Entrevistas recientes


A continuación pueden leer un par de entrevistas concedidas a revistas nacionales sobre hidrocarburos y otros temas.

Para Reporte Energía ( febrero de 2011)

Revisión de la ley de hidrocarburos

La ley 3058 de hidrocarburos, a escasos seis años de su promulgación, requiere de algunos ajustes, en parte dictados por la necesidad jurídica (adecuación a la nueva constitución) y en otra parte por la necesidad económica (normas fracasadas o inviables) .

La adecuación jurídica más importante es reducir los tres tipos de contrato petrolero previstos por la ley en vigencia por el único admitido por la CPE que es el contrato de servicios petroleros. Esa modificación, de hecho, no afecta a los contratos vigentes que pueden ser considerados como contratos de servicio en la nueva norma. Y es bien que así sea, para no empeorar el panorama jurídico del sector de hidrocarburos.

En cuanto a las modificaciones dictadas por la necesidad económica, la limitación de espacio de esta columna, sólo me permite hacer un listado justificado de los bloques principales que requieren ajustes e innovaciones. Ajustes que, por otro lado, pronosticamos desde el mismo momento en que se aprobó esa ley, más política que técnica.

El primer bloque es la estructura de YPFB, empresa que renació, con la ley 3058, desmembrada y contradictoria, con la asignación de muchas tareas y escasos recursos, con una confusión de roles que la historia reciente ha confirmado. Algo se ha avanzado, por lo menos en la estructura corporativa, pero en cuanto a eficiencia, autonomía y transparencia falta mucho que hacer.

En el tema tributario, la Asamblea Plurinacional requerirá de una gran dosis de valentía para cambiar por ejemplo la aplicación de un IDH de 32% a los campos declinantes de líquidos, una de las causas de la actual escasez de crudo en Bolivia y reemplazarlo por una escala dependiente de volúmenes y precios. Asimismo la distribución del IDH entre los gobiernos locales debería obedecer a criterios más racionales que los empleados en la ley 3058 y, finalmente, YPFB merece recibir el porcentaje de las regalías que ahora va al TGN, abultando las reservas internacionales.

Un capítulo que deberá ser severamente repensado es el régimen de exploración, empezando por aceptar reglas similares a las que rigen en la región. Licitar áreas, en lugar que dejarlas al capricho y discreción de YPFB; asociarse con privados con porcentajes racionales, en todo caso no más allá de los que la propia CPE impone; devolver los gastos de exploración si se descubre líquidos; simplificar la consulta indígena y los trámites de exploración son, más que una posibilidad, una urgente necesidad si se quiere salvar el negocio.

Finalmente, habrá que fijar reglas claras para el precio del gas en el mercado interno (especialmente si se quiere incentivar la industrialización del metano),  incentivos diferenciados por tipo de consumo (doméstico, comercial, transporte, uso industrial), de modo que no haya desequilibrio entre los volúmenes exportados en cantidades estancadas y a alto precio y los volúmenes comercializados en el país en cantidades siempre mayores y a precio regalado.

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Para Placer y Poder (febrero de 2011)

El (des)gasolinazo, un punto de no retorno de la credibilidad del Gobierno

El sorpresivo gasolinazo de Navidad era en realidad un incremento significativo del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), con impactos desastrosos sobre la economía de las clases urbanas empobrecidas. Ni las justificaciones, confusas y ambiguas, ni las medidas paliativas, tibias e improvisadas, convencieron al grueso de la población urbana, la cual finalmente logró que el mismo Presidente Morales anulara, a regañadientes, la medida.

En este contexto, a escasas tres semanas del “desgasolinazo” la encuesta realizada en el eje central por Captura Consulting confirma que el sentir de la gente, a pesar de la agresiva propaganda del Gobierno para justificar la frustrada medida, es altamente crítico y abarca a todo el manejo económico del Gobierno del MAS.

Si bien era de esperar que el gasolinazo tuviera más opositores que defensores, es sorprendente que los primeros sean más que el doble de los segundos (56% contra 25%). De hecho ese 25% parece ser el núcleo duro de los incondicionales del Gobierno, ya que ese porcentaje crece en las demás preguntas. Ese núcleo duro varía entre 39% en El Alto y 18% en Santa Cruz.

En torno al manejo de la economía, causa y origen del gasolinazo, los ciudadanos del eje central aplazan mayoritariamente el manejo de la economía (51%), poco menos de los que rechazan el gasolinazo. La excepción es El Alto que cree que el manejo es  regular (47%) antes que malo (31%).

La pregunta que pide juzgar la nacionalización de los hidrocarburos es la que más divide a la población. Lo que para los cruceños es un fracaso (18 puntos de diferencia), para los alteños es un éxito (18 puntos de diferencia), mientras que entre paceños y cochabambinos las opiniones están parejas.

La lección de esta pregunta es que el mito de la nacionalización empieza a hacer agua inclusive entre los sectores urbanos afines al MAS. Es de prever que futuras encuestas, en tiempos de crisis, acentuarán aún más la desmitificación del “buen manejo” de la economía y de la bondad de la nacionalización.

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