La lucha contra la injusticia

Publicado en Página Siete (y otros medios nacionales) el 25/6/2022

Cuenta el historiador Tito Livio que, por el año 387 a.C., el rey galo Breno lanzó, a los derrotados romanos que protestaban por las balanzas manipuladas que pesaban el oro del rescate, la célebre frase: “vae victis(¡Ay de los vencidos!). La impotencia de las víctimas se convirtió pronto en revancha y venganza, una vez que las relaciones de fuerza cambiaron.

A lo largo de mis tres cuartos de siglo de vida he podido constatar que uno de los sentimientos que más provocan bronca y rebeldía en el hombre, individual y colectivamente, es la injusticia. Aun en los entornos más amorales el sentido de la justicia sobrevive en los códigos propios de esos ambientes.

¿Qué hacer ante la injusticia, además de resignarse esperando la oportunidad de vengarse? El hombre ha desarrollado diferentes actitudes.

Lo normal es denunciar y recurrir a un juez, un funcionario que dirima las controversias y haga cumplir su sentencia. Sin embargo, aun esa vía civilizada se presta a más injusticias y amaños, políticos y económicos, a tal punto que muchas veces es preferible un mal acuerdo a una larga e incierta disputa legal; máxime en un medio en que la propia policía, para descubrir a los delincuentes, despacha las víctimas de un robo a “cuatro yatiris”, los cuales hasta pueden ser cómplices de los ladrones (Página Siete, 21/6/22, pg. 26).

El juicio ordinario (escandalosamente “ordinario”, por cierto) a Jeanine Añez nunca debió realizarse, debido a que, como expresidenta del Estado, le correspondía un juicio de responsabilidades, en criterio de todos los juristas serios, excepto uno. Sin embargo, no fue así, por dos razones.

La primera es conocida: al no tener el MAS los dos tercios en la Asamblea Legislativa, la oposición, con toda razón, exigía que los actuales jueces supremos fueran cambiados por otros mejor calificados para garantizar un juicio transparente. Personalmente, creo que el desarrollo y desenlace del juicio ordinario le dio la razón a la oposición: de esa “justicia”, pesada con la balanza del “Breno” masista, contaminada por la injerencia política y criticada por moros y cristianos, no se podía esperar nada más que el regateo de los años de condena (“finjo pedir 30 para que le den 10”)

La segunda razón es más sutil: optar por un caso de corte hubiese puesto en evidencia las responsabilidades de todos los actores de los trágicos eventos de noviembre de 2019: gobernantes, exgobernantes huidos y dirigentes de los sectores sociales enviados a enfrentarse a las fuerzas del orden, reforzadas por las FF.AA. Ante la crítica de la comunidad internacional, en sintonía con la gran mayoría de la población boliviana, se ha esgrimido, por parte del oficialismo, el concepto de “soberanía jurídica” para encubrir una notoria injusticia. ¿Cómo puede alegar soberanía jurídica un gobierno que ni siquiera ofrece seguridad jurídica? Además, un partido que desconoció un referéndum soberano, escudándose detrás de interpretaciones exóticas de normas internacionales, ¿puede defender un juicio espurio, apelando a la soberanía jurídica?

Volviendo a las actitudes ante la injusticia, quedan aún dos: recurrir a la violencia como método de lucha u optar por la no-violencia. En el primer caso, solo se alimentará la espiral de la maldad, del odio y de la venganza. En el segundo caso, está el ejemplo, muy anterior a Gandhi y Mandela, de Jesucristo y de sus seguidores, que respondieron con el perdón a la injusticia.

No se trata, como suele decirse, de resignarse y esperar en la “justicia divina” -que, por cierto, es misericordia infinita antes que castigo “justo”-, sino de desarmar a la maldad con el perdón, buscando, con valentía, extirpar las raíces antes que cortar la planta.

Laboratorios naturales

Publicada en Página Siete, y otros medios nacionales, el 11/06/2022

Más allá de los recientes escándalos, las universidades bolivianas siguen enfrentando el reto de la investigación. Sin investigación una universidad no debería llamarse tal; a los sumo será una guardería juvenil.

En esa actividad todas las universidades del país sufren carencias infraestructurales (laboratorios), económicas (presupuesto) y científicas (investigadores competentes), de modo que, salvando excepciones, los magros resultados saltan a la vista.

En el siglo pasado la investigación universitaria era en gran medida voluntarista. Partía de la iniciativa de un investigador, normalmente de regreso de sus estudios de posgrado, que, en no pocos casos, volvía a salir del país, frustrado por no poder seguir investigando en un ambiente carente también de incentivos. Adicionalmente, la toma de decisiones acerca de las políticas de investigación quedaba en manos de dirigentes docentes y estudiantes que, en aburridos eventos, seguían interrogándose en torno al “qué, cómo y quiénes” de la investigación.

