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Estado de excepciones


El Estado ha vuelto a ir asiduamente al mercado y, con los rasgos propios de un comprador compulsivo, adquiere de todo: comestibles y combustibles, aviones y satélites, cemento y bancos, armas y acciones.

Ahora bien, cuando una familia sale de compras no tiene más restricciones que su presupuesto y sus prioridades. ¿Pero el Estado con qué criterios se guía?

Hasta un monto moderado de gastos rige la confianza: tal vez porque combatir la eventual modesta corrupción saldría más caro que tolerarla. Las empresas interesadas en ofrecer sus servicios o productos acuden al portal de internet del SICOES; luego, una comisión calificadora contrata la oferta más conveniente.

Para adquisiciones mayores se recurre a licitaciones públicas, nacionales o internacionales, con procedimientos complicados y la intervención de más de una instancia, lo que no impide, debido a los montos elevados, la posibilidad de arreglos, más políticos que individuales. A veces, como en el caso de la licitación de El Palmar por ENDE, resulta que la única empresa que se presenta es descartada y reemplazada “excepcionalmente”, vía invitación, por otra que ni siquiera se había presentado a la licitación. Misterios de las empresas estatales que usan además dinero prestado por el Banco Central, el cual, “excepcionalmente” viola su propio Estatuto. En varios casos se crean “fideicomisos” a favor de empresas del Estado, sin que se  conozcan públicamente informes de montos recuperados (Contralor, contralor, ¿qué estás haciendo?).

¿Y qué decir de las compras muy elevadas, como el avión presidencial o las plantas separadoras de YPFB? Al contrario de lo que se podría pensar, gastar cientos de millones de dólares ahora resulta más fácil que gastar miles. Basta un decreto supremo de “excepción”, que más parece ser la regla,  firmado, por si las moscas, también por la ministra anticorrupción y asunto sellado. ¿Quién – a menos que le encante frecuentar fiscalías y juzgados – se anima a dudar de la transparencia de esa disposición?

Sin embargo lo más llamativo es cuando el Estado quiere comprar acciones, más aún si éstas no se transan en la Bolsa de valores, o sea no tienen precio referencial. Ni qué decir si se las compra a la fuerza (compra hostil) como se ha hecho con la llamada nacionalización. Ahí el grado de discrecionalidad llega a niveles astronómicos, como las “compensaciones” (¡lindo eufemismo!) que se pagan a las empresas extranjeras nacionalizadas, con carácter  “excepcional”, al estilo de: “compre ahora y  pague después, pero… sin descuentos”.

El colmo de la discrecionalidad es el DS 0621 del 2 de septiembre de 2010 mediante el cual se entrega a la ministra de Defensa Legal un monto máximo de dinero para que vaya “al mercado” a pagar por las acciones, nacionalizadas hace tres años, pero aún pertenecientes a la alemana Oil Tanking (ex CLHB). La ministra tiene el encargo de regatear algunos milloncitos de dólares, pero, sobre todo, de apurarse en llegar a un arreglo, porque si la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya llegara a fallar, esa insana política de compras forzosas de acciones podría costarle al Estado mucho más de lo que hubiese sido  razonable pagar, mediante una negociación previa.

En fin, queda la duda de si estamos ante un Estado de excepciones o nos encaminamos hacia un permanente estado de excepción.

2 de octubre de 2010

 

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Categorías:política y economía
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