Anexo D masista



Pagina Siete, 3/3/12

En medio de la euforia y la confusión ocasionadas por la firma de los nuevos contratos de operación, es posible que a muchos se les hubiesen escapado algunas cláusulas que, más que el cambio anunciado, tienen que ver con la continuidad de normas y conductas en la relación entre petroleras trasnacionales y el Estado boliviano.

En la hipótesis de que algunos de mis lectores no se hubieran enterado, u olvidado, del Anexo D de los contratos firmados al amparo de la Ley 1689 de Hidrocarburos (la promulgada por G. Sánchez de Lozada), recordaré el escándalo que se produjo el año 2004, cuando se reveló lo que ya se sabía: que las petroleras, dando cumplimiento a ese anexo, pagaban por cuenta y orden de YPFB contratos y pasajes a  expertos y funcionarios del sector de Hidrocarburos.  Eran tiempos difíciles para el presupuesto de YPFB y esa modalidad, en la práctica, era la única forma de financiarse.

En mi calidad de Delegado Presidencial, en ese entonces, me tocó ser el blanco principal de acusaciones no de delitos (que no los había), sino de la “falta de ética estatal”, por los montos cobrados anteriormente como consultor de YPFB. Una comisión “ad hoc” del Parlamento, en un curioso contubernio de todos los descalificados partidos “tradicionales” (la misma juntucha que aprobó las barbaridades que hay en la nueva Ley de Hidrocarburos), buscó en vano sacar un provecho político de ese asunto con miras al Referéndum del gas.

Consecuentemente, era de esperar que los jacobinos de la ética estatal, en el momento de firmar nuevos contratos petroleros, eliminaran todo atisbo de sumisión a las transnacionales. Sin embargo los artículos 15.1.l y 16.4 de los nuevos contratos abrieron las puertas, vía la cláusula 4.1.1.f del “nuevo” (vaya ironía) Anexo D, a que YPFB pudiera recibir financiamiento de las petroleras para su personal.

Con estos antecedentes, y a pesar de la bonanza presupuestaria que hoy vive la petrolera estatal, la que le ha permitido triplicar su planilla en menos de seis años, es triste ver que el discurso de la recuperación de la dignidad nacional haya quedado en saco roto, cuando se trata de ahorrarse unos billetes. Dos episodios recientes confirman esta apreciación.

El 16 de febrero último, para celebrar el cuarto aniversario de la Alianza Bolivariana de los pueblos de nuestra América (ALBA) hubo en Madrid una gran recepción para 400 invitados, en la cual la embajadora de Bolivia agradeció públicamente a Repsol, en la persona de su presidente Antoni Brufau, por haber “pagado las copas” (El País); no se sabe si a cambio de “cantar unas coplas”, género literario en que descuella el actual Gobierno. Como no hay cenas gratis en este mundo, algo más debe existir en la curiosa alianza entre Repsol y los gobiernos antiimperialistas.

Más grave aún, desde la ética estatal, me parece el hecho de que YPFB Corporación, que hoy navega en plata, recurra a la misma Repsol para cancelar los servicios de una organización chilena de Viña del Mar, en el marco de convenios firmados entre ambas empresas, que nunca se hicieron públicos.  El monto, poco más de mil dólares, es tan insignificante que el patrocinio, más que a una necesidad presupuestaria, parece responder a una conducta congénita de sacar provecho de las transnacionales, renunciando a la dignidad, ahora plurinacional, del Estado.

En fin, aunque esto ya no cause sensación, el MAS vuelve a hacer exactamente lo que estigmatizó cuando estuvo en la oposición.

  1. Francesco Zaratti
    marzo 8, 2012 a las 7:31 pm

    Reproduzo la respuesta de YPFB a esta columna. respuesta que fue publicada en Los Tiempos el miercoles 7 de marzo.

    Sobre el Anexo “D” y la “capitalización”

    ¿Quién no recuerda el famoso Anexo “D” de los contratos de riesgo compartido (joint ventures) aprobados en el gobierno de Sánchez de Lozada para legitimar las “bondades de la mal llamada capitalización/privatización” que transfirió la propiedad nacional de los hidrocarburos a manos privadas, dejando exiguas ganancias para el Estado y, por ende, para todos los bolivianos y bolivianas?

    A título de servicios de consultoría y comunicación, los mismos gestores del proceso que redujo YPFB a condición residual, con la vigencia de la Ley 1689, idearon un fondo que se nutría con aportes de todas las petroleras para servicios diversos coberturados en consultoría y comunicación que beneficiaron a cientos de “tecnócratas” bolivianos y extranjeros a quienes se pagaba por opinar públicamente a favor de aquel amañado proceso e inclusive sugerir cómo perfeccionarlo.

