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¿Guardabosques del Sur?


Página Siete 20/06/15

El Decreto Supremo 2366, recientemente aprobado, se inscribe en la política de otorgar incentivos a la exploración de los hidrocarburos, permitiendo que territorios destinados a la conservación de la biodiversidad – Áreas Protegidas (AP) – se abran a la actividad petrolera.

El mencionado decreto tiene pros económicos y contras ambientales y es una muestra del “proceso de cambio” del partido de Gobierno desde la aprobación de la Ley de Hidrocarburos No. 3058, cuando se opuso terminantemente a cualquier forma de exploración petrolera en las AP, llegando a ponerle un candado legal en la nueva Constitución. Entonces el MAS buscaba votos y apoyo de las organizaciones ambientalistas para su proyecto de ley, ahora busca recursos para seguir gastando a mansalva.  El objetivo ha cambiado, pero la  lógica es la misma: antes que la suerte de las AP está el interés político.

Hay que estar conscientes de que, una vez que se permite ingresar a un Área Protegida, ésta se vuelve  desprotegida para toda actividad, principalmente cuando esta última viene envuelta de un manto “social” como es el caso de las cooperativas mineras o de los cultivos de coca.

De hecho, existen dos concepciones “bipolares” sobre el uso de la tierra: la que sólo busca explotar su riqueza económica y la que le reconoce un valor intrínseco en el marco de la conservación de la vida de todos sus habitantes. En su oscilar entre esos dos polos, el Gobierno afirma que los eventuales recursos provenientes de las AP permitirían eliminar la “extrema pobreza”, especialmente en las comunidades indígenas que habitan esos territorios. Esa lucha, en el supuesto que las comunidades indígenas estén dispuestas a llevarla a cabo al estilo de los gobiernos, no depende sólo de los recursos financieros que se tienen, sino de un modelo económico que no se base sólo en la explotación de los recursos naturales.

Al contrario, el origen del DS 2366 parece ser  la urgencia, incluso desesperación diría yo, de facilitar las inversiones para reponer reservas y seguir extrayendo mayores volúmenes de hidrocarburos; o sea, para seguir alimentando al Estado rentista actual. Posiblemente se trata de un incentivo más a la inversión, pero dudo que esa medida surta efectos. Bolivia sigue siendo un país poco atractivo para las escasas inversiones de riesgo que operan hoy en América Latina por las razones que todos conocemos y que no es necesario repetir. Otros dirán que el DS 2366 es el precio de una nacionalización ejecutada con miopía estratégica.

En cuanto a las consecuencias de la aplicación del decreto de marras, hay impactos sobre la población nativa que habita esas áreas: la vida de esas comunidades ya no será la misma que antes, en lo bueno y en lo malo. De hecho se abrirán caminos para llegar a los campos potencialmente productivos como “venas abiertas”, diría Galeano, por las cuales fluirá inexorablemente la angurria de otros sectores económicos. En teoría, un control estricto podría mitigar algunos de esos impactos, pero sabemos cuán limitada es la presencia y la autoridad del Estado en regiones alejadas, especialmente cuando hay poderes económicos y presión social incontenibles. Finalmente, y no por ello menos relevante, está la reacción de los pueblos indígenas afectados que podría desencadenar conflictos mayores, como sucedió con el TIPNIS.

Si como muchos pensamos, el verdadero objetivo del Gobierno es generar recursos a costa de la biodiversidad de las AP  para seguir “invirtiéndolos” en proyectos faraónicos, de nada le servirá escudarse en el rechazo al rol de “Guardabosques del Sur”. Bastaría con que se quite otra de sus caretas y abandone de una vez la retórica de la Madre Tierra.

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