Un país que ha avanzado firmemente en ese campo es Chile. En ocasión del reciente cambio de gobierno, me enteré de que el gabinete de Gabriel Boric seguirá impulsando los “Laboratorios Naturales” (LN), un concepto que ha despertado interés en el vecino país, particularmente en su Cancillería, desde la publicación del libro homónimo de José Miguel Aguilera y Felipe Larraín el año 2020.

Según la definición del mismo Dr. Aguilera, investigador de la Universidad Católica de Chile, los LN son “una singularidad o anomalía geográfica o geofísica a nivel planetario que atrae atención internacional, y que otorga ventajas comparativas para realizar investigación con impacto científico, social y económico”.

Esa noticia me llenó de alegría, debido a que desde hace 20 años en Bolivia, precisamente en el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UMSA, que por entonces yo dirigía, se forjó y aplicó exitosamente ese modelo, aunque sin plasmarlo en libros.

De manera sintética mencionaré que primero identificamos un área de investigación de interés de la población boliviana (la elevada Radiación ultravioleta y sus efectos sobre la salud), luego caímos en la cuenta de que Bolivia podía ofrecer lugares y temáticas de investigación atractivas para institutos similares del exterior, pero con mayores recursos y experticia. El estudio de la capa de ozono en altura fue la primera concreción de un LN, en colaboración con el INPE del Brasil. Luego promocionamos la atmósfera de los Andes tropicales que, como se sabe, es un indicador relevante del cambio climático. Con un puñado de laboratorios europeos emprendimos una “cooperación horizontal” que se concretó en la revitalización del prestigioso Laboratorio de Chacaltaya (a más de 5200 msnm). De ese modo, pese a los modestos recursos económicos del proyecto, siguen llegando al país equipos de vanguardia; hay intercambio permanente de científicos; se publica en revistas internacionales y una docena de brillantes graduados, la mitad mujeres, han podido cursar estudios de posgrado y recibir becas de investigación.

Además de la altura tropical, Bolivia posee otros LN (Amazonia, salares, glaciares, sitios arqueológicos, entre otros) que los institutos universitarios están en parte promocionando para construir una cooperación científica horizontal seria y duradera.

Ahora bien, si reemplazamos “laboratorios naturales” por “proyectos de desarrollo” de alcance internacional, el concepto sigue válido. Bolivia necesita no solo inversión privada (nacional y extranjera) para su desarrollo, sino inversión “constructiva”, como un reciente estudio de la Fundación Milenio ha evidenciado, para que sea mutuamente beneficiosa y duradera.

El Putin del conflicto regional del gas

Publicado en Página Siete y otros medios nacionales el 28/05/2022

En el mercado regional, al igual que en todo el mundo, se está librando una guerra de baja intensidad para proveerse de gas y petróleo. Más allá de las causas y consecuencias de la convulsión, la pregunta es: ¿quién es el responsable (el “Putin”) de esa guerra en nuestra región?

El primer campo de batalla es el noroeste argentino que precisa en este invierno por lo menos 14 MMmcd de gas para termoeléctricas y hogares. Argentina tiene ese gas en los ricos yacimientos de Vaca Muerta, pero le falta la logística para transportarlo hasta la región fronteriza con Bolivia debido al descuido de sus autoridades en terminar el gasoducto “Néstor Kirchner”.

El año 2006 se firmó un contrato de compraventa que a estas alturas obligaría a YPFB a entregar más de 20 MMmcd a su análoga argentina IEASA. Pero, la producción de gas de YPFB no alcanza para proveer esos volúmenes, de modo que el contrato original tuvo que ser ajustado mediante ‘adendas”. La última adenda (la “Sexta”) se mantiene confidencial, aunque ya poco o nada queda oculto.

En particular, ha salido a la luz el compromiso de YPFB de entregar un mínimo de 14 MMmcd a IEASA al precio estipulado en la Quinta adenda por los 8 MMmcd disponibles y a un precio de 20$/MMBtu por los volúmenes adicionales. Es la media verdad del precio “histórico” que cobrará YPFB como ha anunciado, hinchando el pecho, su presidente interino.

Ahora bien, ¿de dónde saca YPFB esos 6 MMmcd adicionales si su producción no pasa de 42, destinados, en el orden, al mercado interno (13); a Brasil (20) y el resto a la Argentina?

La respuesta es simple aritmética y nos desplaza a otro campo de batalla: el Brasil. YPFB unilateralmente ha dejado de enviar esos 6 MMmcd a Petrobras, después que el gobierno argentino no lograra convencer a su homólogo brasileño de hacerlo amigablemente. De hecho, Brasil, debido a las abundantes lluvias de este año, no necesita todo el gas boliviano que tiene derecho a pedir, pero ha visto la oportunidad de salir ganando con la necesidad ajena. En efecto, poniéndose careta de hereje, IEASA ha aceptado pagar las penalidades de YPFB a Petrobras (8$ por cada MMBtu no entregado) abonando 20$/MMBtu por esos 6 MMmcd adicionales.

