Ensuciarse los pies

Publicado en Página Siete (digital) y otros medios nacionales el 1 de abril de 2023

La idea de esta columna nació hace unos días al examinar una investigación de “Encuestas y Estudios” (E&E Consulting Group) acerca del estado de la religiosidad en el mundo. Resulta que el 67% de los bolivianos se identifican como personas religiosas (el promedio mundial es 62%); el 70% cree en la vida después de la muerte (contra el 57% en promedio); asimismo creen más en el paraíso (72%) que en el infierno (62%), siempre por encima del promedio. En conjunto, los bolivianos están entre los más religiosos de América Latina, junto a Perú y México. Al otro extremo se sitúa Europa, la otrora llamada “Cristiandad”, que parece haber sepultado laicamente el legado civilizatorio de Benito de Nursia, Gregorio Magno, Bonifacio de Maguncia, Francisco de Asís y Teresa de Ávila.

Por esa razón, en puertas de la Semana Santa, no quise eludir una reflexión en torno a este trágico y glorioso acontecimiento, como un homenaje a la religiosidad de nuestro pueblo.

Entre las narraciones que integran la Semana Santa (entrada de Jesús en Jerusalén, Última Cena, el juicio “a la boliviana” a Jesús por parte de las autoridades judías y romanas, la muerte, resurrección y apariciones de Jesucristo) he optado por un episodio aparentemente sencillo, como es el Lavatorio de los pies, narrado por el evangelio de San Juan al comienzo del capítulo 13.  Encuentro tres elementos que merecen ser resaltados: el gesto de Jesús, la resistencia de Pedro a ser lavado y unas extrañas palabras de Jesús acerca de que sólo los pies necesitan ser lavados.

La exegesis del gesto de Jesús no es unánime. La Iglesia ve en el Lavatorio un gesto eucarístico: debido a que San Juan no narra la institución de la eucaristía en la Cena, el lavado de pies sería su equivalente, en una correspondencia de gestos y alusiones para significar la entrega libre y el amor llevado al extremo.

Por otro lado, es sabido que el lavar los pies de un invitado a un banquete en el antiguo Medio Oriente era una tarea reservada a los esclavos (si los había, pero nunca a judíos) o a uno mismo, poniendo a disposición del huésped una cofaina con agua limpia. Jesús, el Maestro y Señor, se despoja de su gloria y asume la condición de esclavo para significar que el servicio, y no la autoridad, debe primar en el seno de las comunidades cristianas. Pedro, de hecho, se rebela ante el gesto de humildad de Jesús, pero lo acepta cuando Jesús le da a entender que dejarse lavar y purificar por Él es la única manera para alcanzar la salvación. Un detalle no menor es que Judas, el traidor, está presente y sus pies son lavados y secados por Jesús. De igual manera, Judas participa de la Cena eucarística, porque Jesús atiende y, ama y llama a servir incluso a los pecadores, sin discriminaciones.

Queda por entender el alcance de estas crípticas palabras de Jesús: “El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio” (Jn 13,10). Sin embargo, Jesús nos insta a lavarnos “los pies” unos a otros, imitando su gesto.

El entonces cardenal Ratzinger recordaba, a este respecto, que San Agustín interpretó esas palabras en el sentido que el bautizado, purificado por Cristo, no puede, en nombre de preservar esa “limpieza” recibida en el bautismo, apartarse del mundo, sino que tiene que salir a abrir camino a Cristo, ensuciándose los pies en los caminos polvorientos para que Jesús se los lave a su vez antes de pasar a su mesa.

Por tanto, es lícito ver en el lavatorio de los pies una invitación de Jesús a todos los bautizados (y a las Obras de la Iglesia, como la UCB) a no tener miedo de ensuciarse los pies con la política (¿hay algo más sucio en el mundo?) y de lavar los pies de los demás, dejándonos lavar los nuestros por el Señor.  

Como náufragos en un océano de mentiras

Ante la proximidad de un tsunami económico-financiero, el ministro Marcelo Montenegro se ha sincerado con la prensa internacional destapando la gran mentira  con la que un impresentable exministro de Hidrocarburos, hecho al oceanógrafo, embaucó a la población y al gabinete de entonces, incluido al entonces ministro de Economía, hoy Presidente del Estado. Queda la duda: ¿se hicieron embaucar por ingenuos o por cómplices?

Y ya que estamos en vena de sinceramientos, el ministro podía haber mencionado otra gran mentira del entonces vicepresidente cuando, al crear un fondo de incentivos a la exploración con base en retenciones del IDH a sus beneficiarios, aseveró que por cada dólar “invertido” en ese fondo se recibirán hasta 8 dólares.  Nadie recibió nada, el Fondo se ha “estido”, pero se sigue descontando el IDH.

