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Se han despreocupado de las exploración


Entrevista de Pablo Peralta M.  /Página Siete
Francesco Zaratti, físico y analista, considera que el gran mérito de la llamada nacionalización es haber logrado la renegociación de los contratos con las empresas petroleras, aunque considera que en este proceso se despreocuparon del tema de exploración.

“La ‘nacionalización’ de Evo Morales fue la culminación de un proceso de reforma de la industria de hidrocarburos en Bolivia, que concluyó con la renegociación de los contratos y, sucesivamente, con la recompra de acciones”, dice.
El especialista, que fue delegado para la Revisión y Mejora de la Capitalización durante el gobierno de Carlos D. Mesa, le toma el pulso a este proceso, a los 10 años de aquella medida; y cuenta, además, por qué durante el gobierno con el que colaboró no se optó por una nacionalización clásica.
Zaratti  explica que el cargo de delegado tenía dos funciones: revisar la capitalización para poner en evidencia sus luces y sombras; y proponer, además, mejoras a ese proceso. Aquello se efectuó, cuenta, a través de eventos e incluso libros. Una de las actividades que organizó la delegación fue una conferencia para dar a conocer las propuestas para la mejora de la capitalización, las cuales tenían que ver con la reconstitución de YPFB.
“Lo que aportó la capitalización  fueron reservas. Se puede discutir el monto,  pero aportó reservas suficientes para un plan de desarrollo del país”, dice  Zaratti.
¿Por qué en el gobierno de Mesa no se vislumbró la nacionalización?
En el gobierno de Mesa una de las opciones fue la nacionalización. Obviamente, si uno habla de la nacionalización en Bolivia, habla de las nacionalizaciones que siempre ha habido, las dos anteriores.
Entonces, debía ser una tercera nacionalización en el sentido puro de la palabra. Cualquier otra cosa no era una nacionalización y si lo hubiese hecho, como lo ha hecho Evo Morales, Carlos Mesa, los primeros que hubiesen estado en la calle reclamando hubiesen sido la oposición del MAS y de los movimientos sociales.
¿Y por qué no era -no es- posible hacer una nacionalización clásica?
Porque las condiciones de la industria eran completamente diferentes a 1936 o 1969. Ahí se trató de reemplazar una sola empresa por la empresa estatal, y además una empresa estatal, en el 69, que existía,  era robusta,  y que pudo hacerse cargo de los campos de la Gulf.
En el caso del siglo XXI, no era una sola empresa; eran diferentes empresas. Algunas empresas no eran puramente privadas, eran capitalizadas. Es decir, la mitad era propiedad del Estado; había como cinco, seis países con los cuales lidiar, y había un yacimientos que ya se lo ha definido “residual”, que era una palabra técnica para decir: todo lo que quedaba después de haber capitalizado.
No es que era descartable. Ha sido mal entendida esa palabra, pero sea como sea no estaba absolutamente en condición de poder hacer una nacionalización clásica (…). Se denominó nacionalización a un proceso que en realidad era la cola de algo que ya había empezado con el referéndum del gas,  con la Ley 3058. El grueso está ahí.
¿Por qué considera aquello?
 Con el referéndum del gas se definieron las líneas maestras de la reforma de la Ley de Hidrocarburos. Con la Ley 3058 -muy mal a mi criterio, con criterios muy parciales, muy político- se definieron los impuestos, se definieron varias estructuras nuevas de la industria de hidrocarburos de Bolivia y lo que quedaba se arregló con la nacionalización. ¿Y qué quedaba? La renegociación de los contratos con las empresas, para que las empresas siguieran produciendo en el nuevo esquema que marcaba el referéndum y la Ley de Hidrocarburos, y esto se logró. Yo creo que el gran mérito de la nacionalización es haber logrado la renegociación de los contratos.
¿Por qué se puede decir que YPFB comenzó a renacer en el gobierno de Mesa?
Porque ahí se tomó una decisión estratégica de reconstituir esa empresa. El gran problema era cómo hacerlo en el marco de la legalidad, lo que significaba que yacimientos tenía que volver a operar, pero no tenía campos en ese momento; a no ser la participación en Andina, en Chaco y en Transredes, que le dejó la capitalización al Estado boliviano a través del fondo de capitalización colectiva.
Entonces, el gran dolor de cabeza que tuvimos en la delegación era cómo transferir las acciones de los bolivianos a acciones de yacimientos, de manera que yacimientos pudiera operar. Eso podía haber sido una parte del capital de yacimientos en ese momento, pero no había los grandes precios que vinieron a partir del 2008. No había los grandes volúmenes que empezaron a crecer a raíz de los contratos ya firmados.
Entonces, el Estado no tenía la capacidad  de hacer esto ni había el respaldo político  suficiente para adoptar medidas como el decreto de nacionalización. Una parte del éxito del decreto de nacionalización era el respaldo político que tenía el gobierno de Evo Morales.  Con el 54%, las empresas sabían a quién se enfrentaban.
Mientras que con un gobierno débil políticamente, que no tenía mayoría parlamentaria… Tenía oposición en las calles de los movimientos sociales, sindicatos, etc., como era el de Carlos Mesa, evidentemente las empresas levantaban más la cabeza.
¿Cuál es la principal falencia del proceso que identifica?
Hay diferentes falencias. Una general es la visión cortoplacista que ha tenido este Gobierno de los hidrocarburos, como él que ha ganado la lotería, entonces se dedica simplemente a gastar porque tiene tal cantidad de plata que puede hacerlo.  Pero la plata de la lotería también se acaba. Si uno no invierte esto, no hace, no tiene que invertir necesariamente en billetes de la lotería, pero tiene que invertir diversificando la economía,  haciendo que el proceso se vuelva sostenible.
Hay un pecado original que está en la Ley de Hidrocarburos, a mi criterio, y en la renegociación de los contratos, que se han despreocupado de la exploración; y esto es algo en lo que todos los analistas coincidimos: es decir, privilegiar la explotación con inversiones, con todo, dando todos los incentivos posibles para que haya explotación, para que aumente la producción, aumenten las ventas y aumente el dinero, y no preocuparse de la exploración; buscar nuevas reservas, de hacer sostenible el negocio, de pensar en contratos que se iban a vencer. Esto es, yo creo, el mayor defecto.
El otro defecto es el diseño de yacimientos. Yacimientos ha sido diseñado como siempre, como una empresa del partido de gobierno, y las consecuencias las vemos.
Tercero: no involucrar a la población en esta fase de recuperación. A mí me hubiese gustado una empresa más similar a Ecopetrol, por ejemplo, donde los ciudadanos puedan tener acciones, aunque sea una mínima parte, pero que sientan que la empresa es suya y que obligue a Yacimientos a ser transparente, a cotizar en Bolsa, a publicar estados financieros, a publicar boletines estadísticos.
Hoy vemos que la transparencia casi ha desaparecido. No se cumple la ley con las reservas, no se publican boletines estadísticos desde junio de 2015. Tampoco hay transparencia en el nombramiento de autoridades (…).  Es decir, la falta de transparencia hace que estas empresas sean botín del Gobierno de turno y esto no se quería con la refundación de Yacimientos.
Y cuarto, una falta de planificación sobre las inversiones en industrialización.
¿Cómo resumiría la clave para reconducir el proceso?
Primero, es un baño de realidad. Las actuales autoridades, ya sea del ministerio, de Yacimientos, creo que viven en otro planeta. Tienen que estar conscientes de dónde están los defectos de esta gestión.
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