Al final del día, todos ganan, pero no por igual.

Brasil -si realmente no necesita esos 6 MMmcd que YPFB le quita- gana 8$ (y ahorra otros 8) por cada MMBtu que YPFB deja de inviarle.  A su vez, Argentina se ahorra más de 10$/MMBtu, porque su alternativa es adquirir (y transportar por tierra) LNG a un precio superior a los 30$/MMBtu. En ese juego a tres bandas, Bolivia es la que menos gana y que más pierde, porque solo logra un plus de 4$/MMBtu, o sea unos 25 M$ adicionales por mes durante el invierno. 

En efecto, YPFB pierde credibilidad en el manejo de contratos ante nuestro mejor socio de la historia, que es Brasil, aunque, si Lula volviera al poder, las aguas podrían regresar a su cauce. En fin, en la guerra y en el amor (ideológico) todo vale.

Volviendo a la pregunta inicial, lo cierto es que nos hubiésemos ahorrado toda esa convulsión si YPFB dispusiera de suficiente gas para cumplir con todos sus contratos. Desafortunadamente, en los 15 años en que la política energética ha estado en manos de nacionalizadores inmediatistas y de oceanógrafos “chantas” (que “visualizaban” mares de gas), se han agotado las reservas heredadas y se las ha monetizado aceleradamente para gastar a mansalva en pocas obras buenas, varias malas y muchas pésimas, sin reponer lo explotado e hipotecando el futuro energético de Bolivia.

En fin, por todo lo anterior, resulta retórico preguntarse: “¿Quién es el “Putin” boliviano responsable del descalabro energético actual y del inminente fin del ciclo del gas?”

¿Paladines o verdugos del Estado?

Publicado en Página Siete y otros medios nacionales el 14/05/2022

La obra maestra del MAS el año 2005 fue unificar los movimientos sociales alrededor de pocas, pero eficaces, consignas ideológicas y muchos, y seductores, acuerdos de repartición de los beneficios del poder.

La consigna principal fue recuperar el rol del Estado y de sus empresas después del ciclo neoliberal, revirtiendo las políticas de achicamiento del aparato estatal que se practicaron en Bolivia después de la catástrofe del gobierno de la UDP. De ese modo, los paladines del Estado emprendieron un programa que tuvo su momento estelar en la “nacionalización” y en la reestatización de las empresas capitalizadas.

Sin embargo, la realidad nos muestra que los paladines del Estado han gobernado en contra de éste, destruyendo la institucionalidad (que es el equivalente estatal del buen gobierno corporativo de la empresa privada), como indican algunos hechos incontrovertibles que paso a describir.

Las empresas del Estado, recuperadas en ese proceso, han buscado la ambigüedad de ser, al mismo tiempo, propiedad mayoritaria del Estado y empresas anónimas con el fin manifiesto de evadir el control fiscal de las draconianas leyes anticorrupción. El reciente contrato incestuoso entre YPFB y su subsidiaria Refinación S.A. para la construcción del enésimo elefante azul es un ejemplo de lo afirmado.

Para construir un Estado fuerte y eficiente se esperaría que los funcionarios fueran elegidos entre los mejores profesionales y sean dignamente remunerados. Al contrario, la constante ha sido la asignación de pegas con base en “cupos” o “avales” de los sectores sociales, privilegiando a los dirigentes sindicales que aseguran la lealtad de sus bases, y el perverso sistema de los interinatos. El resultado es, en general, incompetencia, improvisación, dependencia y lealtad hacia los que los nombraron. Y, encima, todos los beneficios son para los trabajadores de empresas privadas, como el reciente incremento salarial y la reincorporación obligatoria, beneficios que se les niega a los funcionarios públicos.

Un Estado fuerte y digno debería ser transparente, pero, para no ir lejos, se mantiene oculto el texto de la Sexta Adenda del contrato YPFB-IEASA para no que no se sepa quién paga las penalidades de los menores envíos a Petrobras.

Se reconoce que un logro de los últimos 15 años ha sido la inclusión social de los pueblos indígenas, pero ese mismo Estado, a pesar de la bonanza económica, ha sido incapaz de avanzar con la inclusión educativa, indispensable para una real inclusión. De hecho, la educación pública sigue tanto o más deficiente que antes.

Se ha denunciado repetidamente los efectos perversos de los subsidios ciegos que vacían las arcas del Estado sin beneficiar a los que realmente necesitan esas ayudas; se trata de otro ejemplo en que la defensa del Estado se supedita a intereses electorales y partidarios.

