La planta del biodiesel

Rudolph Christian Karl Diesel (1859-1913), fue un ingeniero alemán que nació, trabajó y murió en circunstancias trágicas en Francia. Diesel ha quedado inmortalizado por el invento de un motor ampliamente utilizado en maquinarias agrícolas, barcos y camiones. Curiosamente, el primer motor diésel funcionaba con un biocombustible, el aceite de palma para ser preciso, pronto reemplazado por un derivado del petróleo.

Esta historia me ha vuelto a la memoria al escuchar al candidato presidencial del MAS-IPSP, coloquialmente “Instrumento Político para Senadorar al Presunto…” (póngale la imputación que corresponde), anunciar la estrella de su programa de gobierno: “una planta de biodiesel”.

Es posible que algunos lectores, aturdidos por la polémica de los últimos días acerca de los milagros de la biotecnología, pensaran que la propuesta apuntaba a introducir el cultivo de una nueva planta, una soya genéticamente modificada, cuyo fruto contendría el aceitoso biodiesel. Hasta esperarían la publicación de una carta de aval a semejante avance científico de 100 participantes del rally Dakar, categoría camiones.

Al margen del chiste, la realidad es menos divertida y más preocupante. En honor a la verdad, la propuesta de la planta industrial de diésel, revelada en un foro electoral, es demasiado genérica, confusa y contradictoria para tomarla en serio. De hecho, apenas está mencionada en el programa de gobierno entregado al TSE.

Se me ocurren, por lo pronto, tres preguntas: ¿Quién construirá la planta y dónde? ¿De dónde saldrá la materia prima? ¿Dónde irá a parar el supuesto ahorro del subsidio al diésel reemplazado?

A falta de más información y con base en la triste realidad de los proyectos de “industrialización” (los celebrados elefantes azules) y en el delirio estatista de ese partido, es lícito suponer que será otra inversión del Estado, con préstamos del Banco Central que nunca se devolverán, máxime ahora que se acabó la bonanza de divisas. Podrían hacerlo los privados, como en el caso del etanol, pero eso le cuesta al usuario y al Estado. Además, por los antecedentes, es previsible que la ubicación sea en Achacachi u Orinoca.

La materia prima es la soya, un importante eslabón de la cadena alimenticia, cuyos cultivos obviamente se ampliarán presionando la frontera forestal, con todas las consecuencias ambientales que esa expansión implica, incluso el mayor consumo del diésel que se pretende reemplazar.

Finalmente, no hay que olvidar que el biodiesel es tan solo un aditivo del diésel fósil (hasta un 25% de acuerdo con la ley 1098), el cual, de todos modos, se seguirá importando, a un costo posiblemente menor que el biodiésel. La diferencia, y con eso respondo a la tercera interrogante, la pagan el usuario y YPFB mediante el subsidio que irá al productor a título de incentivo.

Es cierto que el problema del diésel requiere de soluciones urgentes, en vista del creciente e insostenible monto de divisas que se gasta en la importación; pero, antes de aventurarse en la producción masiva de biodiesel, habría que evaluar, entre todos los interesados, sus implicaciones técnicas, económicas y ambientales y explorar las alternativas más convenientes para el país. Una alternativa es también el biodiesel, como sucede en todo el mundo, si es comercializado en condiciones de competitividad y no impuesto coercitivamente, como el bioetanol.

Buscando ser propositivo, si el biodiesel es tan bueno y virtuoso como se pregona, ¿por qué no permitir, a manera de experimento, a los principales consumidores, los agroindustriales, invertir, producir y usar el biodiesel que requieren en sus maquinarias hasta el máximo porcentaje de aceites vegetales permitido por la ley 1098?   

Página Siete, 5 de septiembre de 2020

Poesía y prosa del etanol

Al mejor estilo del ministro “oceanógrafo” del MAS, hemos asistido días atrás a una recitación poética de las bondades de adicionar etanol a la gasolina que consumimos en Bolivia. La ocasión la proporcionó la entrega de la resolución RM 60/2020 del Ministerio de Hidrocarburos a los industriales azucareros, como parte del plan de reactivación del aparato productivo golpeado por las pandemias, la Covid19 y los bloqueos.

Esa poesía, que canta las consabidas virtudes técnicas, financieras y económicas del combustible etanol (faltó mencionar las espirituales), se estrella contra la árida prosa de la resolución de marras, la cual, más allá de los consuetos considerandos, tiene seis artículos (y disposiciones anexas) que con mucho esfuerzo pueden relacionarse con los vuelos pindáricos del ministro vate.

Por ejemplo, no hay rastro de los 120 millones de litros de etanol que YPFB se obligaría a comprar, adicionales a los que aceptó el MAS cuando tuvo que tragarse sus sapos pachamámicos, como aquel que “los alimentos son para los seres vivos y no para las máquinas”.