Para no hablar de la Gran Mentira Original, la de Evo Morales y sus acólitos de respetar el referéndum del 21F, que ha diseminado un cáncer agresivo en el cuerpo social y político de Bolivia desde hace cuatro años; o de la mentira del presente gobierno, al empezar su gestión, de empeñarse a cambiar la justicia, hasta caer en la cuenta de cuán útil es, para el poder, utilizar a su antojo jueces, fiscales, policías, leyes y la constitución. Por eso, dicho sea de paso, contribuiré con mi firma al éxito de la iniciativa ciudadana de los juristas independientes: ¡YO FIRMO!

Ni qué decir de las mentiras de los juicios internacionales perdidos, en La Haya y en los arbitrajes, que han costado dinero público y descrédito internacional; o de la cantaleta de que somos un país pacifista. ¡Basta ya de falsedades! Es evidente que no se trata de mentiras aisladas, sino de un régimen mentiroso, que suele sacrificar el bien común y la verdad sobre el altar del interés partidario para conservar el poder a como dé lugar.

Ahora bien, si no queremos hundirnos en ese océano de mentiras, hay que emprender algunas acciones urgentes.

En el sector energético, en particular, es necesario realizar un control de daños de la nacionalización, ante su fracaso “a mediano y largo plazo”, como se advirtió oportunamente y como acaba de confirmar una prestigiosa consultora. En efecto, Wood Mackenzie pronostica que, sin cambios estructurales, la producción de gas bajará de 40 (2022) a 11 MMmcd (2030), volumen insuficiente para el consumo interno. Cierto o no, el espectro de la importación de gas está en puertas.

Más allá de los parches, confusos y costosos, de los biocombustibles, la clave es retomar la exploración “en serio”, no con las quimeras del PGE de este año, como se ha analizado en medios de prensa especializados (LEA230113.pdf). Urgen cambios razonables en el régimen tributario, que podrían funcionar si se dejara de lado la ideología secante que sigue ofuscando a los responsables del sector.

Paralelamente, hay que encaminar “en serio” una transición energética que disminuya a tiempo la dependencia de las menguantes fuentes fósiles. Si no se lo hace aún es porque se le tiene miedo a la democratización de la energía y a la superación del rentismo, base de todo populismo paternalista. 

Otro gran sinceramiento del gobierno sería que reconozca la insostenibilidad del subsidio universal a los combustibles. Lo que debería quitarnos el sueño, además del gasto en divisas -siempre más escasas en el Banco Central y en YPFB- para la importación, es el impacto del subsidio.  El PGE-2023 prevé que, con el petróleo por los 80 $ el barril, el subsidio podría llegar a 1.250 M$, por encima de las reservas en divisas del BCB. Se trata de dinero dilapidado por el TGE y YPFB con el único fin de maquillar (manteniendo baja la inflación) las llagas de un modelo económico fracasado.

Publicado en Página Siete (digital), y otros medios bolivianos, el 21/01/2023

Francisco no renuncia

Publicado en Página Siete ( y otros medios nacionaales) el 6/8/2022

La reciente visita del papa Francisco a Canadá ha puesto en evidencia el deterioro de su ya frágil salud y ha avivado los rumores en torno a su inminente renuncia. No sabemos si esos rumores se volverán realidad, pero, indiscutiblemente, este papa a algo no renuncia.

Primeramente, Francisco no renuncia a ser valiente y humilde, al reiterar el pedido de perdón de la Iglesia a las víctimas del genocidio cultural producto de las políticas gubernamentales de colonización a las que instituciones católicas colaboraron activamente. Eso sucede cuando se subordinan los valores evangélicos a la colaboración acrítica con los gobiernos, un pecado en el cual todas las religiones suelen caer fácilmente.

Asimismo, Francisco no renuncia a quitar privilegios a la Curia y a instituciones religiosas. El reciente Motu proprio “Para tutelar el carisma” quita al Opus Dei una serie de privilegios concedidos por Juan Pablo II, como la “prelatura personal” del Papa y el derecho a que el Prelado sea obispo, entre otros. Siempre hubo dudas y chismes acerca de las razones de esos privilegios, pero lo cierto es que ahora el Opus Dei dependerá, como cualquier otra congregación, del Dicasterio del Clero, al cual deberá rendir cuentas. Sin embargo, creo que el mayor beneficiario de esa medida será el propio Opus Dei, en la medida en que emprenda un camino de purificación para deshacerse de su excesivo poder y de sus privilegios mundanos para recuperar el carisma de la obra.