En todo país y en todo gobierno se suscitan actos de corrupción que son atentados contra la salud del Estado. La diferencia está en cómo se encaran esos actos: con valentía para extirpar ese cáncer del cuerpo del Estado o con lealtades partidarias que echan un manto de silencio y olvido, cuando no de premios, sobre los responsables y destrozan el tejido moral de la nación.

En efecto, el verdadero “daño al Estado” no es solo el económico de los corruptos, sino el moral que están heredando las nuevas generaciones, mediante la banalización de los delitos institucionales, la justicia podrida, la policía corrupta, la indiferencia y complicidad con el crimen organizado y otras graves enfermedades de un Estado camino a volverse éticamente fallido.

Llegamos, en fin, a la triste constatación de que los paladines del Estado resultaron ser sus verdaderos verdugos.

La pobreza eléctrica de los bolivianos

Publicado en Página Siete y otros medios nacionales el 30/4/2022

El subsidio al gas natural que se quema en las termoeléctricas permite a Bolivia mantener las tarifas de electricidad entre las más bajas del continente, aproximadamente 0,12 $/kWh (0,82 Bs/kWh) para consumos domiciliarios mensuales de hasta 100 kWh.

Los subsidios tienen sentido en la medida en que tienen fecha de caducidad y están realmente destinados a la población más vulnerable, pero son costosos y perjudiciales para las inversiones, la economía y el medio ambiente. Apelando a una metáfora, los subsidios se asemejan a las transfusiones de sangre: son necesarias ante la debilidad extrema del paciente, pero perjudiciales si se las realiza continuamente.

Adicionalmente, tiene vigencia en el país un ulterior subsidio, llamado Tarifa Dignidad (TD) que, al margen de sus buenas intenciones, tiene efectos perversos sobre la gente.

La TD consiste en un descuento del 25% para consumos menores a 70 kWh mensuales, cuyo costo es financiado por las mismas empresas del sector eléctrico. Por ejemplo, un usuario que consume 50 kWh paga mensualmente 30 Bs, en lugar de 40.

La Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), cuyo nombre revela el disparate de incorporar la tecnología nuclear (un servicio de salud) al sector energético, publica en su última memoria anual, correspondiente al 2020, datos preocupantes sobre el comportamiento de la TD entre 2006 y 2020 (15 años), entre los cuales destaco los siguientes.

En primer lugar, el número de beneficiarios de la TD ha ido aumentando constantemente, pasando de 492.000 (2006) a 1.295.000 (2020); o sea, las transfusiones de sangre se han incrementado. Ese dato contradice poderosamente la propaganda gubernamental acerca de la reducción de la pobreza en el país, considerando que el consumo de energía eléctrica es considerado universalmente un indicador del nivel de bienestar.

Luego, se observa que esa “pobreza eléctrica” no es uniforme a lo largo del país: la TD rige más en Potosí (74% de los usuarios) y menos en Santa Cruz (24%); brecha que confirma la correlación entre TD y pobreza. A escala nacional hemos pasado del 41.7% al 48.7% de los beneficiarios de la TD en 15 años, cuando uno esperaría que la bonanza del ciclo del gas hubiera reducido el número de necesitados.

A su vez, el monto gastado en ese subsidio llega en promedio a 10 M$/año, habiendo subido de 3,6 M$ (2006) a 15.5 M$ (2019), 4.3 veces más. Por tanto, el año 2019 el ahorro promedio por beneficiario ha sido de 7 Bs/mes, o el equivalente de 14 marraquetas.

En realidad, el talón de Aquiles de la Tarifa Dignidad es que de dignidad no tiene nada. Es fácil calcular qué se puede utilizar con esos 70 kWh: un refrigerador, de volumen y consumo normales, llega a gastar más de 50 kWh. Y no se diga que el refrigerador es un artículo de lujo. Si agregamos una ducha, un televisor, 5 focos leds, uno que otro aparato tecnológico y una plancha, sobrepasamos con creces el consumo “digno”.

“Vivir bien” significa también vivir con un mínimo de comodidades que la electricidad suele proporcionar. Por eso me atrevo a sugerir dos medidas sencillas en la línea de vivir dignamente y de llegar con el subsidio a los más vulnerables, en vista de que no todos los beneficiarios de la TD son pobres. Concretamente, propongo subir el consumo de la TD hasta 100 kWh (en Ecuador es 110 kWh) y aplicarla a los usuarios que a) consumen menos de ese tope todos los meses del año, para descartar a los que sí pueden pagar la tarifa normal al menos un mes al año, y b) que no tengan conexión de gas domiciliario, para que no se beneficien del doble subsidio social.