¿Qué determina, pues, la RM 60/2020? Reglamenta las especificaciones técnicas de la gasolina base a la cual se le mezcla el etanol para alcanzar un octanaje de por lo menos 87 (RON 87). Traducido en facilito: se abre la puerta para que el aditivo etanol sea obligatorio en todo el territorio nacional y su porcentaje en un litro de gasolina suba al 12%, 50% más del que rige actualmente para la Gasolina Especial Plus (+), incrementando el riesgo para el motor.

La resolución de marras tiene fallas de forma, como la modificación de un párrafo inexistente del artículo 3 de una resolución anterior (la 045-19); pero, sobre todo, tiene serios cuestionamientos políticos y económicos.

En lo político, en la panza del caballo de las especificaciones técnicas se esconde una decisión de política energética que no le atañe a un gobierno transitorio, en puerta de elecciones generales inamovibles. Se critica, con toda razón, las leyes insanas que está produciendo como marraquetas la Asamblea Legislativa Plurinacional, gracias a una mayoría masista de dos tercios que no refleja en absoluto al país actual. Sin embargo, el Gobierno actúa, a su vez, como si estuviera empezando una gestión de cinco años. De hecho, el tema del combustible etanol está respaldado por leyes, decretos y resoluciones que han producido un fracaso tras otro y que ameritan una profunda evaluación antes de reincidir en aventuras que solo perjudican al maltrecho YPFB.

Desde lo económico, el cuestionamiento mayor es: ¿Es este el mejor momento para implementar esa norma, cuando las ventas de alcohol han subido a las estrellas, a causa de la pandemia?

Opino que la RM 060/2020 llega en el peor momento para ser emitida. En efecto, el consumo de gasolina ha caído a niveles mínimos, inferiores a la producción nacional, lo que descarta la necesidad de importar gasolina, con excepción de los aditivos necesarios para aumentar el octanaje de la gasolina base. Por tanto, el gasto en divisas es mínimo y sin compromisos, considerando también que el precio internacional del barril de petróleo sigue estancado en torno a los 40 $, lo mismo que pagan las refinerías por el condensado nacional. Consecuentemente el tan cacareado ahorro resulta también insignificante. Al contrario, si el costo del etanol para YPFB se mantiene en 0.52 Bs/l, como parece, estaríamos hablando de un subsidio millonario – destinado a crecer- que YPFB transfiere a los ingenios azucareros.

En fin, las dos graves limitaciones actuales de YPFB (insuficiente capacidad de almacenamiento y falta de músculos financieros) muestran cuán irracional y apurada es la resolución de marras.

Publicado en Página Siete, 22/08/2020

Pecados originales

Recien subo a mi blog mi más reciente columna

Soy un convencido de que la Biblia no sirve únicamente para ser expuesta en el Hall del Palacio de Gobierno o en un estante de libros, sino que debe guiar el discernimiento y el accionar del hombre de fe en toda circunstancia. Bajo ese principio, me parece oportuno reflexionar sobre los “pecados originales” de los últimos dos gobiernos; el del MAS, salido de las urnas, y el actual, fruto del azar de la Historia.

El gobierno del MAS nació legítimamente y fue instalado en el Jardín del poder por un respaldo popular inédito y con las condiciones de gozar de las maravillas recibidas. Sin embargo, incitado por la serpiente castro-chavista, empezó a codiciar el árbol del bien y del mal (el árbol prohibido del autoritarismo prorroguista), convencido de que, al comer de su fruto, tendría asegurado un poder único y perene.

Sin embargo, no fue así; comieron del árbol y, como consecuencia de este pecado original, llevaron la maldad a manifestarse en tres dimensiones. Pecaron contra Dios, fomentando el culto de un ídolo de barro, erigiéndole museos, carros y palacios y rindiéndole pleitesía con falsos títulos. Pecaron contra los hermanos, asesinando, provocando muertes, persiguiendo injustamente y robando desde millones hasta champús. Asimismo, olvidaron mejorar la salud y la educación de sus hermanos. Y, finalmente, pecaron contra la Creación, despilfarrando los recursos del Jardín, desboscando a mansalva, permitiendo incendios forestales y fomentando, sin ninguna racionalidad, los agrocombustibles y las semillas genéticamente modificadas. Expulsados del Jardín, sueñan hoy con volver a ocuparlo mediante la violencia.

