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Soberanía no rima con Cancillería

Página Siete, 27/07/2019

Los conflictos por ríos y aguas internacionales siguen jugando un papel protagónico y avivando sentimientos encontrados en las relaciones internacionales con Chile. De hecho, sin necesidad de remover el doloroso tema del río Lauca, ni de referirse a la demanda en curso en la Corte de La Haya sobre las “aguas del Silala”, he conocido otra disputa que involucra a nuestro país sin que aparentemente el Gobierno esté enterado.

Manuel José Ossandón es un senador chileno del partido conservador Renovación Nacional, un personaje mediático y polémico por sus posturas. Hace pocos días, alertado por un reclamo de los pobladores de la punta chilena inserta entre Perú y Bolivia, el senador hizo una denuncia que encontró cierto eco en la prensa de su país y que me llamó la atención en cuanto incluye también a Bolivia en un reclamo de Chile a Perú sobre desvío de aguas internacionales.

Según la noticia reportada por El Mercurio (edición de Antofagasta), el senador Ossandón acusa a Perú de haber desviado unilateralmente las aguas del Uchusuma, un río de trazado sinuoso que nace en Perú y cruza territorio chileno, con el fin de alimentar un canal que lleva esas aguas a la región peruana de Tacna para fines de riego.

Estuve leyendo en El Mercurio los comentarios de los lectores a la noticia (un género que nuestros periódicos digitales aún no han desarrollado a plenitud) y, después de ojear unos 50 comentarios y descartar loas e insultos al senador, llegué a ciertas conclusiones.

En primer lugar, el desvío de marras ocurrió hace treinta años aproximadamente, de modo que la denuncia del senador es, cuanto menos, extemporánea. Pero, para el arraigado nacionalismo chileno nunca es tarde para denunciar una irregularidad y exigir a su Cancillería actuar en consecuencia. Curiosamente, no ha habido reacciones oficiales, de ambos lados.

Sin embargo, algún lector informado, con base en un conocido trabajo científico del ingeniero y arqueólogo chileno Hans Walther Rafael Niemeyer Fernández (fallecido el año 2005) sobre la hidrografía de esa región, comentó e hizo notar que en el Tratado de Lima del 1929 Chile cedió al Perú los derechos de aprovechamiento del río Uchusuma. Textualmente el art. 2 del Tratado dice, en la parte pertinente: “…Chile cede a perpetuidad a favor del Perú, todos sus derechos sobre los canales de Uchusuma y del Mauri, llamado también Azucarero, sin perjuicio de la soberanía que le corresponderá ejercer sobre la parte de dichos acueductos que queden en territorio chileno después de trazada la línea divisoria a que se refiere el presente artículo…”

Por tanto, como los tratados se respetan (un “leitmotiv” de la Cancillería chilena), muchos lectores hicieron hincapié en la artificiosidad de la denuncia y sugirieron al senador de marras dedicarse a causas más nobles.

Ahora bien, en el texto de Niemeyer se lee que el río Uchusuma corre 40 km en territorio peruano, 8 km en Chile y los últimos 30 km en territorio boliviano, hasta confluir en el río Mauri, un afluente del río Desaguadero, el cual finalmente muere en el lago Uru Uru al sur de Oruro. Pero resulta que desde hace 30 años el lecho del Uchusuma es seco en los 8 km chilenos y en los 30 bolivianos.

Consecuentemente, si bien Chile no tiene motivos para reclamarle a Perú, en virtud del Tratado de 1929, Bolivia sí conserva derechos sobre las aguas del río Uchusuma, debido a que no firmó el Tratado de marras.

La pregunta que se hará usted, estimado lector, y que transmito a nuestra Cancillería, es: ¿conoce el ministro este asunto? Y, si lo conoce, ¿qué acciones ha desplegado la Cancillería en los últimos 30 años para defender los intereses y la soberanía de Bolivia sobre las aguas del río Uchusuma?

La internacionalización de YPFB

Página Siete, 13 de julio de 2019

Agobiadas por la crisis que está sufriendo la mayor empresa pública del país y desorientadas ante el “cambio de época” del mercado regional del gas, las actuales autoridades han sacado del sombrero, adornado con su gastada retorica, el conejo de la “internacionalización” de YPFB.

En efecto, hasta ahora YPFB ha participado del negocio del gas exclusivamente en territorio nacional: el gas, la urea y el GLP de exportación se entregan en la frontera. Sin embargo, emprender negocios en otros países es algo que YPFB debería haber hecho hace diez años, cuando las condiciones eran favorables para sentar presencia en países limítrofes y asegurar mercados y futuro para el sector. Se podía haber participado comprando acciones de termoeléctricas del Brasil o de Refinor de Argentina, con la cual – como denuncié oportunamente-  se prefirió hacer turbios negociados antes que poner en práctica estrategias de largo alcance en beneficio del país.

Por lo visto, para el actual Gobierno “internacionalizar” YPFB implica, en primer lugar, firmar un sinnúmero de cartas de intenciones -viajes y eventos mediáticos de por medio- que casi siempre quedan archivadas en elegantes carpetas de cuero.

Un ejemplo son las intenciones reveladas a raíz del reciente gabinete binacional Perú-Bolivia; tres disparates a los que lo mejor que les puede pasar es que se queden en el papel. Me refiero a la red con LNG en el lado peruano del Desaguadero, la construcción de una engarrafadora de GLP en Puno y, sobre todo, la exportación de LNG por un puerto peruano, un proyecto rechazado, hace 20 años, por Evo Morales y sus aliados, pero anhelado hoy cuando no se tiene el gas, ni el financiamiento para la infraestructura, ni el mercado.

