Capitalismo salvaje (de Estado)

Publicado en Página Siete (digital) y otros medios nacionales el 18/2/2023

Desde mi juventud he sentido una repulsión innata por el capitalismo “salvaje”, el que explota al hombre, le roba su salario, le niega sus derechos, le quita hasta la dignidad, corrompe a jueces y policías y desprecia la meritocracia en favor de los vínculos familiares o clientelares.

Con base en la doctrina social de la Iglesia, leída con ese filtro, y en textos insidiosos y asimilados acríticamente, como “Las venas abiertas de América Latina”, era natural inclinarse por sistemas políticos donde el Estado, y no el capital privado, es llamado a administrar la riqueza nacional en función del bien común. Y, sin embargo, ya un compañero de universidad me había advertido sobre la utopía del socialismo diciendo: “el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, mientras que el socialismo es lo contrario”.

Por cierto, las utopías se basan en falsos presupuestos; el principal es que los administradores, escogidos por los partidos ganadores de elecciones democráticas, sean competentes y comprometidos con el país. En la realidad, muchos tienen bien ganada la fama de mediocres y ladrones. Ricardo Lombardi, un viejo socialista italiano, afirmaba que en los años ’90 había más socialistas en la cárcel (por corruptos) que durante el régimen fascista (por opositores).

Las características del capitalismo salvaje se manifiestan incluso en gobiernos dizque “socialistas” por convertir a los servidores públicos en pongos, debido al trato autoritario y prepotente; por quitarles parte de su salario en favor del partido; por premiar lealtades y castigar críticas; por obligarlos a participar en manifestaciones partidarias a sus expensas, arriesgando su incolumidad, y a encubrir actos de corrupción. Se trata de un “capitalismo de Estado salvaje” que actúa con hipocresía, encubre su ineficiencia mediante monopolios y subvenciones y desprestigia a los genuinos regímenes socialistas y democráticos.

Por eso no sorprende que muchos gobiernos de sistemas capitalistas de Estado sean tildados de corruptos. Esto se debe a la educación (falta de valores para resistir las tentaciones), a la costumbre (todos lo hacen), a la obligación (por orden de arriba o del partido), al desprecio de la meritocracia en la función pública (la “universidad de la calle”). El efímero paso por un cargo público suele verse como una oportunidad para incrementar el patrimonio personal más que un servicio. Un famoso intelectual, invitado a inscribirse en uno de esos partidos, respondió: “¡No, gracias; soy rico de familia!”

En contrapartida hay que decir también que el Estado es ingrato con sus servidores, especialmente cuando éstos son perseguidos por la “justicia” una vez que dejan sus cargos. Por más honesto y aplicado que uno haya sido en su paso por la función pública, no es raro ser acusado como mínimo de “incumplimiento de deberes”. ¿Dejar los baños sin papel higiénico o eludir una interpelación congresal pueden imputarse como incumplimiento de deberes? Lamentablemente, la venganza y el escarnio prevalecen en los cambios de gobierno, sobre la gratitud y el reconocimiento público, sin que el exfuncionario tenga un sindicato o un “defensor del empleado público” que lo ampare.

En fin, me pregunto si el capitalismo de Estado del actual gobierno califica para la categoría de salvaje. Lo haría si discriminara a sus funcionarios con respecto a los de la empresa privada; si desconociera la estabilidad laboral y los beneficios sociales; si corrompiera a jueces y policías; si despreciara la meritocracia para llenar los cargos públicos; si censurara la corrupción solo cuando algunos de ellos se hacen “pillar”; si utilizara a los servidores públicos como pongos de su partido.

¿Lo hace?

La hora del “bipartisanismo”

Publicado en Página Siete (digital) y otros medios nacionales el sábado 4/02/2023

En ocasión de la partida del “Tata” Xavier Albó, moros y cristianos han tejido loas a la figura del ilustre jesuita. Y no era para menos, en vista de la huella que el antropólogo catalán ha dejado en la cultura, la Iglesia y la política bolivianas.

Sin embargo, las razones de esos homenajes difieren. Los opositores solo alaban a Albó por su valiente reproche a Evo y Álvaro cuando éstos pisotearon la voluntad del pueblo para entornillarse en el poder. Desde su orilla, los oficialistas admiran al P’ajla por su aporte a la construcción del Estado Plurinacional que el MAS, cual “anti-Midas” criollo, ha convertido en fuente de división y racismo al revés. Pocos, como Pedro Portugal, han criticado, con respeto, sus ideas sociológicas. En suma, el reconocimiento al Tata fue unánime, aunque por diferentes motivaciones.

Veo en eso un ejemplo del “bipartisanismo”, que es la convergencia de fuerzas partidarias opuestas en torno a objetivos comunes en beneficio del país.

En medio de la polarización suicida de la sociedad boliviana, me atrevo, constructivamente, a sugerir un camino bipartisan con miras a aprobar “políticas de Estado”. La “conversión” de la estrategia del enfrentamiento violento al bipartisanismo es una urgencia ante la gravedad de la crisis económica, judicial y moral que golpea al país.

Tomamos la justicia, lo peor de Bolivia para el mundo. No he escuchado a nadie oponerse abiertamente a una reforma estructural de la justicia; no solo de la modalidad de elección, sino de la selección meritocrática y ética de magistrados y jueces. Urge una revolución en la Fiscalía y en las facultades de Derecho (numerosas y mediocres en demasía).

La iniciativa de los juristas independientes merece el apoyo bipartisan, en lugar de las trabas que le ponen las instituciones del Estado. Ese referéndum podría incluso volverse superfluo si existiera la voluntad de llegar a consensos a partir de sus propuestas, sin volver al intolerable cuoteo.

En el campo económico, es evidente que el modelo vigente desde hace 18 años se hunde a falta de rentas excepcionales como las que proporcionó el gas. Las improrrogables medidas de ajuste demandan un acuerdo bipartisan, antes que ambiguos convenios chinos.

Del mismo modo, la imperiosa transición energética implica un horizonte de décadas y, por tanto, consensos que la blinden ante cambios de gobierno. Y lo propio podría decirse de la explotación del litio, para que Bolivia vuelva a ser un país que no espera condenas de tribunales internacionales para cumplir con sus compromisos.

Ahora bien, un camino bipartisan requiere de premisas mínimas aceptadas con honestidad por todas las partes. Entre ellas, la primacía de la Constitución y del sentido común sobre la ideología.

La ausencia de ambas condiciones salta a la vista en el caso de la infame sentencia constitucional 084/17, mediante la cual el TCP avaló que se violase la CPE con base en una interpretación peregrina de una norma supranacional, sin consultar previamente a los intérpretes autorizados. De hecho, aunque tardíamente, la Corte Interamericana de Justicia ha desautorizado esa sentencia; que, sin embargo, contra toda lógica, no ha sido expulsada de nuestro ordenamiento jurídico.

Un acuerdo bipartisan puede viabilizar juicios de responsabilidades justos y transparentes, que incluyan a TODOS los actores de los sucesos del interregno del año 2019, incluso a los que lanzaron la piedra y escondieron la mano en México.

En fin, con la CPE en la mano, la lógica en la mente y el bien común como meta, muchos trances actuales pueden encaminarse con el concurso de todos. Ese sería el mejor homenaje a una personalidad libre y esencialmente bipartisan como fue Xavier Albó.