Por su parte, el nuevo administrador del Jardín, el gobierno accidental y accidentado, tuvo que encarar la crisis heredada, agravada por una pandemia de dimensión mundial. Sin embargo, al buscar la redención incurrió también en su propio pecado original cuando, por no saber o no poder resistir la tentación del águila imperial, comió del árbol de la candidatura y sembró la semilla del árbol del continuismo. A continuación, el nuevo gobierno empezó a añorar e imitar las peores mañas del faraón derrotado, en medio de una mezcla caótica de errores y buenos deseos. Su pecado original también se manifestó en la triple consecuencia de pecar contra Dios (manipulando la fe); pecar contra el pueblo (especulando con la salud y la educación) y pecar contra la Creación (dejando arder los bosques).

Ahora bien, del pecado original -aquel que está al origen de todos los pecados- no se vuelve atrás; tampoco se lo cancela, solo se lo redime, mediante un camino largo y sincero de conversión.

La redención significa para el MAS dejar atrás el desvarío del evismo y la radicalidad de su “nomenklatura” para retomar con humildad el camino de las propuestas genuinas en pro del desarrollo nacional, dando voz a los últimos, en lugar de inculcarles consignas destructoras.

Para el actual gobierno redimirse implica tomar conciencia de sus limitaciones electorales y ejecutivas, abonando la tierra para el gobierno que le suceda y poniendo al servicio del país sus mejores cuadros y sus propuestas más creativas.

La profundidad de la crisis actual es tal que nadie puede salir de ese pozo solo, sin una escalera de fuerzas cooperativas. Es una misión ardua, pero no imposible; en otras coyunturas trágicas Bolivia, cuyo aniversario celebramos en estos días, supo levantarse.

Hoy Bolivia, enfrentada por el insano electoralismo y herida por la crueldad de los que bloquean la salud y la vida en medio de una pandemia que arrasa con vidas y economías, nos invita a recordar las veces que renacimos de las cenizas como un aliciente para confiar en que el jardín volverá a florecer.

No murió por Covid19, murió porque cedió su corazón

Esta semana comparto mi espacio de opinión con el Padre Max Schiller, un misionero alemán que vive desde hace 46 años en el Norte de La Paz (Titicachi, municipio de Chuma).

P. Max, miembro de la congregación de los Hermanitos de Jesús, pertenece a la Diócesis de El Alto, cuyo Obispo, Mons. Eugenio Scarpellini, falleció recientemente.

Ambos, Max y Eugenio, son mis hermanos mayores en este caminar detrás de Jesús, el Buen Pastor; con ellos he vivido momentos de angustia al pasar por cañadas oscuras y pausas de descanso junto al agua de los oasis de la vida; vida que, para Eugenio, se ha transfigurado en eterna.

Antes de Navidad, tuve la suerte de compartir una “última cena” con él y un puñado de amigos, durante la cual relató algunos pormenores de la compleja y milagrosa negociación que, gracias también a su entrega, logró la pacificación de Bolivia y la transición democrática. Porque eso fue Eugenio: un pastor servicial, un amigo leal y un corazón incansable para construir la paz. De hecho, acierta el P. Max en decir que la muerte de Mons. Eugenio no fue por Covid19, sino por la entrega generosa hasta el extremo de su corazón.

 El texto siguiente del P. Max me representa totalmente en este momento de profundo dolor, pero siempre apoyado en la roca firme del Señor.

“Mons. Eugenio murió el 15 de julio de dos infartos. Murió en El Alto, en el Hospital “Sagrado Corazón” donde ingresó, contagiado por Covid 19, para descansar y curarse en aislamiento. Cuando personas muy activas entran en reposo, salen a la superficie problemas acumulados. No creo que los problemas de Mons. Eugenio tenían mucho que ver con su trabajo de obispo y la diócesis de El Alto. Los problemas eran más bien de índole política y social. Desde que fue nombrado obispo de El Alto el año 2013 le tocó ser portavoz de la Iglesia Católica. Al frente tenía un gobierno triunfador y socialista. Nunca tuvo la vida fácil en ese cargo.

A nivel local, El Alto es una ciudad conflictiva y pasó por momentos muy penosos como la quema de la Alcaldía con varios muertos, estando la policía a unas cuadras retenida por órdenes superiores. Luego hubo el Referéndum del 21 febrero de 2016 en el cual Mons Eugenio llevó la voz de la iglesia en favor de la democracia. Asimismo, participó en la redacción de cartas pastorales de la Conferencia Episcopal que reflexionan sobre el cuidado del medio ambiente y la compleja problemática de la producción de las drogas y de su consumo interno.

Y, por último, su actuación en los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019, el fraude, el abandono de funciones del presidente, luego las tragedias de Sacaba y Senkata; todo eso pasó por el corazón del pastor.

Cuando dos poderes se enfrentan, en los medios y en las calles, sin aparente solución, Mons. Eugenio, junto con otros actores, logra instalar con éxito una mesa nacional de diálogo. En consecuencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Presidenta elaboran y aprueban una nueva ley electoral.