En fin, en busca de una justa aplicación de los subsidios, ¿por qué no empezar con la reforma de la Tarifa Dignidad?

Mujeres en la Pascua de Jesús

Publicado en Página Siete y otros medios nacionales el 16/4/2022

Un fruto del Concilio Vaticano II que tardó bastante en madurar ha sido el empoderamiento de mujeres teólogas de mucho valor científico y espiritual, las cuales no solo se han dedicado a investigar y enseñar en el surco trazado por sus colegas varones, sino que han emprendido programas propios “de género”, en particular revalorizando el rol de la mujer en los evangelios y en la vida de la Comunidad primitiva.

El cuadro que hoy se tiene de ese rol tiene dos convicciones. Por un lado, se realza su importancia fundamental en la vida de Jesús, especialmente en la Pascua, y en la construcción de la nueva comunidad. No fueron personas al servicio “doméstico” de Jesús o de sus apóstoles, sino verdaderas discípulas de la Buena Noticia que los acompañaron fielmente en las buenas y en las malas.

Por otro lado, debido a la influencia de la cultura greco-romana, el rol protagónico de las mujeres fue invisibilizado con el tiempo, ocultando el papel que ellas tuvieron en los acontecimientos de la Pascua e incluso echando sombras sobre su vida, como en el caso de la Magdalena. Es el patriarcado que persiste en la Iglesia hasta nuestros días.

Por eso, en víspera de la Pascua de Resurrección, es bueno destacar el fundamental papel de las mujeres en la Pasión y Resurrección de Jesús, con base en los relatos de los evangelios.

La última semana de vida de Jesús empieza con la unción de Betania (Jn 12,1-11): María, la hermana de Marta y Lázaro, realiza un gesto de fuerte valor profético: unge los pies de Jesús con un perfume carísimo, rompiendo el precioso frasco de alabastro. El gesto de la discípula es preanuncio de la muerte del Maestro, ya que a los cadáveres se le ungían los pies con perfume. La crítica “social” de Judas al derroche pone de manifiesto el conflicto entre el amor generoso de María y el egoísmo de quien se escuda en los pobres, mientras prepara la traición del amigo.

Al día siguiente, Jesús ingresa a Jerusalén, montando un humilde pollino, en medio de los vítores de sus discípulos llegados de Galilea. Discípulos es un término neutro, que indica varones y mujeres, las cuales eran un grupo numeroso de la comitiva que seguía a Jesús.

Ya camino al Calvario, a unas mujeres piadosas, esta vez de Jerusalén (Lc 23,26-29), Jesús les pide que no lloren por él, sino por sus conciudadanos, cuando será destruida la ciudad; hecho que sucedió 40 años más tarde.

Junto a la cruz, encontramos la Madre y las mujeres galileas, lideradas como de costumbre por la Magdalena, mostrando más coraje que los discípulos varones que optaron por fugarse. ¿No les recuerda una historia reciente de Bolivia?

Esas mismas mujeres presencian la sepultura de Jesús con la intención de volver, después de la fiesta, a terminar de embalsamar el cuerpo de su Maestro, una tarea tradicionalmente reservada a las mujeres. Así expresan amor y memoria, los alimentos de la fe.

Finalmente, todos los antiguos testimonios coinciden en que la primera revelación de la Resurrección de Jesucristo fue hecha a María de Magdala y a las mujeres que la acompañaban. Es un hecho sorprendente porque en la sociedad judía el testimonio de una mujer no tenía valor legal.  En efecto, los apóstoles de entrada no las creyeron, hasta cerciorarse ellos mismos.

¿Dónde han quedado las mujeres, sucesoras de aquellas galileas, en la Iglesia de hoy?

A lo largo de su historia, la Iglesia ha pedido perdón por sus muchas culpas, porque no hay miseria humana que ella no haya experimentado en su vida. Tal vez ha llegado la hora de reparar la deuda milenaria del trato displicente y discriminatorio que ha tenido hacia las mujeres, para lo cual se necesita algo más que la concesión de asignarles algunos cargos administrativos.

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La bomba de vacío del diésel

Publicado en Página Siete, y otros medios nacionales, el 2/4/2022

La economía boliviana, al igual que la ucraniana, está siendo destrozada por una “bomba de vacío”, que se suma a los daños causados por la artillería convencional de la importación de combustibles. Hablo del subsidio al diésel importado, que está “vaciando” las reservas internacionales.

El subsidio es la diferencia (positiva) entre el valor de compra y el de venta del diésel importado, debido a que se compra caro y se vende barato. El subsidio pretende favorecer a los sectores más pobres, mediante la estabilidad de precios y el control de la inflación, pero a costa de “quemar” dinero público, amén de favorecer, en algunos casos, a los más pudientes.

