Como náufragos en un océano de mentiras

Ante la proximidad de un tsunami económico-financiero, el ministro Marcelo Montenegro se ha sincerado con la prensa internacional destapando la gran mentira  con la que un impresentable exministro de Hidrocarburos, hecho al oceanógrafo, embaucó a la población y al gabinete de entonces, incluido al entonces ministro de Economía, hoy Presidente del Estado. Queda la duda: ¿se hicieron embaucar por ingenuos o por cómplices?

Y ya que estamos en vena de sinceramientos, el ministro podía haber mencionado otra gran mentira del entonces vicepresidente cuando, al crear un fondo de incentivos a la exploración con base en retenciones del IDH a sus beneficiarios, aseveró que por cada dólar “invertido” en ese fondo se recibirán hasta 8 dólares.  Nadie recibió nada, el Fondo se ha “estido”, pero se sigue descontando el IDH.

Para no hablar de la Gran Mentira Original, la de Evo Morales y sus acólitos de respetar el referéndum del 21F, que ha diseminado un cáncer agresivo en el cuerpo social y político de Bolivia desde hace cuatro años; o de la mentira del presente gobierno, al empezar su gestión, de empeñarse a cambiar la justicia, hasta caer en la cuenta de cuán útil es, para el poder, utilizar a su antojo jueces, fiscales, policías, leyes y la constitución. Por eso, dicho sea de paso, contribuiré con mi firma al éxito de la iniciativa ciudadana de los juristas independientes: ¡YO FIRMO!

Ni qué decir de las mentiras de los juicios internacionales perdidos, en La Haya y en los arbitrajes, que han costado dinero público y descrédito internacional; o de la cantaleta de que somos un país pacifista. ¡Basta ya de falsedades! Es evidente que no se trata de mentiras aisladas, sino de un régimen mentiroso, que suele sacrificar el bien común y la verdad sobre el altar del interés partidario para conservar el poder a como dé lugar.

Ahora bien, si no queremos hundirnos en ese océano de mentiras, hay que emprender algunas acciones urgentes.

En el sector energético, en particular, es necesario realizar un control de daños de la nacionalización, ante su fracaso “a mediano y largo plazo”, como se advirtió oportunamente y como acaba de confirmar una prestigiosa consultora. En efecto, Wood Mackenzie pronostica que, sin cambios estructurales, la producción de gas bajará de 40 (2022) a 11 MMmcd (2030), volumen insuficiente para el consumo interno. Cierto o no, el espectro de la importación de gas está en puertas.

Más allá de los parches, confusos y costosos, de los biocombustibles, la clave es retomar la exploración “en serio”, no con las quimeras del PGE de este año, como se ha analizado en medios de prensa especializados (LEA230113.pdf). Urgen cambios razonables en el régimen tributario, que podrían funcionar si se dejara de lado la ideología secante que sigue ofuscando a los responsables del sector.

Paralelamente, hay que encaminar “en serio” una transición energética que disminuya a tiempo la dependencia de las menguantes fuentes fósiles. Si no se lo hace aún es porque se le tiene miedo a la democratización de la energía y a la superación del rentismo, base de todo populismo paternalista. 

Otro gran sinceramiento del gobierno sería que reconozca la insostenibilidad del subsidio universal a los combustibles. Lo que debería quitarnos el sueño, además del gasto en divisas -siempre más escasas en el Banco Central y en YPFB- para la importación, es el impacto del subsidio.  El PGE-2023 prevé que, con el petróleo por los 80 $ el barril, el subsidio podría llegar a 1.250 M$, por encima de las reservas en divisas del BCB. Se trata de dinero dilapidado por el TGE y YPFB con el único fin de maquillar (manteniendo baja la inflación) las llagas de un modelo económico fracasado.

