exploración con base en retenciones del IDH a sus beneficiarios, aseveró que por cada dólar “invertido” en ese fondo se recibirán hasta 8 dólares.  Nadie recibió nada, el Fondo se ha “estido”, pero se sigue descontando el IDH.

Para no hablar de la Gran Mentira Original, la de Evo Morales y sus acólitos de respetar el referéndum del 21F, que ha diseminado un cáncer agresivo en el cuerpo social y político de Bolivia desde hace cuatro años; o de la mentira del presente gobierno, al empezar su gestión, de empeñarse a cambiar la justicia, hasta caer en la cuenta de cuán útil es, para el poder, utilizar a su antojo jueces, fiscales, policías, leyes y la constitución. Por eso, dicho sea de paso, contribuiré con mi firma al éxito de la iniciativa ciudadana de los juristas independientes: ¡YO FIRMO!

Ni qué decir de las mentiras de los juicios internacionales perdidos, en La Haya y en los arbitrajes, que han costado dinero público y descrédito internacional; o de la cantaleta de que somos un país pacifista. ¡Basta ya de falsedades! Es evidente que no se trata de mentiras aisladas, sino de un régimen mentiroso, que suele sacrificar el bien común y la verdad sobre el altar del interés partidario para conservar el poder a como dé lugar.

Ahora bien, si no queremos hundirnos en ese océano de mentiras, hay que emprender algunas acciones urgentes.

En el sector energético, en particular, es necesario realizar un control de daños de la nacionalización, ante su fracaso “a mediano y largo plazo”, como se advirtió oportunamente y como acaba de confirmar una prestigiosa consultora. En efecto, Wood Mackenzie pronostica que, sin cambios estructurales, la producción de gas bajará de 40 (2022) a 11 MMmcd (2030), volumen insuficiente para el consumo interno. Cierto o no, el espectro de la importación de gas está en puertas.

Más allá de los parches, confusos y costosos, de los biocombustibles, la clave es retomar la exploración “en serio”, no con las quimeras del PGE de este año, como se ha analizado en medios de prensa especializados (LEA230113.pdf). Urgen cambios razonables en el régimen tributario, que podrían funcionar si se dejara de lado la ideología secante que sigue ofuscando a los responsables del sector.

Paralelamente, hay que encaminar “en serio” una transición energética que disminuya a tiempo la dependencia de las menguantes fuentes fósiles. Si no se lo hace aún es porque se le tiene miedo a la democratización de la energía y a la superación del rentismo, base de todo populismo paternalista. 

Otro gran sinceramiento del gobierno sería que reconozca la insostenibilidad del subsidio universal a los combustibles. Lo que debería quitarnos el sueño, además del gasto en divisas -siempre más escasas en el Banco Central y en YPFB- para la importación, es el impacto del subsidio.  El PGE-2023 prevé que, con el petróleo por los 80 $ el barril, el subsidio podría llegar a 1.250 M$, por encima de las reservas en divisas del BCB. Se trata de dinero dilapidado por el TGE y YPFB con el único fin de maquillar (manteniendo baja la inflación) las llagas de un modelo económico fracasado.

Publicado en Página Siete (digital), y otros medios bolivianos, el 21/01/2023

NOlala y SIlala

Publicado en Página Siete, y otros medios nacionales, el 10/12/2022

Nunca llegué hasta la región del Silala, pero puedo presumir que mi interacción con la problemática de esas aguas es de larga data.

El año 2009, con Gonzalo Mendieta, publicamos en el extinto Semanario PULSO, un ensayo sobre el alcance del “Preacuerdo del Silala”, todavía accesible pinchando en Radiografia_del_Preacuerdo.

Más recientemente, en víspera del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), los mismos autores anticipamos su análisis en el suplemento IDEAS de Página Siete, a disposición del lector en mi blog (Por-las-frias-aguas-del-silala).

Conocido el fallo, puede ser útil reflexionar sobre lo que NO hay que hacer y lo que SÍ se puede y debería hacerse en torno a esa temática, como complemento del análisis “racional y equitativo” de la sentencia que ha realizado G. Mendieta hace una semana en este mismo espacio.

La controversia del Silala nos enseña, en primer lugar, que NO hay que condicionar la política exterior a teorías anticientíficas, que luego obligan a dar volteretas vergonzosas. Informarse, estudiar, analizar y discernir todas las aristas del conflicto es siempre preferible a abrir la boca para lanzar bravuconadas.

En segundo lugar, ya es hora de que, como país del siglo XXI, digamos NO a ciertos mitos (“políticas de Estado”, les dicen) nacionalistas, provincianos y victimistas, en particular a la política del “todo o nada”, que nos ha dejado en general con nada.

En tercer lugar, NO hay que olvidar que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas del único pelo que nos ofrecen. Tuvimos una primera oportunidad en 2009 para negociar una solución favorable para el país y la dejamos escapar. Tuvimos, el año 2019, una segunda oportunidad de llegar a un arreglo extrajudicial sobre la base de una propuesta chilena que, aun en tono leonino, era susceptible de mejoras suficientes para ahorrarnos tiempo, dinero y papelones en la CIJ. Los tres gobiernos que se sucedieron entre junio de 2019 hasta la fecha de la sentencia tienen su parte de responsabilidad al respecto.

La verdad es que NO podemos seguir con la política de eludir los problemas sin aplicar la razón de Estado ante disensos locales y preferir, en su lugar, que “desde arriba” se nos diga qué hacer. La consigna de “gobernar obedeciendo” no es más que un conveniente eslogan al que se recurre cuando no se quiere obrar y soberanía es también asumir responsabilidades de gobierno sin refugiarse en dictámenes externos con la excusa de que son de “cumplimiento obligatorio”.

Vamos a lo que SÍ nos sugiere la controversia del Silala.

Tenemos más conflictos de aguas fronterizas en las dizque 14 cuencas hídricas que compartimos con Chile. Eso SÍ nos sugiere que creemos una instancia binacional para monitorear esos sistemas y proponer soluciones a los eventuales conflictos; la misma tarea de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (si funciona aún). Más que una DIREMAR, necesitamos una DIRERIOS.

Además, SÍ debemos abandonar la lógica binaria (amigo/enemigo) que suele guiar nuestras relaciones exteriores y que tanta vergüenza nos hace pasar en el ámbito internacional. De hecho, no solo con Chile tenemos problemas de ríos comunes: Perú, para abastecer a Tacna, ha desviado las aguas de un río (Uchusuma) que muere (textualmente) en Bolivia. Mi denuncia, Soberania_no rima_con_Cancilleria, publicada el año 2019, nunca fue respondida.

Finalmente, el fallo SÍ permite a Bolivia realizar, con la ayuda de científicos y expertos, un manejo racional de los bofedales del Silala y determinar el flujo “ideal” de la corriente de agua, bajo el principio de que la sostenibilidad de ese ecosistema hídrico está primero que el interés de los que especulan sobre su aprovechamiento.