    El objetivo era claro, convencer (engañar) al pueblo que desconocía a ciencia cierta cómo se administraban los contratos petroleros y más aún saber cuáles eran sus mecanismos y resultados pues los “joint ventures” habían adoptado la figura de “secreto de Estado”, así como las finanzas de las empresas petroleras, propietarias de nuestros hidrocarburos, hasta mayo de 2006.

    Como las mentiras tienen patas cortas y ninguna de ellas puede durar 100 años, menos aún si conlleva una abierta injusticia y contradicción con los intereses nacionales, se develaron entre 2003 y 2004 no sólo los contratos joint venture, sino además una extensa como escandalosa lista de “consultores”, “promotores”, “asesores”, etcétera a quienes se pagaba, por cuenta y orden de YPFB residual, contratos, pasajes, viáticos y otras dádivas. La lista fue hecha pública por el delegado presidencial para la revisión de la capitalización, Juan Carlos Virreira, quien fue apartado de la función y a los pocos meses falleció en un extraño accidente aéreo.

    Es precisamente en este listado de los beneficiarios del Anexo “D” que aparece el físico italiano Francesco Zaratti, quien después toma la posta como delegado presidencial para la revisión y “mejora” de la capitalización/privatización por instrucción del expresidente Carlos Mesa, intentando convencer con una serie de fórmulas, ensayos y triquiñuelas sobre la necesidad de dejar tranquilas a las petroleras —para las cuales trabajó— y preservar y mejorar los joint ventures con algunas ofertas sociales.

    Sin embargo de los esfuerzos de Zaratti, el gobierno que representó y otros intereses transnacionales no pudieron frenar la decisión del pueblo boliviano expresada en el llamado referéndum del gas que pese a consultar sobre un cuestionario manipulado que excluyó y satanizó la palabra “nacionalización”, se pronunció de manera contundente sobre la necesidad de recuperar los recursos naturales a favor del Estado, abrogar la Ley 1689 y refundar YPFB para que se haga cargo de la cadena productiva.
    Este mandato fue recogido en parte por la Ley de Hidrocarburos 3058, pero, lo más importante, fue operativizado y constitucionalizado por el Gobierno del presidente Evo Morales para beneficio de todo el pueblo boliviano.

    Ahora bien, llama la atención la persistencia del señor Zaratti y “otros analistas” beneficiarios del tristemente célebre Anexo “D” gonista, para intentar desprestigiar a la nacionalización, añorando los réditos y bondades de la capitalización/privatización, superada históricamente con la vigencia del D.S. 28701 “Héroes del Chaco” que dio curso a la suscripción de los actuales Contratos de Operación firmados con las compañías petroleras.

    Zaratti escribió el artículo de opinión “Anexo D masista” que él mismo se encargó de gestionar personalmente en varios periódicos el fin de semana, nuevamente para intentar manipular a la opinión pública nacional, conjeturando situaciones irreales presuntamente para “sacar nuevamente provecho de las transnacionales”(*).

    No se equivoque señor Zaratti, ni magnifique malintencionadamente los hechos, los Contratos de Operación tienen una cláusula denominada específica (Cláusula 16.4) “Capacitación de Personal” donde se establece clara y transparentemente la modalidad de efectuar programas anuales de capacitación tanto para el personal de la petrolera como para el personal de YPFB.
    Esta cláusula termina señalando: “Los Costos en que incurra el Titular por estos conceptos se considerarán Costos Recuperables”. Ahora bien, YPFB evidentemente canceló el mes pasado algo más de 1.000 dólares por los servicios de una organización por la capacitación de dos de sus funcionarios, en función de los contratos de operación que autorizan este mecanismo.

    La diferencia entre el Anexo “D” gonista, que no era otra cosa de repartir migajas y prebendas y permitió no una falta de ética estatal, sino una conducta hasta inmoral, con recursos de las empresas petroleras, por parte de algunos “expertos promotores”, y el actual Anexo “D” de los Contratos de Operación en vigencia, aprobados por el Órgano Legislativo y protocolizados por el Estado de Bolivia, consiste en que estos últimos constituyen “Costo Recuperable” y son finalmente honrados por YPFB.

    (*) N. del D.- Se aclara que Francesco Zaratti no hizo ninguna “gestión personal” para que se publique el artículo mencionado, pues es columnista permanente de éste y otros matutinos de nuestro país desde hace muchos años.

    El autor es Gerente Nacional de Administración de Contratos de YPFB Corporación
    Por: Edwin Álvarez Pantigozo Columnista

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