El corazón del pastor sigue latiendo, pero viene la pandemia, con enormes consecuencias. Hay interferencias desde Argentina, hay desunión entre las fuerzas democráticas, las elecciones se acercan y se avizoran nuevos problemas políticos y sociales. Monseñor Eugenio visita sus parroquias, escribe sus homilías, celebra eucaristías por televisión y Facebook y, finalmente, da positivo y entra en cuarentena.

En el reposo el corazón recuerda. Mons. Eugenio no murió de Covid19, porque éste afecta al pulmón. Murió de infarto al corazón por tantos problemas acumulados. El corazón del buen pastor no dio más; por todo lo del pasado y por lo que iba a venir en adelante.

Él está en mis oraciones. Que descanse en paz. P. Max”.

Publicado en Página Siete el 25/07/2020

Categorías:homenaje, religion

La chuta regularización

Se escuchan frecuentes y motivadas críticas al Poder Ejecutivo por confundir la gestión de un gobierno interino con la campaña electoral de su frente. Sin embargo, hay fuertes evidencias de que el MAS, amparado por los 2/3 de la Asamblea Legislativa que hace mucho perdió en el país, está haciendo exactamente lo mismo en favor de su candidatura.

Sucedió con la ley de rebaja (retroactiva) de los alquileres que buscaba popularidad para el MAS cuando arrendadores e inquilinos, con sentido común y sensibilidad social, desde el mes de marzo habían hallado soluciones cuerdas y consensuadas. Curiosamente, en 14 años de gobierno el MAS fue incapaz de aprobar una moderna Ley de Inquilinato, en reemplazo de la vigente que data del año 1959.

Algo similar sucede con el proyecto de ley (PdL) 706-19 presentado por la diputada Concepción Ortiz (MAS) con el objetivo de “sanear legalmente” vehículos indocumentados (“chutos”) que circulan en el país.

Para empezar, salta a la vista una irregularidad. El PdL de marras está registrado en la gestión 2019, pero ha sido presentado el 15 de junio de 2020. Por tanto, habrá que empezar por “sanear legalmente” el propio proyecto.

Luego yendo al fondo de la propuesta, los objetivos declarados son de índole social (favorecer a los dueños), económico (generar mayores recaudaciones) y humanitarios (permitir la compra del SOAT a los chutos). ¿Será cierto?

El primer objetivo es claro: favorecer al delincuente, que no es necesariamente el actual poseedor del coche. El año 2011 se aprobó la Ley 133 que “por única vez” regularizó los vehículos chutos, a cambio del arancel omitido y una multa. La justificación del entonces vicepresidente fue un inédito manifiesto democrático: ¡un ciudadano, un voto… y un coche chuto! Por eso se sigue internando vehículos sin pasar por la Aduana, y no “por única vez”.

El argumento de lograr mayores recaudaciones es bastante flojo. La Aduana estima que 33 mil chutos siguen circulando en el país. Según datos oficiales, la mencionada Ley 133 tuvo el modesto resultado de regularizar 140 mil vehículos y recaudar 160 M$ para alimentar a los elefantes azules del ministro del mayor derroche de nuestra historia, hoy candidato. A toda vista, ese monto no se invirtió en mejorar el sistema de salud, al cual recién la proyectista sugiere destinar los 37 M$ que, proporcionalmente, recaudaría el nuevo chuto-perdonazo. En fin, ¡todos felices!

Sin embargo, la demagogia electoralista del PdL oculta algunas graves consecuencias de su eventual aprobación.

En lo social, se sabe que los perdonazos consiguen reforzar la costumbre de violar la ley. Se favorece al que evade y se castiga al que cumple, los importadores y compradores legales.

En lo económico, los ingresos no se comparan con lo que el Estado pierde por diferentes conceptos; el principal es el incremento del subsidio a los combustibles. Cada vehículo chuto se da modo para abastecerse de gasolina o diésel, incrementando el consumo y el subsidio asociado con esos combustibles. Un cálculo a mano alzada muestra que habría que destinar casi el 50% de las recaudaciones del saneamiento de los 33 mil vehículos chutos a la importación de gasolina para su consumo. ¡El juego no vale la vela!, diría mi abuela.

Asimismo, los chutos suelen llegar con motores viejos, usados e ineficientes. Las consecuencias nefastas sobre la seguridad, el medio ambiente y la calidad del aire son obvias.

Y, finalmente, el tema del seguro se puede resolver creando un SOCA (Seguro Obligatorio del Conductor de Automotores), personalizado al conductor de un vehículo, sea chuto o no, con el fin de proteger al accidentado e identificar el vehículo ilegal. Pero eso, con seguridad, no traería votos.

Página Siete, 11 de julio de 2020

“Cui bono?”: ¿A quién beneficia negar el Fraude?

