Antes de lanzarse a la piscina de la EDL

Publicado en Página Siete (digital) y otros medios nacionales el 27/5/2023

En medio de un injustificado secretismo, el gobierno ha avalado un convenio entre el consorcio chino CBC y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Ese secretismo puede ser atribuido a una falta de transparencia en los negocios del Estado o, peor aún, a una carencia de comprensión cabal de la tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL). Sólo se ha informado al “dueño” de los recursos minerales que CBC, con una inversión de 1.000 M$, producirá unas 50 mil Ton/año de carbonato de litio (desde 2025), extrayendo el litio de salmueras de los dos principales salares (Uyuni y Coipasa),

La EDL busca revertir, en tiempo, eficiencia y éxito, el fiasco de 800 M$ despilfarrados sin lograr obtener un gramo de carbonato de litio “calidad batería”, mediante la evaporación solar. La EDL, en términos simples, es un proceso mediante el cual se introduce el “chancho” (las sales húmedas) y se obtiene los “chorizos” (carbonato de litio) listos para la venta. Sin embargo, como en el ejemplo, hay que criar el chancho antes del proceso y comercializar los chorizos después; o sea, para cuantificar costos y beneficios, debe analizarse el proceso integral.

Un reciente artículo publicado en Nature Reviews Enviromental impact of direct lithium extraction from brines, de María L. Vera y otros investigadores argentinos, revisa más de 170 papers científicos relacionados con la extracción del litio y proporciona un excelente “estado del arte” del tema. A continuación, intentaré sintetizar cualitativamente esas 17 páginas, enfatizando algunas conclusiones generales para luego aplicar los resultados al caso boliviano.

La tecnología EDL comprende seis métodos, cinco químicos y uno físico, que comparten características generales como: 1) solo un 30% de las pruebas han sido realizadas con salmueras reales y ninguna a escala industrial; 2) los elevados requerimientos, en las varias etapas del proceso, de agua dulce, de productos químicos y de energía y el tratamiento de los residuos de las salmueras varían de un salar a otro, debido a los diferentes entornos climatológicos y a la distinta composición de las salmueras; 3) la EDL debe ser evaluada como un proceso integral, que va desde el bombeo de las salmueras a la comercialización de los productos refinados, pasando por el proceso de industrialización e incluyendo los impactos ambientales; 4) la EDL no se limita a la extracción de litio sino de otros compuestos presentes en las salmueras (potasio, sodio, magnesio, boro).

En el caso específico de Uyuni, el artículo sugiere que, ANTES de emprender el proceso EDL, debido también a las conocidas desventajas que presenta ese salar en cuanto a composición e impurezas (altos porcentajes de magnesio): (a) se cuantifique los volúmenes requeridos de agua dulce y sus fuentes locales (número y ubicación de pozos); (b) se estime en todo el proceso, según el tipo de EDL, cantidad y fuentes de energía (¿solar y gas?); (c) se cuantifiquen los otros recursos minerales, con base en la certificación de las reservas; (d) se realice el monitoreo ambiental pre y post EDL, mediante series de tiempo largas y precisas de las variables climatológicas del sistema; (e) se tenga un plan de tratamiento de los residuos y se evalúe su impacto ambiental.

En suma, antes de lanzarse a la piscina, construyendo plantas, es necesario comprobar la sostenibilidad del proceso. Eso implica tomar datos y realizar test “in loco” y no sólo en laboratorio; tener un plan de negocio que permita, aplicando la economía circular, salir del mero extractivismo y, hecho no menor, distraernos menos con porcentajes de regalías, y abocarnos más a lograr una participación en los eslabones más lucrativos de la cadena del litio.

Ahora que tenemos… ¡bien lo gastaremos!

Publicado en Página Siete (digital) y otros medios el 13/05/2023

Gracias a la ley del oro, hasta la mitad de los lingotes del BCB puede ser canjeada por unos 1500 M$ que esperan ser gastados o invertidos. De ahí el título de esta columna, que parafrasea una popular canción del gran Papirri.

Una pista la da el discurso, más carismático que sólido, de mitad de gestión del presidente Luis Arce: proveer de billetes verdes al BCB para capear la actual efervescencia cambiaria. O sea, se fortalecerá el tipo de cambio fijo y habrá divisas (¿suficientes?) para importar insumos, medicamentos y bienes de capitales, con el fin de que la economía no se detenga.

Sin embargo, se sabe que todo ese oro monetizado no será suficiente para la transfusión que necesita el TGN por la hemorragia del subsidio a los combustibles sólo para el presente año 2023. De modo que, hasta diciembre, se habrá esfumado la mitad de las reservas de oro sólo para seguir importando caro diésel y gasolina y venderlos barato.

Nadie, en sus cabales, dudaría un instante en cortar de raíz la fuente de ese entuerto financiero, si no fuera por las consecuencias políticas y sociales de un “gasolinazo”. Se supone que “el pueblo” no aguantaría un incremento del precio del pan y del transporte y tampoco el desengaño del “modelo”. Por ende, se volcaría a las calles, poniendo en riesgo la sobrevivencia del gobierno.

Sin embargo, ¿es realmente así? Que yo recuerde, ningún gobierno ha caído por un gasolinazo. Los últimos dos, el del 2004 y del 2010, provocaron rechazo, como no podía ser diversamente, pero el primero pasó a ser acatado gracias a la labor pedagógica y mediática del entonces presidente, mientras el segundo fue raudamente anulado a las pocas horas, ante el miedo a la furia de la gente, particularmente de El Alto, sin que se lograra revertir el súbito incremento de precios. Una vez más, ¡la política zarandeando a la economía!