Publicado en Página Siete (digital), y otros medios bolivianos, el 21/01/2023

UNIFORMÁTICOS KAFKIANOS

Columna No. 322 de la «era Página Siete», publicada en ese periódico y otros medios nacionales, el 7/01/2023

En medio de las críticas a la Policía por su desmesurada violencia, quisiera felicitar a esa institución del Estado por el conocimiento de sus uniformados de uno de los grandes escritores del siglo XIX. En realidad no a todos los uniformados, sino a un grupo selecto del Ministerio de Gobierno que llamaré “uniformáticos”, fanáticos del genial Franz Kafka.

No otra cosa se puede colegir al analizar su obra maestra, el “Trámite de Autorización de Vidrios Oscurecidos” (TRAVO), un absurdo a toda vista por querer “autorizar” la circulación de vehículos importados legalmente (y por tanto autorizados) que llevan vidrios oscurecidos desde fábrica. ¡Kafkiano!

Para ese fin, el DS 4740 busca “el mantenimiento de la seguridad y orden público”. No dudo de que se cometan delitos (y otras intimidades) al amparo de vidrios que no dejan ver el interior del vehículo, sin embargo, la razón por la cual por lo menos las vagonetas llevan vidrios oscurecidos es otra: evitar robos de objetos que, a falta de una baulera, quedan expuestos a la vista. O sea, exactamente lo contrario de lo que se busca con el TRAVO. Moraleja: para prevenir unos eventuales casos delictivos, se prefiere exponer a la inseguridad a todos los poseedores de esos vehículos. ¡Kafkiano!

Ahora bien, el TRAVO consiste en obtener una “autorización” para circular con vidrios oscurecidos, pero la norma no aclara si la autorización es para el vehículo (permiso de circulación) o para el conductor (permiso de conducir). Colocar una roseta en el vidrio del coche cada dos años hace pensar en lo primero (hecho que no excluye el eventual uso delictivo del coche), pero exigir el certificado de antecedentes policiales del dueño sugiere lo segundo (aunque tenga validez solo por tres meses). Eso me recuerda el cuento de un Fulano que se quejaba con su amigo por el robo de su auto “mientras dormía”. “Qué raro -comentó su oyente- tu auto nunca duerme; con seguridad le echaron algo en la gasolina”. Si las personas, y no los coches, cometen delitos, tal vez sería suficiente que un conductor de un vehículo con vidrios oscurecidos renueve anualmente su certificado de antecedentes policiales. Caso contrario, ¿qué se controlará, finalmente, si el coche tiene la roseta o si el conductor no tiene antecedentes? ¡Kafkiano!

El costo anunciado del TRAVO es Bs. 200, pero, en realidad, es más de 400, gracias a un certificado que otorga la Policía para presentarlo a la misma Policía. ¡Kafkiano! Por eso sospecho que la verdadera finalidad del TRAVO es proporcionar más ingresos a la Policía esquilando y fastidiando al ciudadano. Para maquillar el TRAVO, los uniformáticos han diseñado un trámite on line que, en teoría, requiere cinco días, pero que tarda semanas, y, si no avanza por problemas técnicos, hay que apersonarse a una oficina para obtener, con respectiva cola, el certificado. Como se dice, más enredado un trámite, más ganancias de corruptos.

Por último, la parte más kafkiana del TRAVO llega cuando termina el trámite on line y el dueño debe presentarse con el vehículo en un único lugar para La Paz y El Alto. Resultado: colas kilométricas que empiezan la noche anterior y terminan la tarde del siguiente día; calles aledañas obstruidas por los coches en fila; sin servicios higiénicos; sin ningún trato preferente para mujeres embarazadas y adultos mayores (violando el art. 7º de la ley 369); con decenas de transportistas impedidos de trabajar; todo con el fin de entregar documentos ya verificados y obtener, con suerte, la ansiada roseta. ¿Es mucho pedir que los uniformáticos apliquen menos Kafka y más la CPE?

En fin, el TRAVO confirma que los trámites burocráticos son tan irracionales como los gobiernos que los aprueban.