Ahora también en mi Blog.

Paralelamente al brote de Covid19 acabamos de asistir a un rebrote de la defensa del Fraude (así, con mayúsculas) desde diferentes frentes. A esta altura de la historia, argumentar racionalmente no sirve de nada cuando, en lugar de evidencias, solo se esgrimen rabietas y pataletas de ahogado.

La pregunta correcta es: “Cui bono?”, expresión latina que significa “¿a quién beneficia?”.

Por cierto, después del “fiasco” académico que contaminó hasta al MIT, se han producido dos asaltos, un manifiesto y un remate.

Los asaltos han sido perpetrados por colaboradores del New York Times y del Washington Post, sobre la base de revisiones académicas de un argumento estadístico que la OEA presentó en su informe.  El manifiesto, enlazado con los dos artículos mencionados, fue suscrito por integrantes del Grupo de Puebla, llegando al absurdo jurídico, histórico y ético de pedir la restitución de Evo en el poder. La cereza en la torta la puso el CEPR (Center for Economic and Policy Research) cuando se estrelló contra Luis Almagro y el informe de la OEA. Curiosamente, el CEPR se cuidó de mencionar a la Unión Europea que sigue respaldando plenamente ese informe. Está por demás decir que el CEPR es un activo propagandista del chavismo, según varios analistas.

Uno de esos analistas es Héctor Schamis de la Universidad de Georgetown, quien, en un artículo publicado en INFOBAE (“Terminen con Evo Morales: es pasado y fue fraude”, 23/6/2020), encara a los defensores del Fraude, hace interesantes revelaciones sobre los autores de los estudios “académicos” y se pregunta, al igual que esta columna: “cui bono?”.

La respuesta de Schamis es que ni al Grupo de Puebla, ni al CEPR,  ni a los periódicos de marras (un coro bien ensayado, hace notar) les interesa un pepino la suerte de Evo Morales o de Luis Almagro (ya ratificado en su cargo) sino que su agitación apunta a las elecciones presidenciales de los EEUU en noviembre próximo, donde el candidato demócrata Joe Biden resulta sin duda un mal menor, desde la perspectiva populista, ante la eventual reelección de Donald Trump. 

Desde luego, no es necesario ser un integrante de ese coro “angelical” para desear el reemplazo del impresentable Donald Trump, pero -cito a Schamis- “el problema (de esos diarios norteamericanos) es que derrotar a Trump en noviembre, parece ser un objetivo a realizar a cualquier precio, a cualquier costo. Ello incluye compartir el micrófono y la agenda con lo peor de América Latina, lo más autoritario, corrupto y criminal”.

A esa conjetura yo solo añadiría que, al remover el avispero del Fraude, los corifeos están utilizando a Evo para sus intereses e, incluso, están perjudicando electoralmente al MAS.

En efecto, si existieran militantes de ese movimiento que aún desearan liberarse de las taras del evismo, sin duda preferirían enterrar en el pozo Boyui ese recuerdo vergonzoso y distanciarse higiénicamente de los jerarcas que se han fugado para eludir la justicia. Incluso podrían desinfectar las filas de su partido, apoyando los juicios en marcha contra todos los que, por dar o por obedecer órdenes delictivas, son responsables del descarado Fraude y de todas sus consecuencias. ¿Lo harán u optarán por la consabida impunidad?

Por lo pronto, su principal candidato ya ha manifestado, aunque tímida y tardíamente, su discrepancia con “la madre de todos los fraudes”: el desconocimiento del referéndum del 21F.

En fin, la interesada negación del Fraude vuelve a poner en primer plano el lado más repugnante del evismo; el lado tramposo, extorsionador, corrupto, obsesionado con el poder, pero, sobre todo, inepto para gobernar y, paradójicamente, hasta para hacer fraude sin hacerse pescar. 

Publicado en Página Siete, 20 de junio de 2020

Rigor no rima con urgencia

Cuando daba mis primeros pasos como investigador me enamoré del “preprint”.

El preprint es un borrador de artículo científico que circula entre colegas antes de la versión definitiva que, para ser aceptada y publicada en una revista, debe someterse a revisores independientes, calificados y anónimos.

El preprint tiene dos objetivos: afirmar la paternidad de una idea o un resultado, por más toscos que sean, y recibir aportes críticos con el fin de mejorar conceptos y pulir la redacción del artículo, antes de que éste sea “martirizado” por los revisores.

Sin embargo, existe el riesgo de confundir sus conclusiones con un resultado limpio y revisado. En efecto, cuando un preprint se divulga mediáticamente suelen mezclarse el exceso de ambición del investigador y el insuficiente rigor científico de los resultados.