Desde hace más de 20 años Bolivia importa diésel, pero en los últimos años el problema se ha agudizado por tres factores, que paso a detallar.

En primer lugar, está el incremento del consumo, que es una buena señal: la economía crece, la agroindustria se expande, aumenta el transporte nacional e internacional de mercancías. No obstante, no se puede excluir que una parte del incremento se deba al contrabando (en mulas, llamas y caimanes, como insinuó un locuaz expresidente) hacia los países limítrofes donde el diésel es mucho más caro.

El segundo factor es la disminución de la producción, consecuencia de causas naturales (los antiguos pozos de petróleo crudo se han ido agotando) y de medidas políticas: el IDH “ciego” castiga al productor de petróleo a tal punto que de cada 100 barriles que produce por lo menos 65 los entrega por regalías e impuestos y el resto está obligado a venderlo a un precio “político” (que es otra clase de subsidio), independientemente del precio internacional que suele ser entre dos y tres veces mayor.  Si a eso se suma la disminución aún más acelerada del petróleo condensado (un subproducto líquido de la extracción del gas), se explica el poco o nulo interés de las empresas petroleras de invertir en extraer y explorar petróleo.

La tercera variable es el costo del barril de petróleo que suele ser volátil, pero que actualmente está en una franja que difícilmente bajará de 100$ por un buen tiempo, a causa de la guerra (Rusia pertenece a la “troika” de los principales exportadores) y de las dificultades del transporte marítimo. Este hecho puede fácilmente duplicar la factura de compra de diésel.

Durante la bonanza (2009-2016), la mayor producción y los bajos precios contuvieron el subsidio al diésel y durante la pandemia, gracias a la caída del consumo y del costo del barril, se limitaron los daños. Pero, desde el presente año, el consumo ha vuelto a crecer, la producción sigue bajando y el precio del petróleo subiendo. O sea, estamos frente a la tormenta perfecta.

Ante esta situación que va erosionando aceleradamente las reservas monetarias del país, el gobierno ha propuesto dos salidas: una planta de biodiésel y la importación de petróleo crudo. La primera solución, como he analizado en otras columnas, es tan solo un parche costoso. Baste señalar que toda la eventual producción de biodiésel en 2025 solo compensará el incremento de la demanda hasta ese año. La importación de petróleo crudo es, en principio, una buena idea, pero confronta barreras técnicas y financieras; por ejemplo, ajustes en refinerías y adecuación del transporte por oleoductos.

En fin, la solución inmediata a la problemática del diésel consiste en desactivar de manera gradual e inteligente la bomba del subsidio, antes de que detone su gemela, el creciente subsidio a la gasolina.

Con miras a una solución estructural, el gobierno debe implementar urgentemente un Plan de Transición Energética que, entre otras metas, restrinja el consumo de los combustibles fósiles, en el marco de otro modelo de desarrollo.

El nuevo orden energético mundial

Publicado en Página Siete y otros medios nacionales el 19/3/2022

A mis 15 años, cuando la crisis de los misiles en Cuba, me impresioné tanto por el eventual estallido de una guerra nuclear que dejé de estudiar y dormir durante varios días. Luego entendí que a los líderes de las naciones les queda siempre una pizca de cordura y responsabilidad, de modo que al final encuentran una salida no apocalíptica a las crisis que ellos provocan.

Creo que eso mismo sucederá con la crisis de Ucrania, lo que motiva a analizar las posible secuelas, geopolíticas, económicas y sociales, de la agresión de Rusia y, en particular, las implicaciones más probables del “nuevo orden energético mundial”.

Está claro el impacto sobre la comercialización de los hidrocarburos, como ha reflejado la subida del precio del barril de petróleo desde el comienzo de la invasión, por ser Rusia el mayor proveedor de gas a la Unión Europea (UE) y el tercer exportador de petróleo del mundo. Es sintomático que, a pesar de que las sanciones de los países de Occidente no han abarcado al sector energético, las tarifas de la energía se han disparados, poniendo en serios apuros gobiernos, usuarios y acuerdos acerca del calentamiento global.

Se ha dicho que, comprando a Rusia el gas que consume, la UE estaría financiando la destrucción de Ucrania, y es cierto. Pero es también cierto que, gracias a la aventura de Putin, la UE ha tomado conciencia de la necesidad de diversificar sus proveedores y tener mayor autonomía energética. A corto plazo, la UE reducirá los suministros de Rusia, importando gas de Argelia, Noruega y Asia, pero también LNG de EE. UU., que, como de costumbre, saldrá ganando de la guerra, lo mismo que China. Adicionalmente, auguro mayores avances en eficiencia energética, debido a la necesidad de ahorrar energía y de mayor investigación en ese campo.

