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¿Cambia la nacionalización?


La reciente culminación del proceso de compra del paquete accionario de la ETI-Telecom por parte del Estado (“nacionalización” en la jerga oficial) debería alegrarnos a todos los bolivianos, por varias razones.

Primeramente, por haber evitado un largo, costoso e incierto arbitraje ante el Tribunal de La Haya el cual, mientras duraba, dejaba en el limbo a la realidad jurídica de ENTEL, estatizada en el país, mas con la mitad de sus acciones en manos de la multinacional europea.

La segunda razón es el monto cancelado, “sólo” 100 millones de dólares. Hace más de un año, en un ensayo incluido en el libro “Nacionalización, el costo de una ilusión”, estimé que ese monto valía el paquete accionario de ETI Telecom, aun cuando esa empresa pretendía diez veces más. No soy tan adivino como aquellos videntes que suspendieron su congreso “por causas imprevistas”; pero conocía el valor de esas acciones del año 2005, cuando COTAS intentó comprar la mayoría de las acciones de ENTEL. Además, ese era el monto que ETI hubiera aceptado, si las negociaciones de los años 2007 y 2008 se hubiesen llevado a cabo con estilo y actores diferentes. De manera que ¡chocolate! (de Altobeni, no de cuartel) para los ministros Delgadillo y Arismendi, pacientes artífices del acuerdo. Y, además, ¡chocolate Ceibo!, si hacen público el acuerdo arribado con ETI, por motivo de transparencia y para despejar toda duda de los malpensantes.

Un tercer motivo para alegrarse es el mensaje que el Gobierno parece dar a los inversionistas. Es como si les dijera: Olvídense de la nacionalización agresiva de anteriores gabinetes; borren de sus recuerdos la innecesaria y contraproducente toma “manu militari” de las capitalizadas; eso era para la platea electoral. También a la nacionalización le llegó el cambio. Ha quedado atrás la insana estrategia de presionar a las empresas a volverse, a la mala, socios minoritarios del Estado y los “considerandos” de furibundos decretos que a la postre se han vuelto papel mojado, como la estrambótica y demagógica exigencia del descontar los pasivos contingentes del pago compensatorio. Acá, señores, toda estatización se paga y, además, se compensa a precio justo, con perdón de deudas incluido.

Si leemos este mensaje en el trasfondo de otros inminentes acuerdos con empresas que siguen en conflicto y de los recurrentes discursos presidenciales de apertura hacia las inversiones extranjeras, es posible percibir un cambio en relación a ese tema, fruto del pragmatismo congénito del Gobierno y de la necesidad que impone caretas de herejes hasta a los fundamentalistas del proceso. Como decía mi abuela, hay momentos en la vida en que se tiene que tomar decisiones, aunque sean las correctas.

Sin embargo queda la duda de si la nueva Constitución ayuda o perjudica a estas políticas de apertura. Personalmente, veo fuertes obstáculos, pero no murallas que el pragmatismo del “tenemos los 2/3, compañera” no pueda salvar. De hecho, el refrán distorsionado líneas arriba es, a su vez, una distorsión del original latín: “necessitas caret lege”; o sea, la necesidad se pasa la ley por donde, según una propaganda oficial llena de epítetos racistas, lo hace un malhablado periodista cruceño.

18 de noviembre de 2010

 

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