Finalmente, Francisco no renuncia a “mirar hacia adelante” en temas polémicos de la moral sexual y matrimonial, que pertenecen al ámbito de la ética progresiva, pero cuya doctrina representa una barrera que separa a muchos bautizados de la Iglesia. En particular, la moral sexual referida a la concepción y a la regulación de la natalidad ha transitado en los últimos 50 años de la controvertida encíclica “Humanae vitae” de Pablo VI (1968), que cosechó disensos y críticas, incluso en el seno de la jerarquía de la Iglesia, hasta la tajante “Evangelium vitae” de Juan Pablo II (1995), que reafirmaba la doctrina más conservadora al respecto.

Lo valioso de las encíclicas mencionadas es la defensa del derecho a la vida y a la procreación frente a políticas, impulsadas por las grandes potencias y sus organismos internacionales, de imponer el control de la natalidad en los países pobres mediante coerciones que también Bolivia ha sufrido. Comparto con aquellas enseñanzas que la pobreza no es consecuencia del crecimiento demográfico, sino todo lo contrario. De modo que, antes de imponer políticas antinatalistas, sería mejor ocuparse en reducir la pobreza.

Ese concepto no ha variado con el papa Francisco, pero algo se mueve en torno al otro concepto de “paternidad responsable” que implica concebir los hijos que una pareja está en condiciones de criar y educar en el mundo de hoy, y no del siglo XIX.

La pregunta, que a mi venerable edad resulta totalmente desinteresada, es: ¿de qué métodos (no abortivos, se entiende) dispone una pareja para elegir responsablemente ese número ideal de hijos? La respuesta de la Iglesia sigue siendo la defensa de la eficacia de los métodos “naturales” que, como se sabe, de eficaces y naturales no tienen mucho. Más aún, ¿no será que promoviendo esos métodos se alienta una especie de “paternidad irresponsable”, porque se obtiene un resultado que no se quiere?

Un reciente seminario de expertos, impulsado por el propio papa Francisco, ha debatido sobre “condiciones y circunstancias prácticas que harían irresponsable la elección de engendrar” y ha abierto una ventana que puede ayudar a reconciliar a la Iglesia con parejas cristianas marginadas de los sacramentos por querer ser responsables.

¿Es el aborto un derecho?

Publicado en Página Siete, y otros medios nacionales, el 9 de julio de 2022

La reciente sentencia de la Corte Suprema de los EE. UU., que revierte un fallo anterior sobre el “derecho al aborto”, ha levantado una polvareda que ha distorsionado el análisis sereno y el debate en torno a las implicaciones de esa sentencia.

Las repercusiones políticas del fallo no se han hecho esperar: demócratas y republicanos, con miras a las elecciones de medio término de noviembre, han reaccionado, respectivamente, con júbilo y bronca: para los primeros es la reivindicación del derecho a la vida del embrión, para los otros un impredecible retroceso en las conquistas civiles y feministas.

Se ha querido opacar la sentencia con el argumento de que la actual Corte ha sido nombrada, en su mayoría, por presidentes conservadores, sin considerar la complejidad y transparencia del proceso de ratificación de esos jueces.

Asimismo, se ha denunciado consecuencias sociales (que la sentencia penaliza a las mujeres pobres de los Estados conservadores) y presiones de grupos de poder, en especial de las influyentes iglesias evangélicas.

A pesar del consejo de amigos de evitar esas arenas movedizas, máxime cuando me considero un lego del derecho, me gustaría compartir con mis lectores una reflexión de índole conceptual, sobre un aspecto relevante de la sentencia.

Parto de una pregunta: ¿el llamado “derecho al aborto” es realmente un derecho? Si lo fuera, sería un raro derecho, que necesita ser despenalizado para ser ejercido.

Sin duda no es un derecho “constitucional”, como ha reconocido la misma Corte, basándose en que no está mencionado en la carta magna explícitamente y tampoco existen argumentos sólidos para incluirlo implícitamente. De modo que la Corte no podría cimentar el fallo en sus atribuciones (la aplicación de la Constitución), como tampoco debería hacerlo su homónimo boliviano, con base en el Título II de nuestra Constitución.

Queda, sin embargo, la posibilidad de que el llamado “derecho al aborto” sea parte no de la moral universal -base de los derechos fundamentales- sino de la ética, contingente y evolutiva, que inspira la ley civil. Ésta se fundamenta en lo que es considerado permisible o penalizable por la mayoría de la gente en una dada sociedad histórica. Por ejemplo, un comportamiento moral como el adulterio en el pasado fue criminalizado en muchos países y, sin embargo, hoy es considerado, a lo sumo, como una causal de divorcio. Al contrario, la contaminación de los ríos, que fue olímpicamente ignorada durante siglos, hoy es considerada un crimen de suma gravedad.

