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Un pacto para Margarita


Pagina Siete 28/4/2012

El informe de la Gaffney, Cline y Asoc. (GCA), que determina la conectividad del principal reservorio del campo Margarita con el campo Huacaya, abre varias interrogantes sobre cómo repartir las regalías entre Tarija y Chuquisaca. Al respecto, considero que a esa empresa consultora no le correspondía adoptar la decisión jurídica sobre las regalías, sino tan sólo determinar técnicamente el porcentaje del reservorio que corresponde a cada departamento.

De hecho, hay, en este asunto, enredos jurídicos, técnicos y políticos.

Existen contradicciones entre el art. 368 de la CPE y los art. 45 y 52 de la Ley 3058 de Hidrocarburos que podrían salvarse ampliando la definición de “departamento productor” a todos los que comparten un reservorio. Sin embargo, esa interpretación corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional y no a un Ministerio, menos a una consultora extranjera. Además, la Ley 3058 norma cómo repartir las regalías en el caso de un reservorio compartido, pero no menciona nada del IDH y no es evidente que esa norma deba extenderse automáticamente al IDH.

Desde el punto de vista técnico, no se trata de un campo con un solo reservorio compartido: actualmente Margarita-Huacaya tiene tres reservorios; el mayor de ellos es compartido (H1b) y dos (H1a y H2b) están ubicados enteramente en territorio tarijeño. En vista de que las regalías se pagan con base en la producción, ¿no deberían distribuirse en proporción a la participación de cada departamento en el reservorio compartido? No. La Ley 3058 señala que las regalías se comparten sobre las reservas totales del campo. De ese modo Chuquisaca, que tiene el 41.5% del H1b, reservorio que proporciona el 86% de la producción, recibiría, no el 35% de las regalías de la producción, sino el 25%, que corresponde a su participación en los tres reservorios del campo. Adicionalmente, para ese cálculo, GCA atribuye a Huacaya 1 TCF de reservas, cantidad que no está certificada.

Los aspectos políticos, por su parte, muestran a un Gobierno sin protagonismo, en el fuego cruzado de dos gobernaciones oficialistas y escudándose en el informe técnico. El nudo gordiano del conflicto más que en la distribución de las regalías, cuyas ambigüedades pueden dirimirse por la vía legal, reside en la eventual retroactividad del pago. En efecto, Margarita está produciendo desde el año 2004. Este tema es engorroso: mañana podría aparecer otro departamento que comparte un reservorio, tal vez el mismo H1b, y reclamar retroactividad o descubrirse en Huacaya otros reservorios enteramente en territorio de Chuquisaca y … a recalcular las regalías.

Ante todos estos embrollos y susceptibilidades no queda más que la solución por la vía del pacto. A pesar de todo, la solución que propone la GCA, analizada serenamente, equivale a lo que Tarija recibiría sin Huacaya y Chuquisaca sin Margarita. De ese modo el conflicto técnico se desinfla y, al contrario, los dos departamentos deberían velar por un aprovechamiento óptimo de los reservorios. La retroactividad, por las implicaciones mencionadas, mejor dejarla afuera. El pacto debería ser: las regalías se comparten desde el día en que se certifica la conectividad de un reservorio.

¿Y el IDH? Mi propuesta es que el 4% se pague al departamento donde están ubicados los pozos productores, como compensación por el impacto ambiental que presupone tener esa actividad en su territorio.

En fin, compartir razonablemente la riqueza entre hermanos es mejor que alentar un conflicto de impredecibles consecuencias.

  1. Franz Rafaél Barrios González
    mayo 1, 2012 a las 9:45 am

    ¿El informe de la Gaffney, acaso tiene carácter de “cosa juzgada” o es “vinculante”?; ¿acaso es irrevisable como para que se afirme que “adoptó la decisión jurídica sobre las regalías” de forma absoluta como se cree? No. Ya que es un mero informe, peticionado evidentemente a instancia de parte, que deberá ser refrendado (o no) por el Estado para recién volverse cuestionable (o no) en sus eventuales efectos jurídicos; sino es un simple informe cuestionable -tan solo- técnica y/o políticamente. Otra situación es que el Gobierno evite que Tarija mande hacer un otro informe o hasta un tercer informe “dirimitorio”.