Un nuevo escenario se abre debido a la reingeniería en curso de Petrobras, que consiste en la obligación de salir de las actividades de transporte y distribución del gas y reducir drásticamente su rol de importador. También en Brasil, el monopolio ha tenido como consecuencia un costo escandaloso del gas al consumidor, injustificable dadas las nuevas condiciones del mercado regional, inundado de gas del Presal, de Vaca Muerta y de un LNG cada vez más barato. El objetivo principal de los cambios es fomentar el uso masivo de gas en hogares, vehículos e industrias. Consecuentemente, a contramano de lo que se comenta, Brasil requerirá volúmenes crecientes de gas, incluso de Bolivia  si se dan las condiciones.

Ante esa situación, sería un error tremendo por parte de YPFB adquirir activos de esas actividades abandonadas por Petrobras, como pretende una alta autoridad adicta a deportes extremos. No se trata de invertir dinero (que YPFB ya no tiene) para hacerse de “fierros” para cobrar tarifas de no se sabe qué gas, sino de asociarse con distribuidores locales, especialmente de los Estados fronterizos, para asegurar mercados estables y duraderos para el gas que sí podemos ofrecer, a Petrobras y a otros clientes.

De hecho, internacionalizar YPFB implica descartar las malas prácticas e imitar las buenas de las empresas estatales de la región. Aprender de PDVSA a no usar la empresa como oficina de empleo de militantes y caja chica de proyectos faraónicos. Aprender de Ecopetrol a democratizar la empresa, abriendo el paquete accionario a los ciudadanos para que apoyen y fiscalicen la gestión de una empresa que es del pueblo y no de un partido o un gobierno. Aprender de Petrobras la exigencia irrenunciable de la transparencia institucional, de la guerra a la corrupción y de las alianzas público-privadas.

En suma, internacionalizar YPFB significa abandonar la lacra del estatismo secante y remontar la grave crisis en la que la han sumido la improvisación y la ineptitud.

Debatir o no debatir: el dilema de los candidatos

Página Siete, 29/6/19

Es una costumbre universal que los candidatos a ocupar cargos públicos debatan entre sí sobre los temas relevantes de la campaña electoral. En Bolivia también el público, televisivo esencialmente, esperaba con interés la confrontación de ideas, acusaciones y, a veces, insultos entre los candidatos a la silla presidencial. Esa costumbre ha sido interrumpida por Evo Morales en la campaña del año 2005, inaugurando, de ahí en adelante, la costumbre de sus partidarios de evitar el debate y preferir dar rollos ante audiencias domésticas y domesticadas.

Generalmente, existen razones, reveladas y ocultas, para eludir un debate democrático: los que se sienten ganadores prefieren evitar riesgos inherentes a una confrontación con un adversario sediento de protagonismo y de remontar las preferencias electorales. No es el caso de Evo Morales cuya ventaja en las encuestas es por mucho inferior al porcentaje de indecisos, que esperan ser conquistados mediante el relato y la defensa de los logros del “proceso de cambio”.

Entre las razones ocultas están la inseguridad del candidato oficialista para  hacer frente al discurso y los ataques de sus adversarios. Según una norma universal, rinde más atacar y criticar que defender y justificar, con el añadido de que lo fuerte de Evo Morales no son las matemáticas ni la lógica. En suma, para el oficialismo el dilema consiste en sopesar el costo-beneficio de evadir el debate.

Por esas razones, y al margen de las bravatas del Vice, los estrategas oficialista prefieren curarse en lo sano y “debatir con el pueblo”, lo cual consiste en llegar del cielo en helicóptero, sonreír ante los  disparates de los llunkus locales, dar el rollo que se ajusta a la audiencia, empoderar a los “operadores” electorales y ascender nuevamente al cielo en el mismo medio.

A su vez, el dilema de los opositores es más complejo. Por instinto electoral y por las razones arribas mencionadas, les convendría exigir un debate con el candidato oficialista. En particular, los candidatos más rezagados en las encuestas no tendrían nada que perder y mucho que ganar, aunque el protagonismo lo llevarían, como es obvio, las candidaturas mejor posicionadas en las encuestas.

Sin embargo la elección de este año es un tanto peculiar. La dupla oficialista es considerada espuria por la mayoría de los opositores, a raíz del Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016, de modo que para ellos no sería políticamente correcto “legitimar” a candidatos que no deberían estar en la papeleta electoral, aún a costa de perder la posible ventaja que tendrían en un debate.

Ahora bien si los candidatos opositores declinaran ir a un debate estarían haciendo el juego de los masistas, que en el fondo anhelan eludirlo. Si, al contrario, los opositores decidieran desafiar a los oficialistas, recibirían las críticas de la mayoría de los ciudadanos que el 21F dijo NO a las pretensiones de perpetuación en el poder de Evo Morales.

¿Cómo salir de este entuerto? De hecho, el oficialismo no hará nada para viabilizar un debate, o dirá que estaría dispuesto, pero son los opositores quienes se rehúsan, condicionados por el 21F.

Sin embargo, pienso que los opositores tienen dos formas de seguir exigiendo el debate entre candidatos a presidente. La primera es debatir con el Presidente en ejercicio (no con el “candidato espurio”) con el fin de cuestionar la gestión de 13 años de su gobierno.

La otra es ir al debate para “cantar las verdades” de una candidatura no sólo espuria sino contaminada por el absoluto sometimiento a ese binomio de las instituciones que deberían garantizar una elección transparente. Aún a sabiendas que un tal debate público siempre tendrá una silla vacía.

Categorías:política y economía