Ahora bien -parece decir la Corte- el aborto pertenece al ámbito de la moral contingente y evolutiva, de modo que es la sociedad en su conjunto la que debe decidir en cuáles casos se considera impune interrumpir un embarazo y en ningún caso un tribunal puede arrogarse la facultad de decidirlo en su lugar. Esa función les corresponde a los legisladores, que deben traducir el sentido moral de sus electores en leyes que, desde luego, no deben ir en contra de derechos constitucionales.

En resumen, de ninguna manera la polémica sentencia de la Corte Suprema ha “suprimido el derecho al aborto”, como se ha dicho y escrito, sino que ha devuelto la decisión sobre esa materia a los electores de cada Estado, cuya métrica ética puede ser más o menos permisiva en cuanto a establecer las causales que vuelven impune un aborto.

Finalmente, creo que hay controversias que deben dirimirse políticamente en las urnas y no ante tribunales sujetos a presiones de corporaciones o de modas a veces inducidas. Pienso, en particular, en la funesta sentencia del TCP 084/2017 que se inventó un inexistente “derecho humano” a la reelección indefinida con el único fin de burlar la voluntad popular.

Laboratorios naturales

Publicada en Página Siete, y otros medios nacionales, el 11/06/2022

Más allá de los recientes escándalos, las universidades bolivianas siguen enfrentando el reto de la investigación. Sin investigación una universidad no debería llamarse tal; a los sumo será una guardería juvenil.

En esa actividad todas las universidades del país sufren carencias infraestructurales (laboratorios), económicas (presupuesto) y científicas (investigadores competentes), de modo que, salvando excepciones, los magros resultados saltan a la vista.

En el siglo pasado la investigación universitaria era en gran medida voluntarista. Partía de la iniciativa de un investigador, normalmente de regreso de sus estudios de posgrado, que, en no pocos casos, volvía a salir del país, frustrado por no poder seguir investigando en un ambiente carente también de incentivos. Adicionalmente, la toma de decisiones acerca de las políticas de investigación quedaba en manos de dirigentes docentes y estudiantes que, en aburridos eventos, seguían interrogándose en torno al “qué, cómo y quiénes” de la investigación.

Un país que ha avanzado firmemente en ese campo es Chile. En ocasión del reciente cambio de gobierno, me enteré de que el gabinete de Gabriel Boric seguirá impulsando los “Laboratorios Naturales” (LN), un concepto que ha despertado interés en el vecino país, particularmente en su Cancillería, desde la publicación del libro homónimo de José Miguel Aguilera y Felipe Larraín el año 2020.

Según la definición del mismo Dr. Aguilera, investigador de la Universidad Católica de Chile, los LN son “una singularidad o anomalía geográfica o geofísica a nivel planetario que atrae atención internacional, y que otorga ventajas comparativas para realizar investigación con impacto científico, social y económico”.

Esa noticia me llenó de alegría, debido a que desde hace 20 años en Bolivia, precisamente en el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UMSA, que por entonces yo dirigía, se forjó y aplicó exitosamente ese modelo, aunque sin plasmarlo en libros.

De manera sintética mencionaré que primero identificamos un área de investigación de interés de la población boliviana (la elevada Radiación ultravioleta y sus efectos sobre la salud), luego caímos en la cuenta de que Bolivia podía ofrecer lugares y temáticas de investigación atractivas para institutos similares del exterior, pero con mayores recursos y experticia. El estudio de la capa de ozono en altura fue la primera concreción de un LN, en colaboración con el INPE del Brasil. Luego promocionamos la atmósfera de los Andes tropicales que, como se sabe, es un indicador relevante del cambio climático. Con un puñado de laboratorios europeos emprendimos una “cooperación horizontal” que se concretó en la revitalización del prestigioso Laboratorio de Chacaltaya (a más de 5200 msnm). De ese modo, pese a los modestos recursos económicos del proyecto, siguen llegando al país equipos de vanguardia; hay intercambio permanente de científicos; se publica en revistas internacionales y una docena de brillantes graduados, la mitad mujeres, han podido cursar estudios de posgrado y recibir becas de investigación.

Además de la altura tropical, Bolivia posee otros LN (Amazonia, salares, glaciares, sitios arqueológicos, entre otros) que los institutos universitarios están en parte promocionando para construir una cooperación científica horizontal seria y duradera.

Ahora bien, si reemplazamos “laboratorios naturales” por “proyectos de desarrollo” de alcance internacional, el concepto sigue válido. Bolivia necesita no solo inversión privada (nacional y extranjera) para su desarrollo, sino inversión “constructiva”, como un reciente estudio de la Fundación Milenio ha evidenciado, para que sea mutuamente beneficiosa y duradera.

¿Paladines o verdugos del Estado?