    Por otro lado ¿por qué una norma sustantiva-hidrocarburífera tiene que disponer sobre la disciplina tributaria? Pues resulta que la Ley de Hidrocarburos paradójicamente dispone sobre la disciplina tributaria: Sección II del Capítulo II del título IV de la Ley de Hidrocarburos, instituye y dispone expresamente acerca del impuesto directo a los Hidrocarburos (IDH).

    Ahora bien, surge la pregunta ¿qué tienen que ver los impuestos en éste tema?

    Desde una perspectiva relacional, en cada evento jurídico, pueden intervenir uno o múltiples sujetos en distintas situaciones jurídicas. En este caso el tema tributario sólo compete a la administración tributaria y al sujeto pasivo (empresas transnacionales explotadoras de los reservorios), y a nadie más. Los departamentos nada tienen que ver en su cobro. Muy distinto es que eventualmente puedan, una vez cobrado y pagado, ser acreedores de un porcentaje en su repartición. Pero el IDH como tal no tiene nada que ver con el problema.

    • mayo 1, 2012 a las 10:12 am

      Estimado Franz,
      Gracias por tu comentario, que comparto con algunas precisiones.
      1. el informe Gaffney deberia ser eso, un informe tecnico al cual el gobierno puede darle valor juridico. Sin embargo el Gobierno (YPFB y MEH) se está escudando en el informe para no agarrar la papa hierviente.
      2. El IDH, por sus caracteristicas, es una regalia encubierta, por lo menos eso es lo piensan los tributalistas que participaron en la redaccion de la Ley 3058 de hidrocarburos. Por eso, creo yo, Chuquisaca y algunas tablas de YPFB lo incluyen en la renta por compartir. coincido que los impuestos no deberian estar en una ley especifica, pero si solo supieras como se redactó la Ley 3058 entre Santos Ramirez, Aruquipa, Cossio y Vaca Diez, no te sorprenderias de esa y otras barbaridades que se aprobaron. Cuando la prioridad es “politica”, los aspectos tecnicos y de logica pasan a segundo plano. Mira solo lo que hicieron con YPFB. Por eso no deberia uno sorprenderse si Carlos Mesa rehusó poner su firma a esa ley.
      3. Mas alla de la bondad tecnica del informe (la cual deberia ser refutada con argumentos tecnicos y no legales, menos politicos), queda el conflicto que, a mi criterio, esta sobredimensionado y que tendria una justa y fácil solucion con un pacto como el que propongo en el articulo que has tenido la gentileza de comentar.
      Saludos.

      • mayo 1, 2012 a las 12:21 pm

        Sr. Zaratti. Mesa suele hallar “coincidencias” de la Ley 3085 con su rechazado Proyecto de Ley de Hidrocarburos*, si bien no en todo, sí en lo que le conviene; y según él, en lo “sustancial” que dejó su Referéndum. En consecuencia, me pregunto ¿hasta qué punto pueden ser, el proyecto de Mesa y la Ley del MAS, disimiles?

        Por otra parte, no veo un problema efectivamente, sino simplemente un falso problema creado por algunas incertidumbres jurídicas que, a cada paso, reclaman “Ley especial” e inducen hacia una superfetación normativa.

        Usted afirma que el tema debería abordarse con técnica específica y no desde el Derecho o la política. Sin embargo, insistiéndole con respecto a su solución propuesta, le recuerdo que las instituciones jurídicas del Derecho de los Hidrocarburos (y por tanto cualquiera de sus objetos) son de orden público y no pueden ser objeto de acuerdo, pacto, tratado o contrato alguno. Por ello, considero, vuestra solución es inviable. Por lo que restaría, a mi considerar, aplicar la Ley vigente.

        Saludos.
        __________________________________
        *(Aspectos del Proyecto de Ley de Hidrocarburos del Gobierno de C. Mesa que fue Rechazado por el Congreso en 2005), Carlosdmesa.com

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