A mediano plazo, se buscará mejor seguridad energética, complementando el renovado impulso a las intermitentes Energías Renovables No Convencionales (ERNC) con la “resurrección” de centrales atómicas en proceso de cierre e incluso de las a carbón. La necesidad tiene cara de hereje cuando se prioriza “energías de guerra” sin reparar en cuán “sucias” sean.

A más largo plazo, preveo un fuerte impulso al “hidrógeno verde”, generado de la electrolisis del agua con base en las ERNC y a la ansiada fusión nuclear, si la investigación y la economía lo permiten.

En fin, así reaccionan países que saben reconocer sus errores y aprenden de ellos para enmendarlos, a diferencia de otros países empantanados en nieblas ideológicas. De hecho, los impactos del alza de la energía no son alentadores para Bolivia y, sin embargo, nadie en el gobierno parece caer en la cuenta de la gravedad de la situación. De primer exportador de gas de la región, Bolivia está a punto de convertirse en importador neto de energía, debido a las crecientes compras de combustibles y la imparable caída de la producción de hidrocarburos.

Como muestra un botón: el Presidente de YPFB acaba de vaticinar que los ingresos por la exportación de gas serán este año superiores a los egresos por importar combustibles, pero olvida decir que casi el 50% de esos egresos se perderá irreversiblemente a causa del subsidio, la madre del cordero energético boliviano.

Sin embargo, no todas son malas noticias: el precio de la urea ha alcanzado valores que minimizarán los horrores cometidos con la PAU de Bulo Bulo y ofrecerán la oportunidad de exportar toda la producción de esa planta al mercado regional de fertilizantes, mientras haya gas y continuidad de producción.

Por todo lo anterior, insisto en la urgencia de emprender, antes de que sea tarde, un Plan de Transición Energética que permita al país hacer frente al inminente fin del ciclo del gas.

La dimensión religiosa del conflicto en Ucrania

Publicada en Página Siete y otros medios nacionales el 6/03/2022

He tomado prestado el título (y la fuente histórica) de esta columna del análisis del filósofo y periodista Jorge Enrique Mújica, publicado en http://es.zenit.org del 27/2/22.

Si bien la invasión rusa y la heroica resistencia de la población ucraniana no se relacionan directamente con causas religiosas, sabemos, sin embargo, cuán relevante puede llegar a ser el factor religioso, especialmente cuando se producen modificaciones de fronteras y desplazamientos forzosos de personas.

En efecto, no es fácil separar lo político de lo religioso en medio de conflictos étnicos. Cuando en el antiguo Israel, a la muerte del rey Salomón, se produjo un cisma político que dividió el reino de Israel en dos estados monárquicos, del Norte y del Sur (algo que para los profetas podía ser tolerable), al poco tiempo se promovió, desde el nuevo orden político, un cisma inaceptable entre el culto del Templo de Jerusalén y un nuevo culto inventado e impuesto en el reino del Norte.

¿Cómo olvidar, a este respecto, el fracasado intento de Evo Morales de crear, “a la carta”, la surreal Iglesia Católica Apostólica Nacional Boliviana?

Hace más de mil años se produjo el gran cisma religioso entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla, cuya confesión, autodenominada “ortodoxa” (o sea, de la correcta doctrina) sigue separada de la Iglesia “católica” (o sea, universal). Aún así, subsistieron iglesias de rito oriental que mantuvieron su comunión con Roma y precisamente una de éstas, la Iglesia greco-católica, cuenta hoy con un 10% de la población ucraniana, con mayor presencia en las regiones occidentales del país.

Los ortodoxos de Ucrania pertenecen a dos ramas, enfrentadas entre sí, que responden a los dos grandes Patriarcados, de Moscú y de Constantinopla. Desde Juan Pablo II ha habido un notable acercamiento de Roma con el Patriarca Bartolomé de Constantinopla (pero no así con el de Moscú, Kirill, amigo personal de Putin) y con la Iglesia Ortodoxa de Ucrania (IOU). Esta nueva confesión -que hoy representa el 40% de la población- se separó del Patriarcado de Moscú el año 1992, como corolario de la independencia de Ucrania (24/8/1991) y recién el año 2018 fue reconocida oficialmente como “autocéfala” (autónoma) por Constantinopla, profundizando aún más la división con Moscú, incluso con excomuniones de por medio.

Por tanto, es previsible que la invasión y sucesiva ocupación rusa de Ucrania ahondarán la grieta entre las dos Iglesias ortodoxas ucranianas, a tal punto que no se descarta que un objetivo secundario de la invasión sea “disciplinar” a la rebelde IOU. De hecho, es lícito suponer que una prolongada ocupación de Ucrania por el régimen de Moscú fortalecería la rama pro rusa (que cuenta aún con un 30% de fieles), en detrimento de la IOU (que incluso podría desaparecer, tras la probable incautación de sus bienes) y de la greco-católica, en medio de la guerra de proselitismos que desde siglos se combate en Ucrania, con la participación de los aguerridos y tradicionalistas líderes católicos de ese país.