De hecho, eso está sucediendo durante la actual pandemia. A la espera de la ansiada vacuna, el mundo ha estado pendiente de remedios que curen o mitiguen esa enfermedad, de manera más efectiva que los estrafalarios consejos que abundan en el Facebook. Desafortunadamente los anuncios de esas curas de la Covid-19 aparecieron en la prensa y en boca de políticos antes de su publicación en revistas científicas, como debería ser. El respaldo científico estuvo precisamente en preprints y lo que sucedió después fue la lógica consecuencia de dejar de lado los protocolos científicos.

El 19 de marzo me llegó una nota de prensa que promocionaba el fármaco Hidroxicloroquina (HCQ), producido también por Bayer AG, sobre la base de reportes preliminares de efectividad en enfermos de Covid-19. La HCQ es un antimalárico que tiene un amplio espectro antiviral. Con el entusiasmo y el poco rigor de un “político-preprint”, el presidente Donald Trump envió a Brasil dos millones de tabletas de HCQ. En esos mismos días, la prestigiosa revista británica “The Lancet” publicó un artículo que cuestionaba la efectividad y alertaba sobre efectos secundarios de la HCQ. Sin embargo, la base de datos utilizada provenía de una poco conocida empresa (Surgisphere) que aparentemente inventó o alteró maliciosamente los casos clínicos analizados. De hecho, tres de los cuatro autores del artículo ya se han retractado y la WHO/OMS, que considera la HCQ como un fármaco “neutral” ante la Covid19, ha reanudado las pruebas clínicas, suspendidas tras la publicación del artículo de marras.

Con el mismo fin de curar la Covid-19, apareció luego la ivermectina, un antiparasitario usado en veterinaria. El 12 de mayo el Ministerio de Salud de Bolivia autorizó el uso de ese remedio en pacientes de Covid-19 y esa droga empezó a recetarse y usarse, a pesar de la oposición de la Academia Boliviana de Medicina, preocupada por los efectos secundarios de la HCQ. ¿Cuál fue el respaldo científico que llevó a ese Ministerio a permitir su uso en 350 mil pacientes? ¡Ninguno! Excepto un estudio “in vitro” (no en pacientes) de investigadores australianos y un preprint cuyos datos provenían de la cuestionada Surgisphere. Ese preprint fue retirado después de comprobarse que contenía severas fallas, hipotecando así la reputación de sus autores. En fin, la urgencia no avala la automedicación ni la renuncia al rigor.

Fuera del ámbito de la ciencia médica, vemos algo similar en la política del país con unos artículos publicados, con apuro y sin rigor, en la prensa internacional tratando de rebatir infructuosamente el análisis estadístico del Informe de la OEA acerca del descomunal fraude que perpetró el MAS –a todo nivel- en las elecciones generales de octubre. Una vez más, la urgente necesidad de agradar a sus nefastos comitentes trastornó el rigor e hipotecó la pobre reputación de esos académicos.

Versión revisada y corregida de la publicada originalmente en Página Siete el 13/06/2020

Categorías:ciencia y sociedad

Hidrocarburos y energías: actitudes, visiones, tiempos y urgencias.

Existen tres actitudes ante el desastre heredado del anterior gobierno y agravado por la pandemia Covid-19, con el fin de enderezar la torcida política energética masista.

La primera es la actitud “nostálgica”, que ve en ese fracaso la oportunidad de volver a la situación anterior al 2004 (deshaciendo el Referéndum del gas, la Ley 3058, el DS 28701 y la nueva CPE) con el fin de desmantelar las empresas públicas y devolver a las compañías privadas la gestión del sector energético del país. Al otro extremo está la postura “utópica’, que piensa que están dadas las condiciones para implantar ya un nuevo modelo y reemplazar por arte de magia las fuentes fósiles por las renovables. En el medio, existe toda una gama de posiciones realistas que, si bien creen que el camino conduce inexorablemente a las fuentes renovables, optan, sin embargo, por recorrerlo con lo que se tiene, superando el actual modelo (estatista, fósil, rentista). Un ejemplo: la propuesta de devolver a los gobiernos locales el 12% del IDH que la Ley 767 (Incentivos Petroleros) les quitó parece un acto de justicia. No obstante, esa ley es el único resquicio legal, dejado (a regañadientes) el MAS, para poder reactivar la exploración.

Hay tres visiones sobre la gestión del sector energético: la inmediatista, cuyas decisiones y políticas dependen de las reservas y los mercados del gas; otra “reduccionista”, que restringe el tema energético a los hidrocarburos; y otra “holística”, que mira al sector energético en su conjunto. Por ejemplo, lo dije y lo reitero: no tiene sentido seguir quemando gas en las termoeléctricas en lugar de generar electricidad con fuentes renovables, pudiendo vender ese gas a mejores precios. Sin embargo, la postura realista obliga a veces a priorizar la generación termoeléctrica, con el objetivo de preservar la integridad de los pozos productores cuando se reduce la demanda de gas.