Pues, si se acepta que el miedo de un gobierno a sus electores no justifica eludir responsabilidades, queda el “coco” de una hiperinflación al estilo UDP. De hecho, la baja inflación de los últimos años es el caballo de batalla del “modelo”, aunque ese caballo devore miles de millones de dólares en subsidios perversos, de manera que un incremento sustantivo de la inflación revelaría las limitaciones teóricas y prácticas de sus ideólogos.

En mi opinión, el fantasma de la inflación no es real si se considera los cambios en el consumo de la energía ocurridos desde el 2010 a la fecha. Por ejemplo, hoy casi todos los hornos panaderos funcionan con gas natural, lo mismo que la mayoría del parque automotor del servicio público. Consecuentemente, la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina incidiría mínimamente en el costo del pan y del transporte, los dos ítems básicos que suelen disparar la inflación e impactar en las clases populares. En todo caso, los eventuales incrementos en el costo de vida deben ser compensados salarialmente.

En consecuencia, el ajuste a los combustibles líquidos no debería aplicarse a las tarifas del gas natural ni de la electricidad. Si bien es cierto que estamos viviendo el fin del ciclo del gas -y no van a ser pozos como el YOP X-1 quienes lo reviertan- no es menos cierto que tenemos aún suficiente gas para el mercado interno en condición de respaldar la medida sugerida.

Posteriormente, una vez estabilizado el costo de los combustibles líquidos mediante bandas de precios, se puede ir ajustando gradualmente las tarifas del gas en el mercado interno hasta nivelarlo a las otras fuentes renovables (hidro, solar y eólica).

No obstante, me temo que el gobierno seguirá priorizando la política (sostener el “modelo” y llegar sin sobresaltos al 2025), en desmedro de la economía y del futuro del país.

La madre de todos los desbarajustes

Publicado en Página Siete (edición digital del sábado) y otros medios nacionales el 29/04/2023

El exorbitante subsidio al consumo de la energía -más que la falta de dólares- es, en la actual coyuntura, la madre de todos los trastornos de la economía boliviana.

No niego que, circunstancial y temporalmente, los subsidios son un gran amortiguador social, un freno a la inflación y un estimulante del consumo, sin embargo, en la situación actual de la economía boliviana, los efectos perversos de mantener vigente el subsidio ciego y descontrolado a la energía son tan impactantes como los efectos virtuosos de quitarlo.

Las consecuencias de mantener el subsidio son conocidas. En primer lugar la erosión de las reservas monetarias: 1700 M$ se han evaporado el año 2022; un monto que se acerca a toda la renta gasífera y que, además, sigue creciendo. Es la insostenibilidad que no se revertirá ni con todo el oro amazónico.

Otra consecuencia es el contrabando, a diferente escala, debido a la tentadora brecha de precios con los países limítrofes. Ni qué decir de la desviación del diésel a actividades ilegales e ilícitas: ¡Una empresa pública subsidiando al crimen!

A causa del subsidio no se cobran impuestos como el IEHD a los combustibles importados; se estimula un consumo irracional de la gasolina; se imposibilitan nuevas inversiones en exploración de hidrocarburos, especialmente petróleo, y se pone en entredicho la continuidad de los bonos sociales comprometidos con la descapitalización de las empresas públicas.

Además, el subsidio distorsiona el costo de la electricidad generada con fuentes renovables; desvía hacia nichos del mercado interno volúmenes de gas que bien podrían exportarse, aportando más divisas al país y a las regiones, y mantiene el tipo de cambio del dólar bajo presión.

Sobre todo, la vigencia del subsidio posterga la necesaria y urgente Transición Energética, que es la respuesta estructural al fin del ciclo energético del gas.

Sin llegar a “udepezar” la economía, si se quitara el subsidio, en la forma, tiempos y compensaciones que el gobierno vea conveniente con el fin de minimizar el impacto en la inflación, los efectos virtuosos saltarían pronto a la vista, empezando por el ahorro de divisas y el sinceramiento del costo de la energía, un estimulador del ahorro y de la competencia entre diferentes fuentes de generación de la electricidad. Hasta los polémicos biocombustibles encontrarían su cabal lugar, sin subsidios y con transparencia.

Si la economía sigue creciendo, gracias al aporte de nuevos ciclos productivos (litio, oro, tierras raras, agroindustria), hará falta un nuevo ciclo energético para alimentarla. De hecho, con precios racionales de los combustibles (y cambios normativos que todos reclaman), se reactivaría la exploración de los hidrocarburos que aún quedan en el subsuelo.

Costos reales de la electricidad permitirían incrementar los volúmenes de exportación de gas e impulsar el desarrollo de “granjas energéticas” por doquier, principalmente solares y eco-hidroeléctricas.

Lo interesante es que, a diferencia del sector de los hidrocarburos, en el sector eléctrico la iniciativa privada, mixta e institucional puede suplir las limitaciones del Estado en cuanto a inversiones en generación, transporte e infraestructura, acudiendo al ahorro de los ciudadanos y a fondos verdes disponibles internacionalmente. Pensando sólo en la electromovilidad, es indudable que hace falta una gran alianza público-privada para desarrollar exitosamente esta nueva economía.

Finalmente, la eliminación del subsidio a la energía obligaría a plantear respuestas regionales a la seguridad energética, debido a las conocidas asimetrías que existen entre regiones en cuanto a fuentes de energía, y a planificar las inversiones necesarias para ese fin.