Publicado en Página Siete y otros medios nacionales el 14/05/2022

La obra maestra del MAS el año 2005 fue unificar los movimientos sociales alrededor de pocas, pero eficaces, consignas ideológicas y muchos, y seductores, acuerdos de repartición de los beneficios del poder.

La consigna principal fue recuperar el rol del Estado y de sus empresas después del ciclo neoliberal, revirtiendo las políticas de achicamiento del aparato estatal que se practicaron en Bolivia después de la catástrofe del gobierno de la UDP. De ese modo, los paladines del Estado emprendieron un programa que tuvo su momento estelar en la “nacionalización” y en la reestatización de las empresas capitalizadas.

Sin embargo, la realidad nos muestra que los paladines del Estado han gobernado en contra de éste, destruyendo la institucionalidad (que es el equivalente estatal del buen gobierno corporativo de la empresa privada), como indican algunos hechos incontrovertibles que paso a describir.

Las empresas del Estado, recuperadas en ese proceso, han buscado la ambigüedad de ser, al mismo tiempo, propiedad mayoritaria del Estado y empresas anónimas con el fin manifiesto de evadir el control fiscal de las draconianas leyes anticorrupción. El reciente contrato incestuoso entre YPFB y su subsidiaria Refinación S.A. para la construcción del enésimo elefante azul es un ejemplo de lo afirmado.

Para construir un Estado fuerte y eficiente se esperaría que los funcionarios fueran elegidos entre los mejores profesionales y sean dignamente remunerados. Al contrario, la constante ha sido la asignación de pegas con base en “cupos” o “avales” de los sectores sociales, privilegiando a los dirigentes sindicales que aseguran la lealtad de sus bases, y el perverso sistema de los interinatos. El resultado es, en general, incompetencia, improvisación, dependencia y lealtad hacia los que los nombraron. Y, encima, todos los beneficios son para los trabajadores de empresas privadas, como el reciente incremento salarial y la reincorporación obligatoria, beneficios que se les niega a los funcionarios públicos.

Un Estado fuerte y digno debería ser transparente, pero, para no ir lejos, se mantiene oculto el texto de la Sexta Adenda del contrato YPFB-IEASA para no que no se sepa quién paga las penalidades de los menores envíos a Petrobras.

Se reconoce que un logro de los últimos 15 años ha sido la inclusión social de los pueblos indígenas, pero ese mismo Estado, a pesar de la bonanza económica, ha sido incapaz de avanzar con la inclusión educativa, indispensable para una real inclusión. De hecho, la educación pública sigue tanto o más deficiente que antes.

Se ha denunciado repetidamente los efectos perversos de los subsidios ciegos que vacían las arcas del Estado sin beneficiar a los que realmente necesitan esas ayudas; se trata de otro ejemplo en que la defensa del Estado se supedita a intereses electorales y partidarios.

En todo país y en todo gobierno se suscitan actos de corrupción que son atentados contra la salud del Estado. La diferencia está en cómo se encaran esos actos: con valentía para extirpar ese cáncer del cuerpo del Estado o con lealtades partidarias que echan un manto de silencio y olvido, cuando no de premios, sobre los responsables y destrozan el tejido moral de la nación.

En efecto, el verdadero “daño al Estado” no es solo el económico de los corruptos, sino el moral que están heredando las nuevas generaciones, mediante la banalización de los delitos institucionales, la justicia podrida, la policía corrupta, la indiferencia y complicidad con el crimen organizado y otras graves enfermedades de un Estado camino a volverse éticamente fallido.

Llegamos, en fin, a la triste constatación de que los paladines del Estado resultaron ser sus verdaderos verdugos.

Al Capone y Jeanine Áñez

(El autor es ciudadano boliviano, por las dudas)

Es difícil entender las razones (y los presuntos crímenes) que han motivado al gobierno de Luis Arce a iniciar un juicio ordinario por “golpe” a la expresidenta Jeanine Añez, cuando todos los bolivianos hemos sido testigos del vacío de poder dejado alevosamente por los exgobernantes renunciantes, antes de abandonar el país. Ese “interregno” debía llenarse de la manera más urgente y legal posible y eso sucedió ante las renuncias en cadena de los llamados a suceder en el mando. Hubo acuerdos, con la venia de las exautoridades que seguían dando órdenes por teléfono a sus emisarias presentes en las reuniones de la Universidad Católica, acuerdos que, como de costumbre en Evo Morales, luego no se cumplen o se tergiversan. Personalmente, si me dan para escoger entre el testimonio de Mons. Scarpellini (QEPD), que facilitó esos encuentros junto a veedores internacionales, y el de las emisarias de Evo, no tengo dudas en quién confiar.