Hay tres tiempos para realizar cambios y reformas. El corto plazo encara una crisis de mercados del gas, debido a las reservas reducidas, la competencia del LNG y la baja del consumo de nuestros clientes (Brasil y Argentina). Garantizado el abastecimiento interno, Bolivia en la post epidemia necesita más que nunca de divisas, para reactivar y transformar la economía; por tanto, es imprescindible conservar y ampliar esos mercados y mantener la producción, para asegurar lo que Marcelo Quiroga Santa Cruz llamaba “el salario de Bolivia”. A mediano plazo, se requiere ajustes a las normas que impiden el desarrollo del sector, el reemplazo del gas por agua y sol en la generación eléctrica y el arranque del transporte eléctrico urbano. A largo plazo, la diversificación energética debe ser una realidad; los agrocombustibles un mal sueño, relegado a un reducido nicho competitivo del mercado; YPFB, y las demás empresas del Estado, un desafío de rediseño empresarial sobre la base de modelos exitosos como Ecopetrol.

Hay tres urgencias: los mercados de exportación, la exploración para sostenerlos y una hoja de ruta de un programa energético consensuado y aceptado como política de estado. Por ejemplo, creo que es necesario, mas no urgente, repensar el alcance de los subsidios, máxime en tiempos de petróleo barato. En efecto, el impacto del subsidio por la importación de combustibles líquidos se ha atenuado y, si bien no habría consecuencias inmediatas si se lo elimina, no obstante, una vez que el petróleo vuelva a valores “normales” (60-70 $/bbl), las reacciones sociales y empresariales no se harían esperar.

Esas y otras medidas necesarias, mas no urgentes, deben ser parte de una política energética coherente y libre de ataduras ideológicas que solo un gobierno legítimo podrá ejecutar.

Página Siete, 30 de mayo de 2020

Políticos Genéticamente Modificados (PGM)

La controversia en torno a los organismos genéticamente modificados (OGM) se ha reactivado en Bolivia a raíz de la aprobación de un decreto supremo que permite abreviar los plazos para el uso de cinco clases de semillas OGM, entre las cuales la que más preocupa es el maíz.

No pienso ingresar a una polémica de por sí compleja por abarcar diferentes campos (científico, político, económico, alimenticio, médico, entre otros) con todas las características de una guerra de trincheras. Desde que, hace muchos años, sostuve en el semanario PULSO un debate a la distancia (activismo versus ciencia) con Eduardo Galeano acerca de los OGM, sigo teniendo pocas certezas y muchas dudas.

La mayor certeza que tengo es que -dicho en términos bíblicos- cuando decidimos dejar de ser “huéspedes” de la creación y nos atribuimos el rol de “administradores” necesitamos una dosis suplementaria de humildad y prudencia. De hecho, la naturaleza suele emplear miles o millones de años para realizar mutaciones que, con arrogancia y por lucro, hacemos diariamente y sin descanso.

Con la misma falta de prudencia y humildad todos los “políticos orgánicos” suelen mutar, en tiempos cortísimos, a Políticos Genéticamente Modificados (PGM), afectando a los genes de la coherencia, transparencia, memoria y decencia.

La revista Energy Press reportaba en agosto de 2019 que un exsenador y excandidato presidencial, escoltado por dos colegas de bancada (la Presidenta y su ministro de gobierno actuales) presentó un estudio que recalculaba en 5.7 TCF las reservas probadas de gas evaluadas por Sproule al 31 de diciembre de 2017. Curiosamente, el “nuevo” YPFB sigue usando el dato de Sproule: 10.5 TCF. Bastaron pocos meses y una dosis accidental de poder para que se manifestara una resistencia genética a la coherencia de nuestro PGM.

Volviendo al tema de los OGM, hay cierta incoherencia entre el político que, como presidente del Senado, prohíbe su uso en los cultivos de papa (Ley 4097 del 25/8/2009) y el PGM que defiende el uso de los OGM en el agro oriental. Sin contar que también otros correligionarios suyos han sufrido mutaciones de otras cadenas de genes, portadores de la transparencia, la libertad de expresión y la aplicación de la cárcel preventiva.

Se ha acusado a un expresidente de mantener hoy una posición crítica hacia el mencionado DS 4232, no obstante que en su gobierno se autorizó el cultivo de soya transgénica resistente a un polémico herbicida (glifosato).  Si bien la información y el debate público acerca de los OGM por el año 2005 eran casi inexistentes, es posible que prevaleciera entonces la “razón de Estado”, un argumento que hoy estaría sujeto al art. 409 de la Constitución del año 2009.