A la espera del desenlace bélico y, ojalá, diplomático, en algo las tres principales confesiones ucranianas pueden colaborar (y en parte ya lo están haciendo): poner su infraestructura al servicio humanitario de las víctimas del conflicto; mantener las iglesias abiertas, como refugio y lugar de oración, incluso ecuménica; y buscar la paz y la reconciliación, antes que terciar en favor de una de las partes en conflicto. De ese modo, se evitará el peligro de echar gasolina religiosa a un fuego que está destruyendo a ambas naciones, por la insana ambición de poder de un individuo que ya se ha ganado un podio en la galería de los personajes más infames de la humanidad.

Al Capone y Jeanine Áñez

(El autor es ciudadano boliviano, por las dudas)

Es difícil entender las razones (y los presuntos crímenes) que han motivado al gobierno de Luis Arce a iniciar un juicio ordinario por “golpe” a la expresidenta Jeanine Añez, cuando todos los bolivianos hemos sido testigos del vacío de poder dejado alevosamente por los exgobernantes renunciantes, antes de abandonar el país. Ese “interregno” debía llenarse de la manera más urgente y legal posible y eso sucedió ante las renuncias en cadena de los llamados a suceder en el mando. Hubo acuerdos, con la venia de las exautoridades que seguían dando órdenes por teléfono a sus emisarias presentes en las reuniones de la Universidad Católica, acuerdos que, como de costumbre en Evo Morales, luego no se cumplen o se tergiversan. Personalmente, si me dan para escoger entre el testimonio de Mons. Scarpellini (QEPD), que facilitó esos encuentros junto a veedores internacionales, y el de las emisarias de Evo, no tengo dudas en quién confiar.

Pero, hoy tenemos un proceso en contra de una valiente mujer (que pudo abandonar país, pero no quiso hacerlo), a cargo de jueces observados hasta por su nombramiento, en medio de muchas irregularidades denunciadas por juristas independientes, mientras la justicia agoniza en su hora más vergonzosa.

Volviendo a las motivaciones del juicio de marras, la explicación más ocurrente apareció hace unos días en un tuit de un partidario del MAS, ni anónimo, ni lego en cuestiones jurídicas, que simplificaba y justificaba ese proceso haciendo una analogía con la condena del gánster Al Capone.

Como se sabe, al mandante de la masacre de San Valentín la justicia nunca pudo caerle por los múltiples crímenes de asesinatos, extorsiones y contrabando de licores, debido a la protección que le otorgaba el sistema político, policial y judicial de Chicago, hasta que fue procesado y encarcelado por un delito menor (evasión de impuestos).

Ahora bien -razona el tuit-, de la misma manera Jeanine Añez debería ser procesada mediante un juicio de responsabilidad por los funestos hechos de Sacaba y Senkata, pero, ante la renuencia de la oposición política a aprobar ese trámite si no se cambia antes a los magistrados observados, el gobierno de Arce ha escogido el camino de enjuiciarla en la vía ordinaria por un delito menor: “actos contrarios a la Constitución”.

Desde luego, el objetivo es encarcelar a la “gánster” Jeanine Áñez, y vengar, aunque sea con una condena menor, los crímenes que se impide juzgar, en lugar de sentenciar a los responsables de todas las muertes de esos días (investigando también a los dirigentes que aleccionaron a sus bases a lanzarse a una aventura foquista).

No me consta que esa sea la motivación oficial del gobierno de Luis Arce para ensañarse contra la expresidenta y los excomandantes de las Fuerzas Armadas; pero es innegable la distorsión del alcance del juicio abreviado, que es un instrumento jurídico creado para ahorrar tiempo y costas y no un medio de extorsión y tortura de Estado. Hasta se pueden oír cantos de sirenas: “si no quieren seguir sufriendo, ustedes y sus familias, declárense culpables y saldrán pronto de la cárcel. ¡Incluso podemos ofrecerles un cargo diplomático, si responsabilizan a otros procesados!”

La objeción principal que se me ocurre a la peregrina comparación Al Capone-Áñez es que hoy en Bolivia el sistema policiaco-fiscal-judicial está copado por la banda de Al Capone. Por tanto, no es Al Capone el que es juzgado en la persona de Áñez, sino es su camarilla la que, obedeciendo las órdenes y satisfaciendo los intereses personales de su “capo”, pretende juzgar y condenar a quien dio la cara para sacar al país del pozo en el cual quisieron hundirlo las ambiciones de unos cuantos enfermos de poder.

Publicado en Página Siete (y otros medios nacionales) el 19/2/2022