Pro satellite suo


Cuando se contrapone la inversión en ciencia y tecnología a la inversión social, es muy fácil caer en la demagogia de qué es necesario y qué superfluo para la lucha contra la pobreza, de modo que no seré yo quien critique el gasto en el desarrollo científico, siempre que sea bien justificado.

Sin embargo, el artículo del director ejecutivo de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), publicado en Página Siete el pasado lunes, más se parece a la arenga de Cicerón en defensa de sus intereses (Cicero pro domo sua) que a una justificación técnica  y económica de un gasto de 300 millones de dólares, realizado sin licitación, gracias a los privilegios excepcionales del Presidente.

En efecto, después de exorcizar, con agua bendita de dudosa calidad, la acusación de que el satélite Túpac Katari sea otro elefante blanco (¿y la ley antidiscriminación?),  el director de la ABE se escuda en la importancia del acceso a  la información en nuestros tiempos. Eso es cierto y ojalá los ministerios tuvieran ese mismo sentir. Pero sabemos que,  junto a la información educativa y productiva, existe en la red mucha basura, de modo que el mero acceso a la internet no es, per se, sinónimo de desarrollo.

La afirmación de que “se favorecerá a los 3,3 millones de bolivianos más pobres que hasta ahora no han recibido los beneficios de las tecnologías de la comunicación” es una verdad a medias porque ENTEL, desde el proceso de capitalización, ha atendido las necesidades de comunicación del área rural, mediante telefonía fija y celular. Asimismo, el acceso a internet requiere de conocimientos y servicios básicos, como la electricidad, que todavía no son universales en Bolivia.

Además, la defensa de la ABE confunde buenos deseos con resultados alcanzables y opaca las cifras. Crear  algunos puestos de trabajo, capacitar al personal o amortizar los créditos de inversión no justifican un proyecto: éste debe identificar un problema real  y darle una respuesta factible y sostenible. Se debería aclarar, por ejemplo, que el crédito chino sólo cubre 250 millones de dólares y que el resto lo pone Bolivia; o que el alquiler actual del uso de satélites en Bolivia bordea los cinco millones de dólares, lo que, a simple vista,  no permitiría amortizar la inversión durante los quince años de vida del satélite, aún imponiendo un monopolio satelital.

No obstante, dejando de lado la lírica apologética, creo que ese proyecto merece ser apoyado: el mercado de las comunicaciones tiene un vigoroso crecimiento, especialmente en el sector de la transmisión de datos mediante banda ancha, en toda la región. Por tanto, el satélite podría ser, a mediano plazo, una buena inversión, social y económica, siempre y cuando los responsables de administrarlo tengan la capacidad de ofrecer tarifas y servicios competitivos para el mercado  interno y regional, eludiendo el riesgo, común a muchas iniciativas estatales, de que la política se sobreponga a una administración eficiente y transparente.

Porque, si de asombrar a la gente con una hazaña espacial se trataba, más importante y urgente, para el bienestar de toda la población, hubiese sido el traer de vuelta de la luna a los responsables de la política energética y alimentaria del país.

19 de febrero de 2011

 

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