Pero, hoy tenemos un proceso en contra de una valiente mujer (que pudo abandonar país, pero no quiso hacerlo), a cargo de jueces observados hasta por su nombramiento, en medio de muchas irregularidades denunciadas por juristas independientes, mientras la justicia agoniza en su hora más vergonzosa.

Volviendo a las motivaciones del juicio de marras, la explicación más ocurrente apareció hace unos días en un tuit de un partidario del MAS, ni anónimo, ni lego en cuestiones jurídicas, que simplificaba y justificaba ese proceso haciendo una analogía con la condena del gánster Al Capone.

Como se sabe, al mandante de la masacre de San Valentín la justicia nunca pudo caerle por los múltiples crímenes de asesinatos, extorsiones y contrabando de licores, debido a la protección que le otorgaba el sistema político, policial y judicial de Chicago, hasta que fue procesado y encarcelado por un delito menor (evasión de impuestos).

Ahora bien -razona el tuit-, de la misma manera Jeanine Añez debería ser procesada mediante un juicio de responsabilidad por los funestos hechos de Sacaba y Senkata, pero, ante la renuencia de la oposición política a aprobar ese trámite si no se cambia antes a los magistrados observados, el gobierno de Arce ha escogido el camino de enjuiciarla en la vía ordinaria por un delito menor: “actos contrarios a la Constitución”.

Desde luego, el objetivo es encarcelar a la “gánster” Jeanine Áñez, y vengar, aunque sea con una condena menor, los crímenes que se impide juzgar, en lugar de sentenciar a los responsables de todas las muertes de esos días (investigando también a los dirigentes que aleccionaron a sus bases a lanzarse a una aventura foquista).

No me consta que esa sea la motivación oficial del gobierno de Luis Arce para ensañarse contra la expresidenta y los excomandantes de las Fuerzas Armadas; pero es innegable la distorsión del alcance del juicio abreviado, que es un instrumento jurídico creado para ahorrar tiempo y costas y no un medio de extorsión y tortura de Estado. Hasta se pueden oír cantos de sirenas: “si no quieren seguir sufriendo, ustedes y sus familias, declárense culpables y saldrán pronto de la cárcel. ¡Incluso podemos ofrecerles un cargo diplomático, si responsabilizan a otros procesados!”

La objeción principal que se me ocurre a la peregrina comparación Al Capone-Áñez es que hoy en Bolivia el sistema policiaco-fiscal-judicial está copado por la banda de Al Capone. Por tanto, no es Al Capone el que es juzgado en la persona de Áñez, sino es su camarilla la que, obedeciendo las órdenes y satisfaciendo los intereses personales de su “capo”, pretende juzgar y condenar a quien dio la cara para sacar al país del pozo en el cual quisieron hundirlo las ambiciones de unos cuantos enfermos de poder.

Publicado en Página Siete (y otros medios nacionales) el 19/2/2022

El desempeño de la nacionalización

Las veinte páginas de la “Información Financiera de los Contratos de Servicios Petroleros”, que la Gerencia de Administración Económica y Financiera de Contratos de YPFB ha dado a conocer al finalizar el año 2021, son una fuente valiosa de datos sobre el desempeño de la nacionalización de los hidrocarburos en el período de 14 años (mayo 2007-junio 2021) de vigencia los Contratos de Servicios Petroleros (CSP), firmados en abril de 2007.

Destaco la labor de esa Gerencia que revierte un largo pasado de opacidad en la información proporcionada por YPFB y aclaro que, por razones de espacio, me limitaré a analizar la respuesta que nos proporciona el documento de marras a algunas preguntas acerca del desempeño de la nacionalización: ¿Qué ingresos se han generado en ese período? ¿Cómo se ha repartido ese monto entre el Estado y las empresas? Al final, ¿ganó o perdió el país con la nacionalización?

Según el Informe, ingresaron 54 mil M$, casi 4 mil M$ por año, por ventas a los mercados externos e internos, los que se repartieron entre el Estado (renta petrolera) y las empresas (remuneración del contratista). Se presumía que la renta petrolera llegaría a 82% o que no pasaría de dos tercios (67%), pero el Informe muestra que, en promedio, el Estado se quedó con 74 de cada 100 dólares y las empresas con 26.

La remuneración de las petroleras (incluyendo a las ex capitalizadas Chaco y Andina) ascendió a 10.300 M$ por costos recuperables (gastos operativos y recuperación de inversiones, incluyendo las anteriores al 2007) y 8.400 M$ por participación en las utilidades.