Finalmente, el actual candidato del MAS, para quien el cinismo parece ser una virtud y la coherencia un pecado, además de olvidar las confusas políticas en torno a los OGM y los agrocombustibles de su gobierno (“defensor de la madre tierra”, se decía), muestra la alteración de otras tres cadenas de genes de su ADN.

En efecto, ahora reclama por el internet más lento de la región para pasar clases a distancia, luego critica la escasez de recursos e infraestructura médico-sanitaria y finalmente exige libertad de expresión sin restricciones.

Sin embargo, olvida que los genes hoy descartados (¿hasta cuándo?) retrasaron el tendido de fibra óptica y priorizaron un satélite de más de 300 M$ que solo produjo patéticas lágrimas; optaron por canchas de pasto sintético postergando hospitales, ítems e insumos médicos y asignaron financiamiento selectivo, interesado y punitivo a los medios de comunicación, según la afinidad con su gobierno.

¿Hay dudas sobre a quién asignar el laurel de supremo PGM?

Publicado en Página Siete, 16/05/2020

Estado laico y libertad de culto en tiempos de cuarentena

Como era previsible, surgió la controversia entre Estado e Iglesia acerca de las restricciones al culto dictadas mundialmente como consecuencia del distanciamiento social.

Algunos sectores de la Iglesia (los obispos italianos, por ejemplo), en el momento de flexibilizarse las restricciones de transporte y trabajo, han exigido, en nombre de la libertad de culto, que se autorizara también la reapertura de los templos, manteniendo, desde luego, los cuidados usuales para evitar el contagio.

“No solo de pan vive el hombre”, interpela la Biblia, y, cabalmente, para recibir el alimento espiritual se pide reabrir los templos. ¿Acaso Jesús mismo no enseñó, a propósito de la observancia del “confinamiento” del sábado, que el hombre está antes que la ley?

Sin embargo, esa exigencia plantea elementales preguntas logísticas: ¿quién tiene derecho a participar en el culto (misas, bautismos, bodas) si la capacidad de los templos no permite el ingreso de todos? ¿Se harán reservas? ¿Con base en qué criterios?

Por su parte, el Estado laico coloca los templos, desde el punto de vista de la salud pública, en la misma categoría de cines, discotecas, museos y teatros, lugares de mucha concurrencia y elevado riesgo de contagio. El legítimo derecho al culto, parecen decir las autoridades, no puede estar por encima del derecho de los demás a no ser contagiados. Además, el Estado, apelando también a las Escrituras, podría recordarles a los Obispos que las pías mujeres tuvieron que interrumpir el “culto” fúnebre al cuerpo crucificado de Jesús debido a las restricciones de circulación del sábado/Pascua del 14 de nisán del año 30.

El pasado martes el propio Papa Francisco ha intervenido en la controversia, instando a los fieles a cumplir disciplinadamente las normas dictadas por las autoridades. En el fondo, no parece justo reclamar por medidas que no pretenden ir “en contra” del culto, sino “en favor” de la vida.

En Bolivia, la presidenta Añez ha invitado a la población a realizar una jornada de ayuno y oración para que Dios libere a nuestra patria del flagelo del virus. Las reacciones no se han hecho esperar: burlas irreverentes en las redes sociales; insinuaciones de que la exhortación presidencial tenía fines electorales (“la mamá que cuida de todos sus hijitos”); sarcasmo en torno a que muchas familias se ven obligadas a ayunar, y no solo un día. Tampoco faltó quien señalara que la presidenta de un estado laico no debería ejercer funciones religiosas.

Al igual que cuando se repuso la Biblia en el Palacio, la invitación puede verse como una reacción legítima ante el (universalmente consentido) patrocinio de Evo a los cultos ancestrales.

Personalmente aprecio las buenas intenciones de Jeanine Añez por levantar el ánimo de la población, mayoritariamente cristiana, y creo firmemente en el valor y eficacia del ayuno y la oración, pero defiendo también las bondades de la independencia (que no implica separación) de Iglesia y Estado. Quien sabe, lo ideal hubiese sido que la invitación surgiese de líderes religiosos y no de la primera autoridad política del país.

En cuanto a la reapertura de los templos, en mi criterio, antes de atrincherarse detrás de derechos, habría que encontrar respuestas creativas que conyuguen las necesidades espirituales con el cuidado de la salud; utilizando los medios de telecomunicación para el culto y la catequesis y buscando formas creativas para que los fieles reciban la comunión fuera de la misa, con el concurso de laicos, hombres y mujeres, comprometidos con su fe.

En fin, es posible encontrar soluciones transitorias y permanentes a las necesidades del Estado y la Iglesia a través del diálogo y la lectura de los signos de los tiempos.

Página Siete, 2/5/2020