Pues, al Estado no le ha ido mal con los CSP, pero tampoco les ha ido muy mal a las empresas, debido a que el objetivo de éstas para aceptar migrar a los CSP era recuperar las inversiones realizadas y aquellas necesarias para seguir produciendo en los campos anteriormente descubiertos, además de quedarse con una buena tajada de las ganancias, sin asumir compromisos de reinvertir en operaciones de riesgo (exploración). Control de daños, le dicen.

Volviendo al Estado, y considerando que existen ingresos, como patentes e impuestos, adicionales a regalías e IDH, su participación sobre el ingreso “operacional” (el total generado menos los gastos de operación) llega al 95%, sin duda uno de los porcentajes más elevados del planeta.

Ahora bien, una conclusión apresurada induciría a pensar que la nacionalización fue un “gran negocio” para el Estado, cuando la realidad es más compleja, por las razones que paso a exponer.

Para empezar, excepto por 6.400 M$ fruto de la participación de YPFB en las utilidades, los demás ingresos del TGN son resultado de la Ley de Hidrocarburos 3058, anterior a la nacionalización.

Luego, el capital privado invertido en la explotación de hidrocarburos procedió del flujo de caja (y no de inversiones frescas), no corrió ningún riesgo exploratorio y se transfirió al exterior al estilo de la más clásica explotación de los recursos naturales. De hecho, ese era el objetivo de los CSP.

Adicionalmente, los porcentajes mencionados de la participación del Estado representan una barrera infranqueable para atraer nuevas inversiones, lo que explica la caída estrepitosa de la producción y de las reservas de los agotados “mega campos” y la consiguiente sangría de divisas por la importación de combustibles que no producimos.

Y, finalmente, la acelerada monetización de las reservas (con sobrexplotación de los pozos incluida) interpela acerca de la justicia generacional, considerando que el resultado de esa inusual bonanza ha sido decepcionante para el desarrollo del país que estamos dejando a las nuevas generaciones.

En resumen, con la nacionalización ganó el gobierno, ganaron las petroleras, pero perdió el país.

Publicado en Página Siete (y otros medios nacionales) el 8/1/2022.

Responsabilidad compartida y diferenciada

Ante un accidente de tránsito, un desastre ambiental o un hecho criminal es natural preguntarse: ¿Quién es el responsable? ¿De quién es la culpa? 

Normalmente la asignación de la culpabilidad corresponde a una investigación objetiva, en la ciencia como en la vida social y, usualmente, la responsabilidad no es de una sola parte, incluso en situaciones límites. En mi larga vida de conductor de automotores en Bolivia, me tocó vivir una experiencia insólita: el Transito me asignó un porcentaje de responsabilidad cuando mi automóvil fue chocado estando adecuadamente estacionado en la calle.

De modo que la responsabilidad suele ser “compartida” entre todos los involucrados y no atribuible a una sola parte, a un solo individuo o a un solo gobierno.

Por ejemplo, el cambio climático, consecuencia del calentamiento global, es responsabilidad de todos en la medida en que todos contribuyen a contaminar la atmósfera, deforestar la tierra y quemar energías fósiles.

En el caso de conflictos sociales con pérdida de vidas humanas, siempre existe una responsabilidad compartida, entre los que se exceden en el uso de la fuerza pública y los que se exceden en el riesgo de tener bajas en sus filas en un escenario incontrolable. Los viejos dirigentes sindicales sabían hasta dónde podían “estirar la soga” sin comprometer la incolumidad de sus compañeros, porque valoraban la vida más que el cálculo de especular con las víctimas. Pienso en la actitud prudente y responsable de la COB en 1986 durante la Marcha de la Vida.

Asimismo, cuando un gobierno reclama por la “responsabilidad” de los medios de comunicación, para que ese llamamiento no parezca hipócrita e interesado, debería empezar por dar el ejemplo en casa, ya que los medios estatales y paraestatales suelen ser los menos responsables en el manejo de las noticias. 

El otro atributo fundamental de la responsabilidad es que es “diferenciada”: todos contribuyen a una eventualidad, pero no todos en el mismo grado.

En el caso mencionado del cambio climático, los países que más consumen energía y combustibles fósiles (China, EE. UU. y Europa) tienen una mayor responsabilidad en los efectos del cambio climático, pues éstos suelen ser más destructivos en los países de mayor vulnerabilidad ambiental y económica. Por eso su contribución a la mitigación y reparación de los daños ambientales debe ser mayor. Y lo propio podría decirse acerca del incremento de los cultivos de coca en Bolivia.

También en el caso de los conflictos sociales y políticos, como los de noviembre de 2019, la responsabilidad, además de compartida, es diferenciada. Los que desconocieron la voluntad popular, los que contaminaron dolosamente el escrutinio electoral, los que diseñaron un plan macabro de renuncias colectivas para sumir al país en el caos, por intereses personales y sectarios, ellos son los mayores responsables de esos hechos luctuosos. Sin embargo, manipulando la justicia a su antojo, andan libres e incluso pontifican acerca de responsabilidades ajenas.

Asimismo, la responsabilidad de un medio estatal, financiado por todos los bolivianos, cuando deja de ser equilibrado y verdadero en la información, es mayor de la de un medio privado que suele responder a intereses de sus dueños, reales o palos blancos. De hecho, puede suceder que las burdas tergiversaciones de los medios oficialistas provoquen en la prensa independiente una reacción en contra de esas distorsiones, a costa de un acercamiento equilibrado a la verdad.

En fin, en una sociedad contagiada por el virus del odio y el fanatismo como la nuestra, antes de buscar perdón y reconciliación, ¿no deberíamos empezar por reconocer nuestra parte, común y diferenciada, de responsabilidad?

Publicado en Página Siete el 25/8/2021

Una buena dosis de sofrosine

No, estimado lector, la sofrosine no es un remedio, tampoco una vacuna. En la mitología griega, Sofrosine fue uno de los espíritus que escaparon de la caja de Pandora cuando ésta la abrió. Entonces Sofrosine huyó hasta el Olimpo, abandonando para siempre a la humanidad en poder de Hybris.

En la literatura griega antigua la sofrosine es la virtud ideal de un individuo bien equilibrado, y que, por eso, manifiesta otras cualidades, como la templanza, la moderación, la prudencia y la autoestima. Todo lo contrario del descontrol, la arrogancia y la ira (hybris). Los romanos le decían “sobrietas”.

Se sabe que la interpretación metafórica de la mitología alumbra diferentes campos del conocimiento humano.

Un concepto equivalente a la sofrosine ha permitido desarrollar la física clásica desde Newton, mediante la descripción de los fenómenos mediante una sucesión de estados de equilibrio. De hecho, un sistema, sujeto a fuerzas moderadas, suele alcanzar un estado de equilibrio estable.   Un ejemplo puede ayudar a entender la anterior analogía. La famosa capa de ozono se forma a una altura entre 20 y 40 km de la atmósfera porque más arriba hay mucha radiación UV y poco oxígeno, elementos indispensables para formar el ozono, y más debajo de 20 km hay poca UV y mucho oxígeno.  Asimismo, en las clases de física mis alumnos se volvían especialmente participativos cuando preguntaba: “¿por qué los aviones comerciales suelen volar a una altura de unos diez kilómetros?”. La respuesta está otra vez en el equilibrio entre la eficiencia energética por volar a más altura (a menor densidad del aire, menor consumo de combustible) y la resistencia estructural de la nave, cuyo costo y peso se incrementan con la altura.  Consideraciones similares valen también para otras disciplinas científicas, como la ley biológica del equilibrio (dinámico) entre predadores y presas.

Lo sorprendente es que las anteriores observaciones pueden aplicarse hasta a la política. Por ejemplo, incluso el manoseo de la justicia debe hacerse con sofrosine, algo que el actual gobierno no acaba de entender. Una presión moderada sobre fiscales y jueces puede tal vez ayudar a acelerar el desenlace de unos casos ejemplares, pero un abuso descarado del sistema judicial se vuelve un bumerán para la credibilidad democrática del gobierno. Es exactamente lo que está sucediendo con el apresamiento abusivo de la expresidenta Jeanine Añez, donde la hybris parece sobreponerse a la sofrosine. Por cierto, el informe del GIEI es una muestra de sofrosine y la conducta de Luis Arce lo es de la hybris.

El insigne filólogo Bruno Snell (“El descubrimiento del espíritu”, 1946) sostiene que la hybris es el primer enemigo de la democracia, en tanto fuerza contraria al equilibrio al que deben aspirar el individuo y la sociedad en el desenvolvimiento de sus acciones. Snell tenía como referencia al nazismo; 75 años después nuestros referentes son otros, interna e internacionalmente.

En verdad, el actual momento político requiere una buena dosis de sofrosine y una purga de hybris, no solo en el gobierno, que es quien más las necesita, sino también en las oposiciones, aún en busca de la justa mesura entre lo relevante y lo accidental de su fiscalización. En efecto, una oposición desmesurada consigue cohesionar las diferentes corrientes del partido de gobierno, mientras una oposición razonable logra poner en evidencia las contradicciones de esa coalición corporativa.

En fin, ¡qué hermoso sería si, desde este mes de la Patria, el espíritu sometiera los instintos y frenara las pasiones, y nos tratáramos como personas, diferentes en muchos aspectos, y no como enemigos; en resumen, si la sofrosine dominara sobre la hybris.

Publicado en Página Siete (y otros medios nacionales) el 21/08/2021